Corte de Apelaciones acoge reclamo de ilegalidad municipal contra decreto de inhabilidad de servicio Automac en McDonald’s de La Florida
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo de ilegalidad municipal presentado por la Administradora de Franquicias Amaus SpA, operadora del local McDonald’s ubicado en Santa Amalia N° 1763, comuna de La Florida, contra los decretos exentos N° 2018 y N° 3437, ambos dictados por el alcalde Rodolfo Carter Fernández. La decisión del tribunal deja sin efecto la declaración de inhabilidad que pesaba sobre el servicio de comida al paso, conocido como Automac, y ordena su reapertura total.
El conflicto se originó el 22 de marzo de 2024, cuando el municipio, a través del Decreto Exento N° 2018, declaró inhábiles las obras destinadas al funcionamiento del servicio móvil de comidas del local, argumentando que el permiso de edificación y la recepción definitiva solo autorizaban un restaurante con consumo al interior del recinto, no un servicio de atención directa a vehículos en marcha. La municipalidad sostuvo que el anillo circulatorio y las ventanillas de pago y retiro de comida fueron construidos sin la debida autorización, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el artículo 1.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
En su reclamo, la parte actora argumentó que el local opera bajo el mismo esquema desde 1998, contando con un Permiso de Edificación N° 153/98, modificado posteriormente, y una Recepción Definitiva N° 11-2000 que habilitó el funcionamiento del Automac, el cual fue graficado en planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Agregó que en 2020 y 2022 se solicitaron y otorgaron nuevos permisos de edificación y recepción final, todos los cuales incorporaron el anillo de circulación y las ventanillas del servicio al paso. Asimismo, destacó que el Estudio de Impacto en el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) elaborado en 1998 consideró el flujo vehicular asociado al Automac, siendo aprobado por la SEREMI Metropolitana de Transporte y Telecomunicaciones.
La recurrida, por su parte, sostuvo que la DOM fiscalizó el local en virtud del artículo 142 de la LGUC, constatando que el establecimiento funcionaba como restaurante móvil de comidas sin permiso para ese destino específico. Afirmó que el permiso otorgado en 2022 solo autorizaba un restaurante con consumo al interior, por lo que el servicio al paso constituía una disconformidad que debía ser regularizada mediante un nuevo permiso y un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), en concordancia con la Ley N° 20.958.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
La Fiscal Judicial de la Quinta Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena Carrillo, informó favorablemente el reclamo, siendo acogido por la sala. La Corte consideró que los actos administrativos impugnados carecían de la motivación suficiente y se fundaban en una interpretación errónea de la normativa urbanística. El tribunal destacó que el anillo de circulación, al no ser una edificación ni una obra de urbanización en los términos del artículo 116 de la LGUC y el artículo 1.1.2 de la OGUC, no requiere permiso de la DOM, por lo que la inhabilidad decretada era improcedente. Asimismo, se valoró que el EISTU original ya consideraba el flujo vehicular del Automac, desvirtuando el argumento municipal sobre la necesidad de una nueva evaluación.
FALTA DE MOTIVACIÓN Y VIOLACIÓN DE LA LEY
La sentencia subrayó que el Decreto Exento N° 2018 se basó únicamente en una visita inspectiva realizada el 12 de marzo de 2024, sin considerar el extenso historial de autorizaciones administrativas que respaldaban el funcionamiento del Automac desde 1998. La Corte concluyó que la municipalidad actuó en contra de sus propios actos, al otorgar sucesivos permisos y recepciones que incorporaban el anillo circulatorio, para luego declararlo inhábil. Ello vulneró el principio de confianza legítima, reconocido en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República y en el artículo 19 N° 26 sobre seguridad jurídica.
Además, el tribunal estimó que la inhabilidad se aplicó a un servicio —el Automac— que no constituye una obra en sentido legal, sino una modalidad de atención al público, lo que violentó el artículo 145 de la LGUC, que permite la inhabilidad solo respecto de edificaciones que representen un peligro para los ocupantes o la población. En este caso, no se acreditó peligro alguno, y el local contaba con recepción definitiva vigente.
IMPACTO DE LA DECISIÓN
La acogida del reclamo implica que ambos decretos quedan sin efecto, debiendo el municipio restablecer el funcionamiento pleno del Automac. La actora había señalado que el servicio estuvo clausurado por 62 días, desde la notificación del primer decreto hasta la suspensión de la medida el 23 de mayo de 2024, lo que generó perjuicios económicos. La Corte no se pronunció sobre los daños en esta instancia, pero dejó abierta la posibilidad de reclamarlos en sede judicial. La decisión sienta un criterio jurisprudencial relevante sobre los límites de la potestad municipal para declarar inhabitabilidades basadas en supuestos cambios de destino, especialmente cuando existen autorizaciones administrativas que datan de décadas anteriores.
Rol N° 2350-2024, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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