Registro de bandas criminales de Kast abre debate parlamentario sobre atribuciones del Senado y tribunales
El gobierno de José Antonio Kast dio paso a una segunda etapa de su política de seguridad con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada el pasado miércoles. La iniciativa ha generado reacciones dentro del Congreso, especialmente por la reforma constitucional que busca crear un registro de bandas criminales elaborado por el Ejecutivo con control del Senado.
La nueva fase, que encabezará el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano), contempla 19 proyectos de ley en tramitación, otros nueve proyectos y una reforma constitucional que ya está en tramitación, cuyo foco será la seguridad pública y que pretende ser despachada antes de Navidad.
El punto más cuestionado es la norma que establece que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado. La propuesta fue puesta en duda por miembros de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
El senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, sostuvo que «si entrar a este registro puede significar, por ejemplo, incautación de bienes, afectación de derechos, incluso consecuencias penales, entonces estamos hablando no de una simple lista».
Bianchi agregó: «Tengo una duda de fondo, ¿corresponde que el Ejecutivo decida quién entra y que el Senado termina siendo tribunal? A mi juicio, el Senado no está para reemplazar a los jueces. Quiero conocer el texto primero, porque debemos ser implacables contra el crimen organizado, pero también rigurosos en cómo vamos a construir estas herramientas».
El senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la comisión de Seguridad, advirtió que hay que tener «cuidado» de dejar el asunto en «control político y no judicial, que es lo que corresponde, que sean los tribunales los que digan cuáles son las bandas de crimen organizado».
Castro también señaló que «aquí se busca algún modo extremar posiciones y convertir una batalla que hoy día no se da en las calles en una batalla ideológica». Añadió que «los anuncios son confusos y creo que esto va a haber que revisarlo muy bien porque además requiere 4/7, y eso es un quórum muy alto y va a necesitar acuerdos con la oposición».
El senador Pedro Araya (PPD) manifestó que esperarán el proyecto completo para fijar «una posición definitiva». Sin embargo, señaló que «varias de las medidas ya están contempladas en la Constitución o en la ley, y otras no son más que ideas que ya impulsaron gobiernos anteriores».
Araya indicó que respaldarán iniciativas que «golpeen al crimen organizado», pero advirtió que no apoyarán «soluciones improvisadas o fórmulas que pasen por encima de la Constitución y de las atribuciones de los tribunales de justicia, porque eso termina siendo una mala solución, que al final de cuentas debilita al Estado».
En contraste, el senador Cristián Vial (Ind-Rep) defendió la propuesta y sostuvo que la modificación tendría un carácter preventivo e investigativo. «Yo creo que es útil para la calificación institucional previa de determinadas organizaciones, una labor preventiva utilizable en investigaciones y en procesos penales también», afirmó.
Vial agregó que el registro no reemplazaría el trabajo de los tribunales ni del Ministerio Público. «Este registro, me imagino yo, no habilita la condena automática, porque la ley deberá definir órgano competente, el estándar, el procedimiento, los efectos, la vigencia y la impugnación. Pero yo creo que fundamentalmente es preventiva investigativa. Esa es la orientación que se le da a esta modificación».
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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