El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha puesto el foco nuevamente en el sistema de justicia juvenil chileno, tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona ocurrida en San Bernardo. Entre los imputados por este crimen hay dos adolescentes de 17 años, un joven de 18 y otro de 20. Frente a este caso, Sichel, en conversación con Tele13 Radio, sostuvo que “el fracaso de la política de reinserción no puede ser pagado por los ciudadanos”, frase que resume su crítica a la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).
ANÁLISIS DEL ALCALDE
Sichel calificó la situación como “crónica de una tragedia anunciada” y expuso cifras concretas de la delincuencia juvenil en su comuna: la mitad de los delitos violentos en Ñuñoa son cometidos por menores de edad. Agregó que en Vitacura la proporción asciende al 70 por ciento y en San Miguel al 60 por ciento, según datos compartidos por la alcaldesa Camila Merino. Para el jefe comunal, los “tours delictuales, turbazos y portonazos” tienen como protagonistas a menores que ya son conocidos por los sistemas de seguridad, y que tras ser detenidos por Carabineros vuelven a la calle.
Sichel apuntó que el problema radica en el régimen semi cerrado que se aplica en el 95 por ciento de los casos para adolescentes entre 14 y 17 años. En la práctica, explicó, el juez de Garantía impone un control periódico que no impide la reincidencia. “Sabes que la pena baja, sabes que vas a estar en un régimen abierto, y sabes que cuando cumplen 18 años se te hace un borrón y cuenta nueva en términos jurídicos”, describió, refiriéndose a la eliminación de antecedentes penales al alcanzar la mayoría de edad.
LA LEY Y SUS FALLAS
El alcalde recordó que el proyecto de ley para modificar la LRPA se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa, impulsada originalmente por el entonces diputado y actual senador Longton, propone una solución que Sichel califica como “simple”: que los delitos con violencia contra las personas o contra la propiedad sean sancionados con regímenes cerrados de detención. La medida, según el alcalde, debería aplicarse mientras el Estado resuelve su deficiente política de reinserción social.
Sichel también se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, señalando que cuando él dice falló el Estado, tiene razón. Sin embargo, el alcalde matizó que “las fallas del Estado no las paga el Estado, las pagan los ciudadanos, como estas familias que sufren estos portonazos”. A su juicio, la lógica de que la reinserción funciona si el menor está en libertad no se sostiene y propone, por tanto, priorizar el régimen cerrado y luego mejorar las políticas de reinserción, asumiendo el Estado ese costo.
PROPUESTA DE LONGTON
La iniciativa legislativa que busca modificar la LRPA plantea un cambio de enfoque: separar los delitos violentos de aquellos sin violencia, y para los primeros imponer detención cerrada durante el proceso judicial. Sichel insistió en que el actual sistema genera un “mundo ideal” para quienes tienen alto compromiso delictual, porque la pena es baja, el régimen es abierto y los antecedentes se borran a los 18 años.
El alcalde concluyó que la discusión debe darse con urgencia, porque mientras no se corrija la ley, las víctimas siguen siendo los ciudadanos comunes. Señaló que el conocimiento de los menores reincidentes por parte de las autoridades es real, pero la respuesta judicial no logra contenerlos. “Es el fracaso de la política de reinserción”, sentenció.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
