La Corte Suprema acogió un recurso de queja presentado por una empresa en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que la había declarado culpable de negligencia grave en un caso de fraude electrónico por más de doce millones de pesos. El máximo tribunal determinó que las juezas recurridas invirtieron indebidamente la carga de la prueba establecida en la Ley 20.009, que obliga al banco a demostrar el dolo o la culpa grave del cliente para no restituir los fondos defraudados.
El fallo de la Segunda Sala dejó sin efecto la decisión de segunda instancia dictada el veinte de agosto de dos mil veinticinco y confirmó el rechazo de la demanda del banco, tal como lo había resuelto el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes el quince de diciembre de dos mil veintidós. La controversia se originó por ocho transferencias no consentidas realizadas el cinco de octubre de dos mil veintiuno desde la cuenta corriente empresarial de la demandada hacia cuentas de terceros en Banco Estado, por un monto total de doce millones novecientos veintiséis mil cincuenta y ocho pesos.
LA DISPUTA SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA
El conflicto jurídico central radicó en la interpretación del artículo 5 de la Ley 20.009. El banco demandante sostenía que la empresa usuaria incurrió en culpa grave al mantener una llamada telefónica con una supuesta ejecutiva bancaria, recibir mensajes de texto que advertían de las transacciones y no denunciar el extravío de su tarjeta de coordenadas. Sobre esa base, la Corte de Apelaciones revocó el fallo de primer grado y acogió la acción del banco, ordenando a la empresa restituir el abono de treinta y cinco Unidades de Fomento realizado por la entidad financiera.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que las juezas recurridas incurrieron en una falsa apreciación de los antecedentes al escindir de forma discrecional la declaración del representante legal de la empresa. El máximo tribunal destacó que los jueces de segunda instancia omitieron considerar que el representante afirmó categóricamente que nunca entregó sus claves personales ni su tarjeta de coordenadas a terceros, un factor decisivo para determinar la existencia de dolo o culpa grave.
EL ESTÁNDAR DE SEGURIDAD BANCARIA
El fallo de la Corte Suprema enfatizó el rol del banco como garante de la seguridad en las operaciones electrónicas. Los ministros señalaron que la Ley 20.009 impone un elevado estándar a las entidades financieras, al ubicarlas en una mejor posición para controlar el riesgo de fraude. En ese contexto, corresponde al banco soportar el perjuicio económico cuando ocurre un fraude, salvo que acredite que el usuario actuó con dolo o culpa grave.
El máximo tribunal también recordó que los proveedores bancarios tienen obligaciones de seguridad establecidas en la Ley 19.946 sobre protección de los derechos de los consumidores. Sumado a ello, citó la regulación sectorial de la Comisión para el Mercado Financiero que exige a los bancos contar con sistemas para identificar, evaluar y detectar operaciones con patrones de fraude, así como mantener canales de comunicación para que el usuario pueda solicitar el bloqueo de operaciones en tiempo real.
UN CRITERIO SOBRE LA INVERSION DE LA CARGA PROBATORIA
La sentencia de la Corte Suprema determinó que las juezas recurridas trasladaron indebidamente al usuario la obligación de acreditar su propia diligencia. El tribunal consideró que esta alteración del régimen legal de responsabilidad configura una falta grave susceptible de ser corregida por la vía disciplinaria. En el caso concreto, las ocho transferencias cuestionadas se realizaron en un lapso muy breve, a favor de un destinatario nuevo y por un monto cercano a los trece millones de pesos, circunstancias que, a juicio del máximo tribunal, debieron activar los protocolos de seguridad del banco.
El fallo concluyó que, al haber sido acreditada la transferencia indebida y no consentida y al no haberse demostrado un actuar atribuible a culpa grave o dolo de la empresa, solo cabía desestimar la acción del banco. Habiéndose acogido el recurso por la falsa apreciación de los antecedentes, la Corte Suprema omitió analizar el segundo reproche del arbitrio por resultar innecesario. Tampoco dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal Pleno por estimar que la falta observada no ameritaba una medida disciplinaria.
Rol N°34.546-2025, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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