Proyecto de ley busca endurecer sanciones por robo de cables en sectores rurales y aislados de Chile
Una iniciativa legal que perfecciona la Ley N° 21.761 y modifica el Código Penal fue ingresada al Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer la protección de las redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, prestando especial atención a la afectación que sufren las comunidades rurales, aisladas o de difícil acceso ante el robo de cables y otros componentes.
El proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional, surge ante la evidencia de que la aplicación práctica de la normativa vigente ha mostrado falencias. Según información pública de CGE citada en el texto, durante 2025 se registraron 1.426 eventos de robo de cable en su zona de concesión, con 420.922 metros de conductor eléctrico sustraído y más de 265 mil clientes afectados, lo que da cuenta de un fenómeno persistente y masivo.
La Región de Coquimbo se ha situado entre las zonas más afectadas, con especial incidencia en comunas del Limarí y sectores rurales. Ovalle, La Higuera, Punitaqui, Monte Patria, Coquimbo y La Serena concentran una parte relevante de los metros de cable sustraídos, afectando directamente a familias, predios agrícolas y comunidades que dependen de la continuidad del suministro eléctrico.
NUEVA AGRAVANTE TERRITORIAL
La iniciativa busca complementar la Ley N° 21.761, que ya modificó los artículos 443 y 447 bis del Código Penal para agravar la respuesta penal cuando el robo o hurto de cables provoca la interrupción de servicios. Sin embargo, la agravante referida a una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado no resuelve adecuadamente la situación de localidades rurales o aisladas, donde una interrupción puede afectar a menos personas en términos numéricos pero producir un daño social proporcionalmente mayor.
Por ello, el proyecto incorpora una nueva hipótesis de agravación: cuando la interrupción o interferencia del servicio se produzca en sectores rurales, aislados o de difícil acceso y, por sus condiciones geográficas, territoriales, de conectividad o de disponibilidad de infraestructura, dificulte significativamente la reposición del servicio o afecte servicios esenciales para la comunidad. La pena será de presidio mayor en su grado mínimo.
Se establece que la agravación no descansa en la sola condición rural o aislada del lugar, sino en la concurrencia de un elemento adicional de lesividad. Para estos efectos, se entenderá especialmente comprendida la afectación de servicios tales como electricidad, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, sistemas de agua potable rural, establecimientos de salud, establecimientos educacionales, servicios de emergencia u otra infraestructura indispensable para la continuidad de la vida comunitaria.
REFUERZO EN LA PERSECUCIÓN DE LA RECEPTACIÓN
El proyecto también aborda las dificultades en la persecución del delito de receptación, particularmente en la acreditación del conocimiento del origen ilícito de los materiales. En lugar de establecer una presunción automática de conocimiento, se propone una regla de valoración probatoria que permita al tribunal considerar como antecedentes relevantes las condiciones materiales irregulares de las especies.
El tribunal podrá considerar como antecedente relevante que las especies se encuentren quemadas, fragmentadas, sin su recubrimiento original, sin identificación técnica, sin respaldo documental suficiente sobre su procedencia, o en condiciones materiales que evidencien razonablemente su extracción, manipulación, reducción, fundición o transformación irregular.
Esta regla no eximirá al Ministerio Público de acreditar los elementos del delito, ni impedirá al imputado controvertir dichos antecedentes y rendir prueba en contrario. Además, se exige a los establecimientos dedicados a la compra, acopio, transporte, transformación, reducción, fundición o comercialización de metales mantener respaldo documental suficiente sobre el origen lícito del material, incluyendo identificación del proveedor, fecha de adquisición, volumen, peso y características.
MIRADA A LA CADENA COMPLETA DEL DELITO
El texto señala que el fenómeno del robo de cables ha dejado de ser una conducta aislada para pasar a formar parte de estructuras organizadas, vinculadas a la extracción, procesamiento y comercialización ilegal de cobre y otros metales. En causas complejas, como la denominada Operación Oro Rojo, se han investigado hechos asociados a asociación criminal, receptación, lavado de activos, delitos tributarios y delitos aduaneros.
El proyecto perfecciona la Ley N° 21.761 en tres dimensiones concretas: primero, incorporando de manera expresa la afectación de sectores rurales, aislados o de difícil acceso como criterio relevante de agravación; segundo, extendiendo dicha lógica no solo al robo, sino también al hurto y al daño de bienes que formen parte de redes de suministro; y tercero, estableciendo una regla de valoración probatoria para facilitar la persecución de la receptación.
La iniciativa fue ingresada en el periodo legislativo 2026-2030, legislatura 374, y corresponde a una moción del diputado Bernardo Salinas Maya, con fecha 14 de agosto de 2026.
Rol N° 18612-07, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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