El Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, rechazó la reclamación judicial presentada por la Municipalidad de Quilicura y dos vecinos en contra de la Resolución Exenta Nº 2025131015, de 6 de enero de 2025, que mantuvo la calificación ambiental favorable del proyecto “Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo”. La sentencia, dictada el 3 de julio de 2026, desestimó todos los argumentos esgrimidos contra la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (COEVA RM), validando la legalidad del proceso de evaluación del proyecto energético.
La disputa se originó el 18 de febrero de 2025, cuando los reclamantes, representados por el abogado Marcos Emilfork Orthusteguy en representación de la alcaldesa de Quilicura y de los señores Felipe González Tapia y Paolo Alzerreca Orellana, impugnaron la resolución que rechazó su solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) original del proyecto, fechada en enero de 2023. Alegaron múltiples vicios en la evaluación ambiental, centrados en la ubicación del proyecto en un Área de Preservación Ecológica (APE) según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), así como deficiencias en la evaluación de impactos sobre flora, fauna, suelo, patrimonio arqueológico, paisaje y medio humano.
ARGUMENTOS DE LOS RECLAMANTES
Los recurrentes sostuvieron que la instalación de una planta fotovoltaica en un APE era jurídicamente incompatible, argumentando que el artículo 8.3.1.1 del PRMS solo permite actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales. A su juicio, la aplicación del artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que exceptúa las obras de infraestructura energética, generaba una antinomia normativa que desprotegía el área. Además, denunciaron una subestimación de los atributos ambientales del sitio, calificado como un hotspot de biodiversidad global, y cuestionaron la línea de base de fauna y flora, la prospección arqueológica, la falta de consulta indígena y la insuficiencia de compromisos ambientales voluntarios (CAV). También apuntaron contra la aprobación de permisos ambientales sectoriales (PAS) pese a las objeciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN
La reclamada y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desestimaron punto por punto las acusaciones. Argumentaron que la OGUC prima por jerarquía normativa sobre el PRMS, permitiendo expresamente la infraestructura energética en zonas rurales. Defendieron la evaluación de impactos, señalando que el diseño del proyecto evitó intervenir el bosque nativo de preservación y que las campañas de fauna y flora cumplieron con las guías técnicas vigentes. Respecto al componente humano, indicaron que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) validó la inexistencia de impactos sobre comunidades indígenas, descartando la necesidad de consulta. Sobre los PAS, afirmaron que los informes de los OAECAS no son vinculantes y que el proyecto cumplió con los requisitos técnicos.
FALLO DEL TRIBUNAL
El tribunal desestimó íntegramente la reclamación. En su análisis, validó la compatibilidad territorial del proyecto al aplicar la excepción del artículo 2.1.29 de la OGUC, considerando que no existía antinomia normativa. Respecto a los cuestionamientos de evaluación, concluyó que la línea de base y los métodos de muestreo fueron adecuados, y que los CAV adoptados se hicieron cargo de los impactos no significativos identificados. En cuanto a la consulta indígena, el fallo consideró acreditado que el proyecto no se emplaza en tierras indígenas ni en áreas de desarrollo indígena, y que la CONADI corroboró la falta de efectos sobre las organizaciones indígenas de Quilicura. Sobre los permisos sectoriales, se determinó que las observaciones de CONAF fueron superadas con la modificación del diseño y que el proyecto no requería el PAS 132 cuestionado por el CMN.
DECISIÓN FINAL Y COSTAS
El Segundo Tribunal Ambiental resolvió rechazar la reclamación en todas sus partes, manteniendo firme la resolución que calificó ambientalmente favorable el proyecto “Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo”. La sentencia no condenó en costas. Con esta decisión, se permite la continuidad del proyecto, que contempla una planta con una potencia de 33,6 MW en corriente continua, una vida útil de 30 años y una inversión en 56 hectáreas de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.
Rol R Nº 509-2025, Segundo Tribunal Ambiental
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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