Proyecto de Ley Busca Penalizar la Explotación Económica del Comercio Sexual Ajeno en Chile
Un proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional propone una reforma profunda al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos para sancionar a quienes exploten, faciliten o publiciten servicios sexuales de terceros, excluyendo expresamente a la persona que ofrece sus propios servicios. La iniciativa, que comenzó su primer trámite constitucional el 8 de julio de 2026, apunta a desmantelar las redes de criminalidad organizada que lucran con el comercio sexual en condiciones de informalidad.
EL FOCO EN EL TERCERO EXPLOTADOR Y NO EN QUIEN EJERCE
El texto del proyecto, con fecha 28 de junio de 2026, establece una distinción clave. La reforma no persigue a la persona adulta que ofrece servicios sexuales remunerados de manera consentida. En cambio, se centra en los terceros que organizan, administran, publicitan o lucran con la actividad ajena. Según los fundamentos de la iniciativa, la regulación sanitaria vigente, basada en el Código Sanitario, es insuficiente para enfrentar la intermediación clandestina y la vinculación con economías criminales, especialmente aquellas operadas por bandas transnacionales como el Tren de Aragua. El fiscal Héctor Barros es citado en los fundamentos advirtiendo que la explotación sexual es uno de los mercados ilícitos utilizados por estas organizaciones precisamente por su informalidad y escasa trazabilidad.
NUEVAS FIGURAS PENALES EN EL CODIGO PENAL
El artículo primero del proyecto introduce tres nuevos delitos en el Código Penal. El artículo 373 bis sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a treinta UTM a quien explote económicamente el ejercicio del comercio sexual de otra persona mayor de edad, mediando el consentimiento de esta. La figura se configura cuando hay un beneficio económico para el tercero, no para quien presta el servicio.
El artículo 373 ter castiga con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de once a treinta UTM a quien administre, explote, facilite o ponga a disposición del público sitios web, plataformas digitales, aplicaciones, publicaciones impresas, avisos o cualquier medio de difusión, con conocimiento de que por su intermedio se ofrecen o conciertan servicios sexuales de personas adultas a cambio de dinero o especies. Esta norma apunta directamente a la publicidad masiva en medios digitales.
El artículo 373 quáter establece una pena de presidio menor en su grado medio y multa de once a treinta UTM para quien facilite inmuebles, habitual u ocasionalmente, destinados a la reunión de personas para el ejercicio del comercio sexual. La norma cubre tanto locales comerciales como viviendas particulares utilizadas para estos fines.
AGRAVANTE POR OCASION DEL COMERCIO SEXUAL
El proyecto también incorpora un nuevo artículo 161-E, que agrava en un grado las penas establecidas para otros delitos cuando estos se cometan “con ocasión de la contratación, pago o prestación de servicios sexuales remunerados”. Esta agravante genérica busca cubrir conductas delictivas asociadas al entorno del comercio sexual, como amenazas, cohecho o lesiones, que ocurran en ese contexto específico.
LA EXTORSIÓN COMO CONDUCTA CLAVE
Los fundamentos del proyecto destacan que la extorsión es una práctica esencial en las estructuras criminales que explotan el comercio sexual en Chile. Por ello, la iniciativa aborda de manera específica la extorsión que tiene lugar con ocasión de la prestación de servicios sexuales remunerados, aunque no se detalla una figura penal autónoma en el texto del articulado. La conducta se considera inherente al control que ejercen las organizaciones sobre las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas en condición migratoria irregular.
INCLUSION EN LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS
El artículo segundo del proyecto modifica la letra a) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y regula el lavado de activos. Se incorpora el nuevo delito de explotación económica del comercio sexual ajeno (artículo 373 bis) como delito base de lavado de activos. Esto permitirá perseguir no solo a los explotadores directos, sino también las ganancias ilícitas generadas por esta actividad, facilitando el congelamiento y decomiso de bienes y capitales vinculados a estas redes criminales.
UN ENFOQUE DE POLITICA CRIMINAL
Los impulsores del proyecto argumentan que la regulación del comercio sexual no debe entenderse solo como una medida sanitaria, sino como una herramienta de política criminal para reducir los incentivos económicos que sostienen mercados clandestinos. Se busca establecer una frontera clara: la persona adulta que ofrece sus propios servicios no es el centro de la persecución penal, sino los terceros que organizan, administran, publicitan o lucran con servicios sexuales ajenos. La finalidad declarada es impedir la expansión de mercados clandestinos y dotar al Estado de herramientas penales efectivas contra la explotación.
Rol N° 18434-07, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile (Primer Trámite Constitucional).
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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