Una pausa de cinco años para la Ley Karin. Eso es lo que propone un grupo de diputados de distintas bancadas en una moción ingresada al Congreso, en la que advierten que el diseño actual de la normativa ha colapsado el sistema de denuncias laborales y ha terminado por restar protección efectiva a las víctimas. La iniciativa, presentada a poco más de dos años de la promulgación de la Ley N° 21.643, reabre el debate sobre una legislación que transformó el tratamiento del acoso laboral en Chile.
La moción fue presentada por el diputado Erich Grohs y cuenta con las firmas de Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario; Diego Vergara, del Partido Republicano, y Daniel Valenzuela, independiente de la bancada de RN. También tiene el respaldo del diputado Patricio Briones, del PDG, aunque su firma no pudo ser incorporada por un problema digital.
CONTEXTO DE LA INICIATIVA
El proyecto plantea suspender transitoriamente las modificaciones introducidas por la Ley Karin y restablecer, durante un lapso de cinco años, las normas laborales que regían antes de su entrada en vigencia.
No obstante, los derechos adquiridos y todas las denuncias e investigaciones ya iniciadas continuarán tramitándose conforme a la legislación vigente al momento de su ingreso. La eventual suspensión no afectaría los procesos en curso ni las protecciones consolidadas.
SATURACIÓN DEL SISTEMA
Uno de los ejes centrales del argumento de los parlamentarios es la saturación del sistema. Según el texto, la Ley Karin permitió visibilizar situaciones de acoso que antes permanecían ocultas, pero la respuesta institucional superó con creces la capacidad de los organismos encargados de aplicarla.
El proyecto señala que a diciembre de 2025 el sistema acumulaba más de 66 mil denuncias, con un promedio cercano a las 22 mil por semestre. Esa cifra, a juicio de los autores, evidencia que el problema responde al diseño de la normativa y no solo a dificultades de implementación.
Además, citando antecedentes de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, la iniciativa indica que entre agosto de 2024 y junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, de las cuales solo un 42 por ciento fue preclasificado como materia propia de la Ley Karin. En las investigaciones concluidas, únicamente un 21,3 por ciento terminó constatando la existencia de una vulneración.
FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES
Los diputados atribuyen esta situación al menos a tres factores del diseño legal: la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso laboral, la amplitud de conceptos como violencia en el trabajo y la inexistencia de una etapa de admisibilidad que permita filtrar las denuncias que no corresponden al ámbito de la ley.
A su juicio, esa combinación ha convertido el procedimiento en una vía para canalizar conflictos laborales de diversa naturaleza, saturando a la Dirección del Trabajo. La sobrecarga, agregan, ha generado demoras que en algunos casos alcanzan entre seis y nueve meses para concluir una investigación, afectando tanto a quienes presentan denuncias fundadas como a las personas denunciadas.
LA VOZ DEL DIPUTADO GROHS
El diputado Erich Grohs sostuvo que, si bien la Ley Karin nació para enfrentar un problema real, la evidencia demuestra que el sistema está funcionando con serias dificultades. Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo, afirmó.
El parlamentario enfatizó que la propuesta no busca dejar desprotegidos a los trabajadores, sino generar un período que permita corregir las falencias detectadas. Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla, concluyó.
En esa línea, Grohs agregó que se necesita una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley.
REVISIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN
De acuerdo con el proyecto, durante el período de suspensión el Congreso podría revisar aspectos como el umbral para configurar el acoso laboral, la definición de los conceptos incorporados por la ley, la creación de un mecanismo de admisibilidad para las denuncias y la incorporación de resguardos frente a acusaciones de mala fe.
Mientras tanto, se mantendría la protección laboral contemplada en la normativa anterior, lo que, según los autores, permitiría corregir el diseño sin dejar un vacío de protección para los trabajadores. La iniciativa queda así a la espera de su tramitación legislativa, en medio de un debate que promete ser intenso.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
