Tras la grave denuncia formulada por un subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien en medio de un incidente de seguridad en Las Condes mencionó directamente a fiscales de la Región Metropolitana Oriente, diversos expertos en derecho penal han planteado la necesidad de que sea una jurisdicción distinta la que investigue los hechos. La petición se sustenta en el principio de transparencia y en evitar cualquier conflicto de interés institucional, dado que la propia Fiscalía Oriente podría terminar indagando a sus integrantes.
FISCALÍA ORIENTE Y LA DENUNCIA INTERNA
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ya decretó la reserva de la investigación. El persecutor Felipe Sepúlveda confirmó que se recibió una denuncia por eventuales delitos funcionarios que revestirían cierta gravedad. Sin embargo, las palabras del subcomisario durante la noche del martes, cuando se parapetó en una oficina de un edificio en la comuna de Las Condes, apuntaron directamente contra los fiscales Marcelo Vargas, Francisco Lanas e Ignacio Pinto, a quienes acusó de corrupción.
El funcionario policial habría señalado que fue obligado a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto, y mencionó expresamente a los fiscales como parte de una red corrupta. Esta situación ha generado inquietud en el mundo jurídico, porque quien debe investigar la denuncia es la misma Fiscalía Oriente, es decir, la institución a la que pertenecen los persecutores señalados.
RECOMENDACIONES DE EXPERTOS PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA
El exfiscal José Villalobos, quien trabajó precisamente en la Fiscalía Oriente, fue claro al afirmar que siempre, por transparencia, es conveniente que si existen denuncias en contra de fiscales asignados a una fiscalía regional, sea otra fiscalía regional la que se haga cargo de la indagatoria. Esta opinión es compartida por el expersecutor de La Serena Marcelo Sanfeliú, quien también considera que lo más adecuado es sustraer el caso de la jurisdicción directamente aludida.
La lógica detrás de esta postura es evitar cualquier apariencia de parcialidad o de protección corporativa. En un sistema que se rige por el principio de objetividad, resulta clave que el órgano investigador no tenga vínculos directos con los denunciados. De lo contrario, se corre el riesgo de socavar la confianza pública en la investigación, más aún cuando se trata de delitos funcionarios que involucran a altos mandos de la policía y del ministerio público.
POSIBLES ESCENARIOS PROCESALES
De acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno, no existe un mecanismo automático que obligue al Ministerio Público a derivar una investigación a otra región. Sin embargo, el Fiscal Nacional tiene facultades para disponer medidas de esta naturaleza, especialmente cuando la imparcialidad pueda verse comprometida. La Ley Orgánica del Ministerio Público, en sus disposiciones sobre organización y funcionamiento, permite que el Fiscal Nacional, de oficio o a petición de parte, asigne el conocimiento de determinados casos a fiscales de otra región.
En este contexto, la denuncia del subcomisario podría escalar hasta la Fiscalía Nacional si el propio organismo decide que la investigación interna genera dudas sobre su independencia. Lo ocurrido no solo pone en entredicho la conducta de los fiscales mencionados, sino que también abre un debate sobre los mecanismos de control interno del Ministerio Público y de la PDI.
IMPACTO PARA LA INSTITUCIÓN POLICIAL
El hecho ocurrió en medio de una situación de alto riesgo, cuando el subcomisario se atrincheró en una oficina y a viva voz realizó las imputaciones. Más allá del episodio mismo, la denuncia ha reavivado la atención sobre posibles irregularidades al interior de la Policía de Investigaciones y las conexiones que puedan existir con determinados fiscales.
Para la defensa de los involucrados, resultará crucial determinar si las acusaciones tienen sustento fáctico o si responden a una situación de tensión personal. En cualquier caso, el principio de transparencia que invocan los exfiscales consultados parece ser la guía que debería orientar los próximos pasos procesales.
La comunidad jurídica sigue con atención la evolución de esta causa, que podría sentar un criterio jurisprudencial relevante sobre la necesidad de separar las investigaciones cuando las acusaciones involucran a fiscales de la misma región.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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