SII IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NORMAS DE ZONAS FRANCAS APLICADAS EN CAUSA PENAL POR SUPUESTA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
La representación judicial de una socia y representante legal de una empresa automotora, imputada en una causa penal por delitos tributarios, presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La acción busca que se declaren inaplicables, para su caso concreto, tres disposiciones legales que, en su aplicación conjunta, servirían de fundamento a la acusación del Servicio de Impuestos Internos (SII). La requirente sostiene que la obligación tributaria que se le imputa no está determinada con la certeza que la Constitución exige para integrar un tipo penal, lo que vulneraría el principio de legalidad penal y el de culpabilidad.
El conflicto se origina en la interpretación de las normas que regulan el régimen de Zona Franca de Extensión (ZFE), particularmente respecto de vehículos motorizados. La requirente, usuaria de la Zona Franca y concesionario oficial, trasladaba vehículos nuevos desde la Zona Franca Primaria (ZFP) a su sucursal en Coyhaique mediante Solicitudes de Registro de Franquicia (SRF) emitidas a su propio nombre. Una vez en la ZFE, los vendía a consumidores finales con la restricción de zona franca inscrita en el Registro de Vehículos Motorizados y con la leyenda exigida por una resolución del propio SII que indicaba: «Mercadería procedente de Zona Franca, no nacionalizada para el resto del país». El SII, sin embargo, sostiene que estas operaciones constituyen un hecho gravado con IVA, al considerar la primera enajenación de estos vehículos como una «venta» según el artículo 8° letra a) del DL N° 825, y que al no declararlo, la imputada habría incurrido en los delitos de declaraciones maliciosamente falsas y defraudación al Fisco, previstos en los artículos 97 N° 4 y 97 N° 25 del Código Tributario.
CONTEXTO DE LA NORMA PENAL EN BLANCO
La defensa argumenta que los tipos penales imputados son normas penales en blanco, es decir, que no describen completamente la conducta prohibida, sino que se remiten a normas tributarias extrapenales para su integración. En este caso, la remisión se dirige a los preceptos que el requirente impugna: el artículo 21 inciso quinto del DFL N° 2 (Ley de Zonas Francas), el artículo 8° letra a) inciso segundo del DL N° 825 (Ley del IVA), y el artículo 12 letra A) N° 1 inciso segundo del mismo decreto ley. La tesis central del requerimiento es que estas normas, aplicadas en conjunto, no describen con claridad el hecho gravado que el SII pretende cobrar, y que su indeterminación impide que sirvan como complemento válido de un tipo penal.
Para sustentar esta afirmación, el libelo cita cuatro oficios administrativos sucesivos del SII emitidos entre 2018 y 2026, que habrían intentado fundamentar el gravamen sobre diferentes bases normativas, incluyendo una norma derogada y cambios de criterio en menos de un mes. El último de estos oficios, de mayo de 2026, habría empleado el modo condicional («se encontraría gravada») para referirse a la procedencia del impuesto, lo que la defensa interpreta como una muestra de la falta de certeza técnica del propio órgano fiscalizador.
ARQUITECTURA ADUANERA Y AUSENCIA DE TIPICIDAD
El requerimiento describe en detalle la arquitectura aduanera del sistema de Zona Franca, distinguiendo tres destinaciones aduaneras incompatibles entre sí: la importación material desde el exterior a la ZFP, el ingreso desde la ZFP a la ZFE (que la requirente habría realizado), y la importación al resto del territorio nacional (liberación). La defensa sostiene que los vehículos de la requirente solo recorrieron las dos primeras destinaciones, nunca la tercera, y que la liberación al territorio nacional —que sería el hecho gravado— jamás ocurrió. Como prueba de ello, se mencionan cinco fuentes institucionales autónomas, entre ellas que el Registro Civil inscribió las transferencias con la restricción de Zona Franca, lo que, según el artículo 8° letra a) inciso tercero del DL N° 825, bloquea la inscripción si el impuesto no se ha pagado. La defensa concluye que, dado que el propio mecanismo de control legal no se activó, el impuesto no era exigible.
VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
El requerimiento invoca la vulneración del artículo 19 N° 3 inciso final de la Constitución, que exige que la conducta sancionada esté «expresamente descrita en la ley». Se argumenta que la norma de complemento invocada por el SII no es un reglamento ni una ley, sino oficios administrativos sin fuerza normativa general, lo que sería insuficiente para integrar un tipo penal. Se cita jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción en un caso análogo para respaldar esta postura.
Además, se alega la vulneración del principio de culpabilidad y del error de prohibición. La defensa sostiene que la requirente actuó durante más de una década basándose en la Resolución N° 82/2004 del propio SII, en la validación del Registro Civil y en el hecho de que el propio SII adquirió un vehículo bajo el mismo régimen en 2011 sin objetar la exención. En ese contexto, la requirente no habría tenido posibilidad razonable de conocer la antijuridicidad de su conducta, configurándose un error de prohibición invencible que excluiría su culpabilidad.
La gestión pendiente es la causa penal RIT N° 2273-2022, RUC N° 2210040800-0, seguida ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
RIT N° 2273-2022, RUC N° 2210040800-0, Juzgado de Garantía de Coyhaique.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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