El Tribunal Constitucional quedó a las puertas de resolver el fondo de los tres requerimientos presentados por la oposición contra la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como la megarreforma, luego de dos extensas jornadas de audiencias y alegatos. La fase decisiva del proceso comenzó este jueves, después de que los magistrados escucharan a representantes de 56 organizaciones de la sociedad civil y a los abogados del Senado, de la Cámara de Diputados y del Presidente de la República.
Las impugnaciones apuntan principalmente a la invariabilidad tributaria y a las modificaciones en materia ambiental, entre ellas el mecanismo que obligaría al Estado a pagar una compensación económica cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. La decisión que adopte el TC determinará si esas normas se mantienen en el texto de la megarreforma o si algunas quedan fuera de la normativa.
AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Durante la primera jornada, que se extendió por más de cinco horas, los ministros escucharon a terceros interesados provenientes de 56 entidades de la sociedad civil. Entre los comparecientes hubo agrupaciones ambientalistas, organizaciones sindicales, grupos de defensa del medio ambiente y centros de pensamiento, que se manifestaron tanto a favor como en contra de las materias requeridas por la oposición.
Este jueves, en tanto, el pleno del TC dedicó casi seis horas a los alegatos de los intervinientes principales. Abrieron la ronda los abogados del Senado, Jorge Correa Sutil y Melissa Mallega, y luego intervino Diego Pardo, en representación de los diputados. Más tarde fue el turno de Arturo Fermandois, quien expuso por 40 minutos en representación del Presidente José Antonio Kast, y de la abogada Catalina Salem, también por el Senado.
ALEGATOS CONTRA LA INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
El abogado Jorge Correa Sutil centró su intervención en la supuesta inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria. Sostuvo que una ley que impida a una legislatura futura modificarla es contraria a la República democrática y a sus dos principios más básicos. En ese sentido, planteó que el TC debe ser deferente con el legislador, porque este representa a las mayorías.
Correa Sutil agregó que la norma impugnada limita severamente, o derechamente impide, que las mayorías ejerzan una función que la Constitución les asigna. InvoCó el principio de deferencia al legislador democrático y citó sentencias del propio tribunal para sostener que la ley es contraria a la Constitución.
Por su parte, el abogado Diego Pardo profundizó en varios de los artículos impugnados. Sobre la invariabilidad tributaria, enfatizó que para establecerla se debió reformar la Constitución y que la vía utilizada en la megarreforma constituye una alternativa en fraude a la Constitución.
CRÍTICAS AL RÉGIMEN DE INDEMNIZACIÓN POR RCA
La abogada Melissa Mallega concentró su alegato en el régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Sostuvo que el artículo 12 de la ley plantea un falso error y que incluso abusa del derecho al recurrir a la ficción de tratar la anulación de una RCA como un error del Estado indemnizable.
En su intervención, Mallega explicó que la anulación es una sanción que establece el ordenamiento jurídico por infringir la legalidad y que resulta propia de un Estado de Derecho. A su juicio, la norma crea un crédito y lo que está en juzgamiento es la creación de un mecanismo reparatorio insólito, privilegiado y que transgrede la Constitución.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
El abogado Arturo Fermandois defendió la constitucionalidad de la megarreforma y sostuvo que la normativa busca cumplir la promesa de reactivación económica del Presidente Kast. En su exposición, enfatizó la presunción de constitucionalidad de la ley y cuestionó los argumentos de la Cámara y del Senado, porque apuntarían a sostener que una democracia no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo a través de leyes.
En materia ambiental, Fermandois señaló que las normas sobre la RCA buscan que el acto administrativo de evaluación ambiental tenga un poco más de credibilidad. Sostuvo que el mensaje de la ley es que el privado se arriesgue, porque el Estado le devolverá al menos un mínimo. Negó que se trate de un negocio para el inversionista y afirmó que el titular de una RCA quiere ejecutar su proyecto, no obtener una indemnización.
FASE DECISIVA ANTE EL TC
Con los alegatos y antecedentes a la vista, el Tribunal Constitucional entró en la etapa decisiva para resolver el fondo de los tres requerimientos. El fallo podría dejar sin efecto algunas de las normas impugnadas o confirmar su vigencia dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Las jornadas dejaron en evidencia las profundas diferencias entre quienes defienden la reforma como una herramienta de reactivación económica y quienes la consideran un mecanismo que atenta contra el principio democrático y el Estado de Derecho. Ahora, la palabra final corresponde al pleno del TC, cuyos ministros deberán pronunciarse sobre la compatibilidad de la invariabilidad tributaria y de las compensaciones ambientales con el texto constitucional.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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