Los senadores del Partido por la Democracia (PPD) alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que destraba uno de los puntos más sensibles de la megarreforma tributaria impulsada por el gobierno de José Antonio Kast: la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. El pacto, que evita un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la bancada opositora, introduce cambios significativos en los plazos de estabilidad fiscal y agrega una sobretasa del 1,5% sobre el impuesto corporativo como condición para acceder al beneficio. La negociación, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, busca equilibrar la necesidad de atraer inversión con resguardos fiscales y de control estatal.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba 25 años de invariabilidad para toda inversión que superara los US$50 millones. Con el acuerdo alcanzado, ese esquema se reemplaza por un sistema escalonado según el monto del proyecto. Las iniciativas entre US$50 millones y menos de US$100 millones accederán a un régimen de diez años de invariabilidad; aquellas entre US$100 millones y menos de US$350 millones, a quince años; y solo las inversiones por sobre US$350 millones mantendrán un plazo máximo de veinte años. La modificación fue celebrada por el PPD como un avance en proporcionalidad y focalización del beneficio.
SOBRETASA DEL 1,5% Y CONDICIONES DE ACCESO
Uno de los pilares del acuerdo es que la invariabilidad no será gratuita. Las empresas que quieran acogerse al régimen deberán pagar un recargo adicional de 1,5 puntos sobre la tasa del impuesto corporativo vigente, elemento que no estaba contemplado en el texto original del gobierno. Los senadores del PPD calificaron este mecanismo como “equilibrado”, ya que el Estado entrega reglas estables para invertir y, a cambio, las compañías contribuyen con una mayor recaudación fiscal. En su comunicado público, la bancada enfatizó que la estabilidad tributaria tiene un costo directo para los beneficiarios.
IMPUESTOS NO CONGELADOS Y FACULTADES FISCALIZADORAS
El acuerdo no inmoviliza la totalidad del sistema impositivo. Los parlamentarios del PPD destacaron que las empresas acogidas al régimen no quedarán protegidas frente a modificaciones futuras en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el royalty minero, los impuestos verdes o los tributos municipales. Tampoco estarán exentas de nuevas obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) ni de las normas destinadas a combatir la elusión tributaria. El Estado, según el texto, mantiene intacta su capacidad para fortalecer la protección ambiental, perfeccionar la fiscalización, modificar el royalty minero cuando corresponda, actualizar obligaciones previsionales y establecer nuevas herramientas de control, incluyendo la obligación de explicitar el origen de los fondos invertidos.
CRÍTICAS Y CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La decisión del PPD de no acudir al Tribunal Constitucional por este punto específico generó reproches desde sus socios del Socialismo Democrático, particularmente el Partido Socialista (PS), y desde el Frente Amplio. Sin embargo, la bancada aclaró que el pacto con Hacienda solo cubre la invariabilidad tributaria. Los senadores del PPD mantienen plena libertad para presentar requerimientos de inconstitucionalidad respecto de otras materias del proyecto de reforma, en especial las normas medioambientales. En su comunicado, titulado “Chile no puede seguir administrando pobreza”, los legisladores argumentaron que sin inversión no hay nuevos empleos, no aumentan los salarios ni se generan recursos para financiar mejores pensiones, salud, educación o seguridad. “Lo que necesitamos es crear las condiciones para que el país vuelva a desarrollarse, pero con reglas claras, responsabilidad y resguardando siempre el interés público”, señalaron.
IMPACTO EN REGIONES Y RECAUDACIÓN MINERA
Los senadores del PPD relevaron que a mayor inversión minera, mayor será la recaudación por concepto de royalty, lo que se traduce en más recursos para las regiones, más inversión pública y mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades. El acuerdo establece que los cambios propuestos permiten compatibilizar crecimiento económico con responsabilidad fiscal y justicia tributaria. La propuesta exigida al gobierno, afirmaron, permite compatibilizar la atracción de inversión, el crecimiento económico y la reconstrucción del país, en un marco de reglas claras y concesiones mutuas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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