La Corte Suprema anuló una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había reducido las indemnizaciones otorgadas a trece víctimas de tortura y privación ilegal de libertad durante la dictadura militar. El máximo tribunal acogió el recurso de casación en la forma presentado por los demandantes por considerar que la rebaja de los montos carecía de la fundamentación individual exigida por la ley procesal.
En un fallo con voto en contra, la Segunda Sala invalidó la resolución de segunda instancia que había disminuido las sumas fijadas originalmente por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago. La sentencia de reemplazo, dictada en el acto, confirmó el fallo de primer grado y ordenó reajustar los montos conforme al Índice de Precios al Consumidor desde que quede ejecutoriada la decisión, más intereses corrientes para operaciones reajustables.
El caso se originó en una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado contra el Fisco de Chile, presentada en procedimiento ordinario de hacienda. Los demandantes, todos víctimas directas de graves violaciones a los derechos humanos, obtuvieron en primera instancia el pago de diferentes sumas de dinero por concepto de daño moral. La Corte de Apelaciones, al confirmar el fallo, redujo estos montos mediante una avaluación prudencial.
EL VICIO DETECTADO POR EL MÁXIMO TRIBUNAL
La controversia se centró en la causal de casación del numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4 del artículo 170 del mismo cuerpo legal. Esta última norma exige que las sentencias de segunda instancia que modifiquen o revoquen las de primer grado contengan las consideraciones de hecho y de derecho que fundamenten dicha modificación.
La Corte Suprema estimó que la sentencia impugnada incurrió en el vicio denunciado. Si bien el fallo de alzada enumeró factores generales como la edad de los demandantes a la época de la detención, la duración y entidad de las persecuciones, y los montos asignados en causas similares, no explicó cómo esos criterios conducían a la rebaja individual para cada uno de los trece actores.
El tribunal señaló que la decisión de reducir las indemnizaciones se realizó mediante una motivación concentrada y general, con una sola consideración para el conjunto de los demandantes. A modo de ejemplo, la sentencia destacó que cinco de los demandantes recibieron siete millones de pesos cada uno, sin que existiera coincidencia con el tiempo de privación de libertad ni correlación con sus edades al momento de la detención.
Una de las víctimas tenía más de 33 años al ser detenida, mientras que otras bordeaban los 23 años. Según el máximo tribunal, esta situación demuestra que los factores enunciados no alcanzan para abarcar y comprender los motivos particulares que llevaron a los sentenciadores a proceder de esa forma por cada actor.
EL DEBER DE MOTIVACIÓN COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO
La sentencia de casación profundiza en la importancia de la fundamentación de las resoluciones judiciales. La Corte Suprema recordó que este deber no solo tiene relevancia procesal por la posibilidad de recurrir, sino que se enmarca en la necesidad de someter al examen ciudadano lo manifestado por el juez, evitando la impresión de arbitrariedad.
La fundamentación adecuada se considera parte esencial de la garantía del debido proceso. El fallo cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que las garantías contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive los civiles.
El máximo tribunal también recurre a la opinión del jurista Andrés Bello, quien en sus publicaciones en El Araucano destacó la importancia de fundar las sentencias como una práctica ligada a la naturaleza de las instituciones republicanas, ya que da fuerza de costumbre a la interpretación de las leyes y hace más regular la marcha de los tribunales.
LA DECISIÓN DE REEMPLAZO
En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó el fallo de primera instancia dictado el 27 de septiembre de 2023 por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que había acogido la demanda. La decisión rechaza las excepciones de pago y prescripción opuestas por el Fisco.
Sobre la excepción de pago vinculada a las leyes de reparación, el tribunal sostuvo que no existe incompatibilidad entre las indemnizaciones por daño moral y los beneficios establecidos en dicha normativa. En cuanto a la prescripción, la sentencia señala que resulta improcedente cuando la fuente de la obligación responde a un crimen de lesa humanidad, como ocurre en el caso.
El máximo tribunal también descartó los argumentos del Fisco sobre el monto indemnizatorio, señalando que el fallo de base entrega fundamentos suficientes y que las sumas resultan apropiadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.
EL VOTO EN CONTRA
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Gonzalo Ruz, quien estuvo por rechazar el recurso de casación. El disidente consideró que el fallo impugnado sí contenía los factores que justificaban la reducción, como la edad de las víctimas, la duración de los padecimientos y el tiempo de privación de libertad.
Para el ministro Ruz, la sentencia de segunda instancia hacía suyos los fundamentos de la resolución de primer grado y los factores empleados eran los usualmente utilizados para determinar indemnizaciones en esta clase de asuntos. En su opinión, lo pretendido por los recurrentes era revalorizar por tercera vez los mismos factores usados en la determinación de una facultad judicial de la cual son soberanos los sentenciadores de instancia.
LA COMPOSICIÓN DE LA SALA
La Segunda Sala de la Corte Suprema que dictó el fallo estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos Sagrista, Gonzalo Ruz Lartiga y Jorge Zepeda Arancibia, y por los abogados integrantes Pía Tavolari Gómez y Eduardo Gandulfo Ramírez. No firman los abogados integrantes por encontrarse ausentes, no obstante haber estado en la vista de la causa.
Rol N° 21.367-2024, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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