El presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, denunció este miércoles la existencia de una «operación política» que, a su juicio, el Ejecutivo estaría coordinando con el Partido Republicano para deslegitimar organismos autónomos como la Contraloría General de la República. La acusación surge tras el dictamen emitido por la Contraloría en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y en medio de un clima de creciente tensión entre el oficialismo y los órganos de control.
En una entrevista concedida al podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el líder del PPD afirmó que existe una estrategia orquestada desde la derecha para debilitar instituciones clave para la democracia. Soto vinculó directamente al gobierno con las críticas que han surgido desde sectores políticos hacia la labor de la Contraloría, especialmente luego de que el organismo solicitara diversos antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) una vez que Steinert asumió el cargo.
Soto sostuvo que «estoy preocupado, creo que hay una operación política de la derecha, probablemente digitada desde el gobierno, para deslegitimar o debilitar ciertas instituciones que son autónomas e importantes para nuestra democracia». En esa línea, el diputado expresó sus reparos al presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien había deslizado que el organismo dirigido por Dorothy Pérez «se está pasando de sus atribuciones». Para Soto, esa declaración fue «poco prudente» y constituye una transgresión de «una línea roja» que amenaza con politizar instituciones como la Contraloría, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
CUESTIONAMIENTOS A LA CONTRALORÍA Y PROPUESTAS DE CAMBIO
El diputado apuntó directamente contra el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, a quien responsabilizó de haber iniciado las críticas contra la Contraloría. Soto afirmó que «fue de esas declaraciones el presidente del principal partido de gobierno y no he visto una actitud de defensa de las instituciones por parte del Ejecutivo». Agregó que el gobierno tiene el deber de defender las instituciones democráticas y que, al no hacerlo, existe «una complicidad» con los cuestionamientos.
Además, Soto se refirió a la propuesta de Squella de modificar la estructura de la Contraloría para transformarla en un cuerpo colegiado, en lugar de la autoridad unipersonal actual. El diputado calificó esa iniciativa como un «intento de intervenir un órgano autónomo» y aseguró que «genera una suspicacia importante sobre la intencionalidad que hay detrás». En su opinión, la contralora merece ser «blindada» ante las críticas políticas que genera su labor.
REQUERIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En otro ámbito, Soto anunció que propondrá a los partidos de oposición la presentación de nuevos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, esta vez dirigidos contra los decretos de recortes presupuestarios del gobierno, particularmente en el área de salud. El legislador argumentó que «creemos que hay una afectación de normas constitucionales, creemos que ha existido opacidad y poca transparencia en el proceso».
El diputado destacó que la Contraloría ya había observado que el decreto de recorte presupuestario en salud no había sido publicado, lo que evidencia un tratamiento con poca transparencia. Soto explicó que se trata de una decisión administrativa que, vía decreto, modifica la voluntad del legislador expresada en la ley de Presupuesto, lo que a su juicio sobrepasa un límite constitucional. «Ha sido un nivel que no se había visto con anterioridad», sostuvo.
El anuncio de Soto se produce en medio de un debate interno en la oposición respecto a la estrategia para impugnar la megarreforma y otras medidas del gobierno. El diputado criticó al senador socialista Juan Luis Castro y al diputado liberal Vlado Mirosevic por haber anticipado públicamente un recurso al Tribunal Constitucional sin el consenso suficiente. «Fue un error, debido a la ansiedad y probablemente a diferencias internas», señaló.
Soto afirmó que la oposición avanza hacia una decisión conjunta y que ha ido «tomando con mucha fuerza al interior de las bancadas la idea de recurrir al TC». No obstante, advirtió que «ninguna fuerza política, ninguna bancada, por sí sola tiene las firmas ni la fuerza que se requiere».
CRÍTICAS AL MINISTRO DE HACIENDA Y POSICIÓN SOBRE LA LEY NAIN-RETAMAL
El diputado también dirigió duras críticas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien responsabilizó por la falta de avances en la negociación de la ley miscelánea. Soto lo describió como una persona «muy inflexible, dogmático y extremo en sus posiciones económicas», afirmando que «es muy difícil» dialogar con él. Agregó que el gobierno tiene «un gran problema con nombre y apellido: Jorge Quiroz».
Finalmente, Soto se distanció de la propuesta del Partido Comunista de introducir cambios a la ley Nain-Retamal, la cual otorga mayores facultades a las policías. El diputado calificó esa iniciativa como «un error» que merma la credibilidad del progresismo en seguridad. «No compartimos para nada la idea de debilitar ni mucho menos derogar la ley Nain-Retamal. Nosotros estamos por respaldar todos los proyectos que digan relación con entregar mayores condiciones de seguridad a los chilenos», afirmó.
El líder del PPD atribuyó parte de la pérdida de apoyo electoral del progresismo a la falta de credibilidad en materia de seguridad, y enfatizó la necesidad de «unidad en la diversidad» para construir un proyecto socialdemócrata de centroizquierda de cara al futuro.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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