Corte Suprema escucha a los cinco postulantes a Fiscal Regional de La Araucanía
El pleno de la Corte Suprema realizó una audiencia pública para escuchar a los cinco abogados que postulan al cargo de Fiscal Regional de La Araucanía, en el marco del proceso destinado a formar la terna que será comunicada al fiscal nacional. La actividad se rigió por el artículo 29 de la Ley 19.640 y por el acta 151 de la excelentísima Corte Suprema.
La presidenta del tribunal explicó que cada postulante tendría un máximo de 15 minutos para exponer su visión del cargo, su plan de trabajo y las medidas de eficiencia que propone. El relator del pleno presentó los antecedentes curriculares y el orden de intervención se definió por sorteo.
Los cinco aspirantes fueron Claudia Turra Lagos, José Manuel Ramírez Berenguer, Alberto Chifel Márquez, Cristian Bulién León y Héctor Leiva Martínez. Hubo coincidencia en que la región enfrenta un escenario complejo, marcado por el aumento de ingresos de causas, la criminalidad organizada, la violencia rural y la necesidad de fortalecer la atención a víctimas.
DIAGNÓSTICO REGIONAL
El aumento de las causas y la llegada de nuevas formas de criminalidad marcaron el diagnóstico de los postulantes. José Manuel Ramírez Berenguer, fiscal adjunto de Villarrica, advirtió que las denuncias pasaron de 65.000 a 95.000 en ocho años, un incremento cercano al 50%, y que los delitos económicos ya representan cerca del 20% de los ingresos. Alberto Chifel Márquez, fiscal jefe de Temuco, puso el acento en la evolución de los delitos entre 2020 y 2025: los secuestros se duplicaron, el tráfico de armas creció 157%, el de drogas 106% y los homicidios 20%. También mencionó que las causas sin imputado conocido subieron de 45% a 61% de los ingresos anuales y que hay aproximadamente un millar de órdenes de detención sin cumplir.
Cristian Bulién León, fiscal jefe de Primeras Diligencias, señaló que la región mantiene más de 51.000 causas vigentes, la mayoría de baja complejidad, lo que obliga a mejorar la tramitación antes de concentrarse en los casos más complejos. Héctor Leiva Martínez, jefe de la Fiscalía Local de Victoria, destacó el contraste entre las riquezas de la zona y el índice de pobreza más alto de Chile, y criticó que este año se hayan iniciado 161 causas por tráfico de drogas y solo tres por lavado de activos. Para cerrar, citó al poeta Nicanor Parra y llamó a proyectar los próximos ocho años de la fiscalía.
PROPUESTAS DE GESTIÓN Y EFICIENCIA
Los postulantes coincidieron en que la gestión es clave para absorber el aumento de causas. Una de las medidas más mencionadas fue la acusación expedita, que permitiría llevar a juicio ciertos delitos en un plazo de 30 días desde la formalización. Claudia Turra Lagos, quien participó en la puesta en marcha de la reforma procesal penal y asumió el primer turno en Nueva Imperial en diciembre de 2000, planteó aplicarla a un catálogo de delitos por definir. Ramírez Berenguer la vinculó al protocolo que impulsa la Fiscalía Nacional, con el fin de reducir los tiempos de tramitación y el desgaste de víctimas y testigos.
En cuanto a la organización del trabajo, Bulién León propuso estandarizar criterios de investigación, incluir una asignatura sobre investigación penal en la formación de Carabineros a cargo de fiscales, fortalecer la unidad regional de clasificación y generar compensaciones de cargas entre las 13 fiscalías locales. Ramírez Berenguer planteó flexibilizar la asignación de tareas según la carga real de cada unidad. Turra Lagos se comprometió a distribuir equitativamente las cargas de trabajo bajo criterios objetivos y a cuidar la salud de los equipos.
CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA RURAL
Para enfrentar el crimen organizado, los postulantes propusieron usar el sistema de análisis criminal con un enfoque estratégico, orientado a desarticular bandas completas y afectar su patrimonio. Turra Lagos señaló que no basta con perseguir a los autores materiales; Chifel Márquez sostuvo que se debe atacar la base financiera de las organizaciones, y Leiva Martínez las comparó con empresas que requieren ser desmanteladas por la vía económica. Ramírez Berenguer añadió que el seguimiento del dinero y el uso de herramientas de comiso son esenciales. Bulién León, en tanto, propuso compartir la información entre los sistemas de análisis criminal de distintas regiones.
Chifel Márquez también planteó reforzar la coordinación con la Fiscalía Supraterritorial y con las autoridades de control fronterizo, considerando que la región tiene más de 22 pasos no habilitados. Leiva Martínez, por su parte, insistió en la necesidad de sumar capacidades para la evidencia digital y la criminalidad informática, con un fiscal y un analista dedicados a esa área.
Respecto de la violencia rural, hubo coincidencia en que las cifras han disminuido, pero en que el fenómeno es cíclico y requiere mantener equipos especializados con continuidad. Leiva Martínez recordó su participación en la investigación que llevó a la condena del líder de la Coordinadora Arauco Malleco por infracción a la ley de seguridad del Estado.
VÍCTIMAS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
La protección de las víctimas fue uno de los ejes con más consenso. Turra Lagos enfatizó la necesidad de llegar con rapidez y lenguaje claro a víctimas discapacitadas o mayores, sin que la distancia geográfica sea un obstáculo, y propuso la creación de una fiscalía regional de género. Ramírez Berenguer sostuvo que la rapidez en la respuesta es una forma de proteger a quien denuncia, y abogó por mantener la tramitación local en los casos de violencia de género, con medidas cautelares desde el primer momento. También comprometió una unidad regional especializada en delitos sexuales para el primer trimestre de 2027.
Chifel Márquez advirtió que una evaluación temprana del riesgo puede impedir que una víctima termine en una tragedia como un femicidio. Bulién León se comprometió a que la región lidere las estadísticas de atención al público a nivel nacional, mientras que Leiva Martínez pidió restituir a la víctima su rol protagónico en el proceso, evitar que sea tratada como un simple medio para fines procesales y crear un sistema de atención prioritario para las más vulnerables.
En lo institucional, varios postulantes coincidieron en medir las cargas de trabajo y distribuir las tareas con criterios objetivos. También hubo consenso en usar inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para el análisis de información, siempre bajo supervisión y conforme a las directrices de la Fiscalía Nacional. En cuanto a la probidad, Chifel Márquez señaló que la confianza pública constituye el principal patrimonio de la institución.
Tras las cinco exposiciones, la presidenta de la Corte Suprema dio por terminada la audiencia y el pleno se retiró a deliberar para conformar la terna, que será notificada a los interesados una vez que esté disponible.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
