La comisión de Educación del Senado comenzó esta jornada la discusión en general del proyecto del Ejecutivo que modifica la ley de Educación Pública, con el objetivo de ajustar la segunda etapa de instalación y el traspaso de los Servicios Locales de Educación (SLEP). La iniciativa fue presentada por la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario Daniel Rodríguez, y ya generó reparos tanto por los plazos de postergación como por la flexibilización de las exigencias a los municipios que quieran conservar la administración de sus colegios.
La propuesta llega en un escenario en que 36 SLEP ya tienen establecimientos a su cargo y otros 22 están creados administrativamente a la espera del traspaso de recintos. Quedan 12 por instalar, y el gobierno busca contar con herramientas para recalendarizar ese proceso, que según la redacción actual del proyecto podría extenderse hasta 2040.
LOS CUATRO AJUSTES CENTRALES
El primer ajuste permite al Presidente recalendarizar la puesta en funcionamiento de los 12 SLEP pendientes. La medida podrá usarse por única vez y se establece que debe constituirse al menos un SLEP cada año. El Ministerio de Educación había considerado fijar como tope el año 2035, pero finalmente la redacción lo estableció en 2040.
El segundo ajuste faculta al Presidente para postergar por hasta tres años adicionales el plazo actual de dos años dispuesto para el traspaso del servicio educativo de los SLEP que ya fueron creados, pero que aún no tienen colegios bajo su administración.
El tercer ajuste flexibiliza los requisitos para que los municipios puedan continuar como sostenedores de establecimientos. Se propone que cumplan solo uno de los dos requisitos pedagógicos vigentes, mientras los requisitos financieros se mantienen intactos, con plazo máximo también hasta 2040. Además, el aplazamiento que hoy permite la ley por un año se extiende a dos.
El cuarto ajuste crea una nueva causal para que un municipio conserve su calidad de sostenedor si presenta indicadores en el Simce y de deuda previsional superiores a los de su SLEP, con plazo máximo otra vez hasta 2040. En la práctica, si el servicio local no muestra mejores indicadores que el municipio, este último no estará obligado a entregar sus colegios.
ARZOLA DEFIENDE LA INICIATIVA
La ministra Arzola justificó la necesidad del proyecto señalando que existen municipios con muy buenos resultados de gestión y otros que han tenido más dificultades. En su intervención, sostuvo que los SLEP han ido recibiendo esas condiciones y no necesariamente han logrado revertirlas o mejorarlas.
La titular de Educación enumeró los problemas detectados en la implementación de los Servicios Locales: un exceso de gasto, sobredotación de docentes y asistentes de la educación, matrícula a la baja, deudas previsionales de algunos municipios con sus funcionarios, brechas de infraestructura, dificultades en el traspaso de bienes inmuebles y resultados que, en promedio, no permiten afirmar que esta institucionalidad ofrezca mejores condiciones para la gestión escolar pública.
Arzola agregó que se mantiene la heterogeneidad observada a nivel municipal en cuanto al desempeño y que no hay una fórmula perfecta para administrar la educación pública. En esa línea, planteó la necesidad de crear los incentivos correctos y de tener una gestión rigurosa del servicio educativo.
El subsecretario Daniel Rodríguez reforzó el punto al describir la reforma que introdujo los SLEP como una de las más grandes en educación ejecutadas en el país, con una presión administrativa y financiera relevante sobre el Ministerio de Educación y el fisco. Rodríguez mencionó más de 84 cambios normativos y 11 reglamentos en plena implementación, y advirtió que se está pidiendo hacer en dos años lo que otros gobiernos hicieron en siete.
CUESTIONAMIENTOS DE PROVOSTE Y MIROSEVIC
La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó que la posibilidad de que un municipio mantenga la administración se mire solo a partir de los resultados de aprendizaje y de las obligaciones previsionales. Para la parlamentaria, esos criterios no configuran por sí solos calidad de la educación, ya que no se abordan temas de clima escolar, denuncias de convivencia ni matrícula.
Provoste advirtió que reducir la preocupación por la calidad a los resultados de pruebas estandarizadas resulta llamativo y llamó la atención sobre la necesidad de considerar otros factores.
El senador Vlado Mirosevic (PL) criticó el tiempo de postergación que contempla la iniciativa, señalando que podría alcanzar hasta 2045. Eso implicaría 28 años desde el inicio de la implementación en 2017, un plazo que calificó como realmente excesivo.
Mirosevic también objetó la flexibilización de las exigencias a los municipios que no quieran realizar el traspaso, especialmente cuando la justificación es que tienen un buen desempeño en la administración de sus colegios. El senador mencionó al alcalde de Ñuñoa, quien ha planteado públicamente que lo hace mejor que un eventual SLEP, y cuestionó que en lugar de mantener los criterios académicos se estén bajando los estándares.
Provoste complementó la observación con el ejemplo de Ñuñoa, señalando que los liderazgos influyen en la educación. Recordó que en la anterior administración la comunidad educativa se quejó de la misma corporación educacional, lo que refuerza la idea de que la educación no puede quedar al arbitrio de los liderazgos de turno.
PRÓXIMOS PASOS EN EL SENADO
La comisión acordó recibir en las próximas sesiones a distintas voces del mundo educativo y también las respuestas del Ejecutivo ante las dudas planteadas por los parlamentarios, que por falta de tiempo no pudieron ser contestadas en la jornada.
El proyecto continúa así su tramitación en un clima de debate sobre los plazos, los estándares y el rol de los municipios en el sistema de educación pública.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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