La reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno enfrenta desde este lunes un escenario renovado en el Senado. El Ejecutivo decidió bajar de suma a urgencia simple la iniciativa, lo que amplía de 15 a 30 días el plazo de discusión en cada Cámara y fue recibido con lecturas contrapuestas entre oficialismo y oposición.
La información fue dada a conocer por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que precisó que la reforma continuará su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado. La decisión se produce en medio de las diferencias que ha generado el proyecto, en particular por el nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo.
También han generado debate la incorporación del concepto de seguridad pública en la Constitución y los listados de organizaciones criminales y terroristas. Esos tres ejes concentran las observaciones que han formulado los distintos sectores políticos.
LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
El cambio de urgencia implica que el proyecto tendrá el doble de tiempo para ser analizado en cada Cámara. La urgencia simple obliga a los parlamentarios a pronunciarse dentro de 30 días, a diferencia de la suma urgencia, que reduce el plazo a 15.
Desde el oficialismo, la medida fue interpretada como una señal de apertura para alcanzar acuerdos, mientras que desde la oposición se advirtió que el gesto no altera el contenido de la iniciativa. La discusión se traslada así a la Comisión de Constitución del Senado, donde se espera que los próximos 30 días sean determinantes para definir la viabilidad de la reforma.
OFICIALISMO VALORA DIÁLOGO
El diputado de la UDI Eduardo Cretton valoró la decisión del Ejecutivo y recordó que la reforma necesita un quórum de 4/7 en el Senado, es decir, 29 votos. Por eso, dijo, es imprescindible conversar con el resto de los senadores para llegar a un acuerdo y rescatar los aspectos esenciales de la reforma.
Cretton mencionó como núcleo de la propuesta el estado de excepción, la incorporación del concepto de seguridad pública y los listados de organizaciones criminales y terroristas. A su juicio, ese es el corazón de la reforma y el mayor tiempo permitirá afinarla para combatir de mejor forma el crimen organizado y el narcotráfico. El diputado UDI señaló que el Ejecutivo busca tener más tiempo para conversar y mejorar el texto.
En la misma línea, el diputado de RN Mauro González señaló que la decisión va por el camino correcto para seguir conversando y dialogando en el Senado. González insistió en que la agenda de seguridad debe ser prioridad y que aquello que causa controversia debe resolverse a la brevedad, para no seguir dilatando un acuerdo.
La diputada de Republicanos Chiara Barchiesi sostuvo que el gobierno del Presidente José Antonio Kast entiende que la seguridad no puede seguir esperando en una comisión del Congreso. Recordó que se puso urgencia a 23 proyectos y discusión inmediata a 10, y llamó a entregar más herramientas a las policías y más capacidad para perseguir al crimen organizado.
Barchiesi añadió que se necesitan recuperar los barrios y que el Congreso debe entender que mientras se discute, los delincuentes actúan. En esa línea, planteó que Chile necesita que el Estado actúe primero.
DC Y PS CRITICAN EL GESTO
En la vereda de la oposición, el diputado de la DC Patricio Pinilla calificó la decisión como lo mínimo que podía hacer el Gobierno. Comentó que algunos sectores pedían incluso el retiro de la propuesta para avanzar de manera más homogénea, incorporando los comentarios y observaciones de todos los sectores políticos.
Pinilla valoró que la rebaja de urgencia abra un espacio para una discusión interesante, aunque advirtió que será la oportunidad para demostrar que gran parte de las reformas no son necesarias, otras deben ser más acotadas y la última quizás sí pueden ser un aporte. Cuestionó especialmente la incorporación de nuevos conceptos a la Constitución.
El diputado DC afirmó que la Carta Fundamental ya contempla el concepto de seguridad y que, en lugar de crear un nuevo estado de excepción, se podría mejorar el estado de excepción de emergencia que ya existe. Esa alternativa, sostuvo, evitaría modificar la Constitución en una materia sensible.
Más crítico fue el diputado socialista Raúl Leiva, quien aseguró que el Gobierno escucha las objeciones incluso del propio oficialismo, pero no las asume de fondo. Para Leiva, restar la urgencia es un gesto mínimo a un proyecto que es criticado por sectores oficialistas. «El restar la urgencia no modifica el proyecto», sentenció.
EL RIESGO DEL RECHAZO
Leiva planteó que si el Ejecutivo quiere insistir en la reforma, lo correcto sería retirarla y realizar un trabajo prelegislativo con sus parlamentarios para presentar un nuevo proyecto de ley. Advirtió que, de continuar la tramitación en los términos actuales, el proyecto será rechazado en general.
Esa advertencia cobra relevancia porque, según explicó el diputado, si la iniciativa se rechaza en general no podrá volver a discutirse en un año más. El escenario deja al Gobierno frente a una disyuntiva: profundizar la negociación en los próximos 30 días o reingresar una propuesta distinta.
El Senado se convierte ahora en el escenario donde se definirá si la reforma de seguridad logra sortear sus críticos y convertirse en ley.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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