Un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, un independiente de Renovación Nacional y un diputado del Partido De la Gente presentó un proyecto para suspender por cinco años la ley Karin, la norma vigente desde agosto de 2024 que previene, investiga y sanciona el acoso y la violencia laboral. La iniciativa se da en un contexto en el que, tras la tramitación de la megarreforma, en la derecha se ha abierto espacio a avanzar en otras materias.
Los autores son los diputados Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario; Diego Vergara, del Partido Republicano; y Daniel Valenzuela, independiente de la bancada de Renovación Nacional. Aunque su firma no fue incluida por un problema digital, el diputado Patricio Briones, del Partido De la Gente, también respalda la iniciativa.
LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
Los parlamentarios argumentan que la ley Karin ha generado una saturación del sistema de denuncias laborales, fenómeno que afecta principalmente a las víctimas. Según el proyecto, la norma respondió a una necesidad social real y permitió que numerosos trabajadores denunciaran situaciones antes silenciadas, pero la magnitud de esa respuesta excedió con creces la capacidad de procesamiento de los órganos competentes: «a diciembre de 2025 las denuncias presentadas superaban las 66 mil, manteniéndose de manera sostenida en torno a las 22 mil por semestre, a un ritmo cercano a las cien denuncias diarias».
Los diputados adherentes argumentan que, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias: un 42% fue preclasificado como materia propia de la ley Karin, un 40% correspondió a otras materias y un 18% permanecía pendiente de clasificación.
CUESTIONAMIENTOS A LA IMPLEMENTACIÓN
El texto sostiene que la eliminación del requisito de reiteración rebajó el umbral para configurar acoso laboral, y que conceptos como violencia en el trabajo favorecieron una interpretación expansiva. Además, el procedimiento no contempló una etapa de admisibilidad para filtrar denuncias, y el plazo de treinta días para concluir las investigaciones se incumple de manera sistemática, con demoras de entre seis y nueve meses, especialmente en la Región Metropolitana.
LA PROPUESTA
Los diputados proponen una suspensión transitoria de los efectos de la ley por cinco años, con el objetivo de evaluar su impacto real y rediseñar la normativa, restableciendo un umbral adecuado de configuración del acoso, precisando conceptos, incorporando una etapa de admisibilidad y estableciendo resguardos frente a denuncias de mala fe.
REACCIONES
El diputado Eric Grohs, principal impulsor e integrante de la Comisión de Trabajo, explicó que las instituciones encargadas de investigar y los propios lugares de trabajo están totalmente superados. Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela sostuvo que la ley se prestó para otra cosa y que se necesita una norma robusta que defienda a los trabajadores sin terminar en un abuso.
La diputada Paulina Muñoz señaló que no hay cumplimiento de plazos porque al hacer las leyes no se piensa en la implementación. Y el diputado Patricio Briones afirmó que apoya el proyecto porque se necesita un respiro legislativo y administrativo para inyectar recursos y capacitar a los fiscalizadores.
La eventual suspensión de la norma constituiría un golpe para la izquierda. En los partidos de la oposición y, sobre todo, en el Frente Amplio, perciben la ley Karin como uno de los legados más importantes del expresidente Gabriel Boric.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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