CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA PRINCIPIOS GLOBALES PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUECES CON FOCO EN INDEPENDENCIA Y MÉRITO
La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha presentado ante el 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos un informe que establece quince principios destinados a garantizar que la selección y el nombramiento de jueces refuercen la independencia y la imparcialidad del poder judicial, en un contexto global de debilitamiento del estado de derecho. El documento, catalogado bajo la referencia A/HRC/62/43 y distribuido el 14 de abril de 2026, responde a una clara tendencia al declive democrático y a la autocratización que ha afectado a países de todas las regiones, donde los sistemas judiciales han sido mermados por intentos de control político.
El informe advierte que los procesos de nombramiento mal planteados hacen que los sistemas judiciales sean vulnerables a la politización. Cuando factores como la afiliación política, la lealtad a una ideología o las conexiones con élites económicas logran influir en los mecanismos de selección, se corre el riesgo de nombrar jueces que dicten sentencia de manera predecible en consonancia con intereses de actores poderosos, deteriorando la imagen del poder judicial ante la ciudadanía.
Los principios se organizan en tres esferas: requisitos institucionales previos, criterios de selección y garantías procesales, y se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, normas regionales y jurisprudencia, así como de orientaciones de órganos de expertos autorizados. No pretenden ser una legislación modelo ni un marco uniforme, sino garantías mínimas orientativas que deben adaptarse al contexto local y nacional mediante consultas participativas.
REQUISITOS PREVIOS: MARCO JURÍDICO Y ÓRGANOS IMPARCIALES
El primer principio exige que los sistemas de selección y nombramiento estén establecidos en disposiciones constitucionales o legislativas lo suficientemente precisas para limitar la discrecionalidad indebida y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Las normas deben determinar las autoridades competentes, los procedimientos aplicables y los criterios esenciales para el acceso a la función judicial.
El segundo principio establece que la selección de jueces debe realizarse de manera imparcial e inclusiva, garantizando que la entidad responsable pueda desempeñar sus funciones sin injerencias políticas. Se considera buena práctica encomendar estos procesos a un órgano independiente, como un consejo judicial, cuya composición, mandato y funcionamiento deben protegerlo de injerencias indebidas. El informe señala que la participación del poder ejecutivo o legislativo no es en sí misma incompatible con la independencia judicial, pero solo es admisible si no se traduce en injerencia indebida. Se advierte que los riesgos son más graves en cargos de liderazgo judicial, como la presidencia del tribunal supremo, donde un solo nombramiento puede redefinir prioridades institucionales.
El tercer principio aborda los nombramientos provisionales, interinos o temporales, los cuales deben ser excepcionales y de duración limitada, sujetos a las mismas garantías de independencia que los permanentes, para evitar que se conviertan en un medio de influencia ejecutiva.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: MÉRITO COMO RECTOR Y DIVERSIDAD
El cuarto principio consagra el mérito, entendido como integridad, formación y capacidad, como criterio rector fundamental, en el marco de sistemas generales concebidos para garantizar la diversidad. Los procesos deben basarse en criterios objetivos y preestablecidos, incorporar controles de integridad y promover la representatividad para que el poder judicial refleje a la sociedad a la que sirve.
El quinto principio exige evaluaciones de integridad previas al nombramiento, mientras que el sexto reitera la necesidad de criterios objetivos aplicados de manera imparcial. El séptimo principio aborda explícitamente la diversidad y representatividad, señalando que una judicatura inclusiva está mejor preparada para defender los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad. El octavo principio establece normas de imparcialidad tanto para la selección como para el nombramiento.
GARANTÍAS PROCESALES: TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN
La tercera esfera del informe detalla las garantías procesales. El principio noveno exige transparencia en las etapas clave del proceso. El décimo principio garantiza la igualdad de acceso a los cargos judiciales y la no discriminación. El undécimo principio regula las entrevistas y los métodos de evaluación, que deben ser estructurados y justos. El duodécimo principio exige que la adopción de decisiones sobre nombramientos sea motivada. El decimotercer principio establece la necesidad de plazos oportunos para la toma de posesión del cargo. El decimocuarto principio prevé mecanismos eficaces para impugnar irregularidades en los nombramientos, y el decimoquinto principio abre la puerta a una participación significativa de la sociedad civil en estos procesos.
El informe aclara que estos principios se han formulado para su aplicación en los sistemas judiciales de los Estados, pero también son aplicables a funcionarios administrativos o de otros tipos que ejerzan facultades decisorias en acusaciones penales o determinación de derechos y obligaciones. No tienen por objeto ofrecer orientación a los sistemas de justicia consuetudinarios o de los Pueblos Indígenas, respecto de los cuales se exige el respeto de su derecho a nombrar a sus propias autoridades judiciales conforme a sus instituciones y costumbres, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.
Rol A/HRC/62/43, 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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