La Contraloría General de la República ha instruido a la Municipalidad de Peñalolén que, para futuras modificaciones de su Plan Regulador Comunal, deberá ajustarse obligatoriamente a la nueva normativa de participación ciudadana incorporada por la ley N° 21.078. El pronunciamiento, emitido mediante el oficio N° OF138945N26, aclara el marco legal vigente y resuelve una consulta del municipio sobre la aplicación del antiguo dictamen N° 14.141, de 2013, a los nuevos procesos de planificación territorial.
La decisión de la Contraloría establece un criterio clave: el procedimiento de participación ciudadana específico creado por la ley N° 21.078 para modificar instrumentos de planificación territorial es el que deben seguir los organismos involucrados. Esto implica que la consulta de la «imagen objetivo» del desarrollo urbano y el proceso participativo regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) son exigencias que no pueden ser omitidas, sin perjuicio de la facultad del municipio para convocar a plebiscito comunal.
EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El dictamen recuerda que el artículo 99 de la ley N° 18.695 permite someter a plebiscito comunal la modificación del plan regulador. Sin embargo, el análisis se centra en las modificaciones introducidas por la ley N° 21.078, sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto de Valor por Ampliación del Límite Urbano, promulgada el 2 de febrero de 2018. Esta ley incorporó a la LGUC el artículo 28 octies, que regula la obligación de requerir la opinión de los vecinos afectados y de los principales actores del territorio respecto de la imagen objetivo del desarrollo urbano.
El proceso debe ser transparente y participativo y constituye un paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan. Además, el artículo 43 de la LGUC, también reformado, establece que el anteproyecto del Plan Regulador Comunal o sus modificaciones será diseñado por la municipalidad, iniciándose con la formulación y consulta de su imagen objetivo, y deberá contener un informe ambiental que se remitirá al Ministerio del Medio Ambiente. Solo después de ese trámite, ambos documentos se someten al proceso de participación ciudadana que la ley contempla.
ALCANCE DEL PLEBISCITO COMUNAL Y SUS LÍMITES
El pronunciamiento de la Contraloría reafirma el carácter vinculante del plebiscito establecido en el inciso tercero del artículo 101 de la ley N° 18.695, pero condiciona ese efecto a que vote más del 50% de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna. La autoridad municipal está obligada a respetar el resultado cuando se cumple ese quórum. En ese contexto, se retoma la doctrina del dictamen N° 14.141, de 2013, que sigue siendo aplicable en lo esencial: el municipio puede iniciar nuevas modificaciones a su plan regulador, pero no podrá incluir la propuesta que ya fue rechazada por los vecinos en un plebiscito anterior.
El oficio también menciona la restricción del inciso segundo del artículo 102 de la ley N° 18.695, que impide celebrar plebiscitos comunales sobre un mismo asunto más de una vez durante el respectivo período alcaldicio. No obstante, esta limitación no puede vulnerar las normas contenidas en la LGUC, lo que significa que la prohibición de repetir una consulta no exime al municipio de cumplir con los procesos de participación y consulta pública que exige la ley para modificar sus instrumentos de planificación.
CRITERIO PARA FUTURAS MODIFICACIONES
La conclusión del organismo contralor es que la normativa vigente ha consolidado un camino obligatorio para los municipios que buscan alterar sus planes reguladores. El procedimiento específico incorporado por la ley N° 21.078 es aquel al cual deben ajustarse los organismos involucrados. En la práctica, la Municipalidad de Peñalolén no puede iniciar la elaboración de un anteproyecto sin haber realizado previamente la consulta de la imagen objetivo a la comunidad. Este paso no es un mero trámite, sino un requisito de legalidad del proceso.
Los cambios normativos implican que las herramientas de participación ya no se limitan a la consulta plebiscitaria. La obligación de consultar a los vecinos y actores del territorio en la fase inicial de planificación agrega una capa participativa que debe convivir con las facultades del alcalde y el concejo para convocar a plebiscito. La respuesta de la Contraloría resuelve así la duda planteada por el municipio sobre la vigencia del dictamen de 2013: su criterio se aplica, pero subordinado a las nuevas reglas de la LGUC.
Rol OF138945N26, Contraloría General de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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