AUTORIZAN AL PRESIDENTE PARA PAGAR RECOMPENSAS POR INFORMACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Una iniciativa legal que faculta al Presidente de la República para entregar recompensas a quienes aporten antecedentes útiles para la investigación y sanción de delitos vinculados al crimen organizado inició su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto, que ingresó con fecha 11 de agosto de 2026, establece un mecanismo regulado para que el Estado pueda incentivar la colaboración ciudadana en casos de criminalidad compleja.
La propuesta, originada en la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, recoge y perfecciona dos iniciativas legislativas previas impulsadas por el mismo sector político. Se trata del Boletín N° 14.508-07 y del Boletín N° 14678-07, ambos orientados a crear sistemas de recompensas para el esclarecimiento de delitos graves. La nueva fórmula busca consolidar estos esfuerzos en una ley autónoma y de aplicación general.
El diagnóstico que sustenta el proyecto es contundente. Las organizaciones criminales que operan en el país presentan estructuras complejas, con división de funciones, mecanismos de intimidación y vínculos transnacionales. Frente a esta realidad, la información se ha convertido en un recurso escaso, pues víctimas, testigos y personas cercanas a los hechos muchas veces no colaboran por temor a represalias o desconfianza institucional.
EL MECANISMO PROPUESTO
La facultad que se otorgaría al Presidente de la República se ejercería mediante decreto supremo fundado, expedido a través del Ministerio de Seguridad Pública. La recompensa procedería solo respecto de antecedentes que cumplan condiciones copulativas: que sean voluntarios, sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías o el Ministerio Público al momento de su entrega.
Además, la información debe resultar útil para la investigación, esclarecimiento, persecución o sanción de los delitos señalados en la ley. Esa utilidad deberá ser verificada con un informe previo del Ministerio Público. El ámbito de aplicación se restringe a delitos sancionados con pena de crimen, siempre que existan antecedentes que permitan estimar que fueron cometidos en el marco de una organización criminal.
El decreto supremo que disponga la recompensa deberá señalar el hecho, investigación, delito, persona u organización respecto de la cual se solicita información. También deberá precisar la forma de determinación del pago, el plazo de vigencia, el mecanismo de recepción y custodia de los datos, y las medidas de protección de identidad para el informante.
PROTECCIÓN AL INFORMANTE Y EXCLUSIONES
El proyecto contempla un régimen especial de protección para quienes entreguen información. La identidad del informante tendrá carácter reservado y solo podrá ser conocida por los funcionarios estrictamente indispensables para la tramitación del procedimiento. El funcionario del Estado que viole ese sigilo será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo.
La iniciativa también incorpora exclusiones expresas para evitar abusos. No podrán recibir recompensa los funcionarios públicos que conozcan los antecedentes en razón de su cargo, las personas legalmente obligadas a denunciar, las víctimas, querellantes o denunciantes de la investigación respectiva, ni los imputados, condenados o quienes hayan participado en los hechos.
Además, se establece una sanción específica para quienes entreguen antecedentes falsos. El que, a sabiendas, proporcione información adulterada o destinada a percibir la recompensa o desviar una investigación penal, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
COMPLEMENTO A LA INVESTIGACIÓN PENAL
Los fundamentos del proyecto enfatizan que este mecanismo no sustituye la investigación penal ni las facultades del Ministerio Público o de las policías. Por el contrario, se plantea como una herramienta complementaria, inspirada en experiencias de derecho comparado. El texto menciona los programas de recompensas vinculados al terrorismo, narcotráfico y crimen organizado transnacional en Estados Unidos, así como el uso histórico de estos instrumentos por parte del FBI para ubicar fugitivos de especial peligrosidad.
El valor del mecanismo, según la propuesta, reside en crear un incentivo institucional, regulado y seguro para que personas que poseen información relevante puedan entregarla al Estado bajo condiciones de protección, reserva y trazabilidad. La idea es contribuir a quebrar el silencio que protege a las organizaciones criminales en contextos donde el miedo y la intimidación inhiben la cooperación.
La iniciativa fue turnada a las comisiones competentes para su estudio, entre las que se cuentan las de Seguridad Ciudadana, Constitución y Hacienda, esta última en lo pertinente. Además, se remitió a la Excma. Corte Suprema también en lo pertinente.
ROL N° 18573-25, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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