Sala de la Corte Suprema rechaza casación y mantiene indemnizaciones a víctimas de atropello por furgón policial en Cerrillos
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la parte demandante en contra de la sentencia que confirmó las indemnizaciones por daño moral a favor de una mujer atropellada por un furgón de Carabineros y su grupo familiar. El fallo deja firme el pago de treinta millones de pesos para la víctima directa y quince millones para su cónyuge e hija, en el marco de una demanda por falta de servicio contra el Fisco de Chile.
El máximo tribunal determinó que el arbitrio procesal carecía de fundamento al intentar impugnar los montos indemnizatorios y la valoración de la prueba sin alegar eficientemente una infracción a las normas reguladoras de la prueba, lo que hace inamovibles los hechos establecidos por los jueces de fondo.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2017, cuando una mujer cruzaba la calle Doctor Luis Vargas Salcedo en la comuna de Cerrillos y fue impactada por un furgón policial de Carabineros de Chile. La víctima sufrió fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y diversas lesiones graves que la mantuvieron hospitalizada por más de once semanas y le provocaron un grado de discapacidad severa del orden del 87,5 por ciento, tanto física como cognitiva, quedando en estado de dependencia total de terceros.
La demanda fue presentada por la propia víctima, representada por su hija, junto a su cónyuge e hija. Los actores reclamaron indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral contra el Fisco de Chile, fundados en la falta de servicio de Carabineros, dado que el conductor del vehículo institucional se desplazaba con exceso de velocidad por una zona urbana y escolar.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda, en sentencia de treinta de abril de dos mil veinticuatro. El tribunal dio por establecida la responsabilidad del Fisco por la falta de servicio, pero acogió únicamente el daño moral en favor de los tres demandantes y parte del daño emergente asociado a atenciones de neurólogo y cirugías. En cuanto al lucro cesante planteado por la hija, que habría dejado de estudiar para cuidar a su madre, fue rechazado por falta de certeza en los hechos que lo fundaban.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de primer grado con declaración, reduciendo los montos por daño moral respecto de lo resuelto en la instancia. Así, fijó treinta millones de pesos para la víctima directa, quince millones para su cónyuge y quince millones para su hija. La corte de alzada consideró que, si bien la víctima cruzó por un lugar no habilitado para el cruce peatonal, esta circunstancia carecía de trascendencia al no haber sido invocada oportunamente por la defensa fiscal.
LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La parte demandante recurrió de casación en el fondo, denunciando la infracción de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que consagran el principio de reparación integral del daño. En concreto, la actora sostuvo que se acreditó un mayor daño emergente, que el lucro cesante debió acogerse considerando la pérdida de oportunidad de la hija para titularse como abogada, y que la rebaja del daño moral resultó arbitraria e injustificada.
LA RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA
La Tercera Sala estimó que el recurso no alegaba eficientemente ninguna vulneración a preceptos que tengan el carácter de norma reguladora de la prueba, de modo que no podía revisar los hechos asentados por los jueces del mérito. El tribunal recordó que la casación en el fondo solo permite analizar la correcta aplicación del derecho a los hechos tal como fueron establecidos, y que la modificación de los presupuestos fácticos es ajena a este arbitrio.
Además, la sala señaló que la determinación del monto del daño moral queda entregada a la prudencia de los jueces de fondo, una vez acreditada la existencia del perjuicio, y que no es susceptible de revisión por la vía de la casación. En consecuencia, rechazó el recurso por manifiesta falta de fundamento.
La decisión fue adoptada por los ministros Jean Pierre Matus Acuña, Omar Antonio Astudillo Contreras y Dinko Antonio Franulic Cetinic, junto a los abogados integrantes José Miguel Valdivia Olivares y Andrea Paola Ruiz Rosas.
Rol N°34.309-2025, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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