Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior y actual director del Área Política de Libertad y Desarrollo, afirmó que la agenda de seguridad anunciada por el presidente José Antonio Kast no es una propuesta partisana, sino el cumplimiento de un compromiso de campaña que explica su triunfo de diciembre. El sociólogo de Renovación Nacional sostuvo que la oposición tendrá poco margen político para rechazar un paquete legislativo que responde a una demanda ciudadana prioritaria.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y SUS ALCANCES
Respecto de la reforma constitucional que el Ejecutivo ingresará al Congreso para establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, Ubilla advirtió que aún no se conoce el contenido del proyecto. La discusión, dijo, pasa por determinar si la seguridad pública se incorpora al artículo primero de la Constitución o si se consagra como una garantía protegida en el artículo 19, porque las consecuencias jurídicas son distintas.
En el primer caso, la discusión sería si el concepto de seguridad nacional, que ya contempla el artículo primero, comprende la seguridad pública. En el segundo, abriría la puerta a recursos ciudadanos ante eventuales incumplimientos y podría generar acciones contra el Estado si persisten los delitos. En ese escenario, ante la consulta sobre si un grupo parlamentario podría intentar utilizar ese deber constitucional como fundamento para pedir la destitución del presidente, Ubilla no se pronunció directamente y se limitó a señalar que no conoce el detalle de los elementos adicionales que el Ejecutivo quiere incorporar a la Constitución. El sociólogo también mencionó la intención de reconocer regímenes penitenciarios diferenciados para delitos de crimen organizado, aunque advirtió que el Tribunal Constitucional podría cuestionar por qué un homicidio recibe un tratamiento penitenciario distinto. Otros países resuelven esa materia por ley común, pero en Chile el control constitucional es un factor que no se puede ignorar.
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MACROZONA SUR
Sobre la propuesta de crear un quinto estado de excepción constitucional, Ubilla prefirió esperar el texto formal del gobierno. A modo de referencia, recordó que en la Macrozona Sur el estado de excepción se ha renovado en 65 oportunidades y que, en su apreciación, ha dado resultados: los delitos han disminuido y aumentaron las personas detenidas, juzgadas y condenadas. También señaló que la última estrategia de defensa promulgada en 2021 reconoce la existencia de una amenaza externa e interna.
SEGURIDAD Y LIBERTADES EN TENSIÓN
Consultado por la contradicción aparente entre defender las libertades individuales y respaldar restricciones a esas libertades, Ubilla reconoció que quienes tienen una aproximación liberal siempre vivirán esa tensión. Sin embargo, planteó que el crimen organizado constituye una amenaza significativa para la convivencia social. La seguridad, agregó, no se distribuye de manera homogénea en la sociedad: afecta con más fuerza a los sectores de menores ingresos, que no pueden protegerse con tecnología ni seguridad privada. La mayoría de la ciudadanía, dijo, prefiere sacrificar espacios de libertad a cambio de mayor seguridad, y recalcó que cualquier avance debe buscar el equilibrio para no transgredir arbitrariamente esos espacios. Ese equilibrio, admitió, es complejo.
UNA AGENDA NO PARTISANA
Para Ubilla, la agenda anunciada por el gobierno reúne al menos seis o siete ejes, entre ellos seguridad penitenciaria, control fronterizo, crimen organizado y Macrozona Sur. Señaló que recoge planteamientos discutidos en las campañas presidenciales de Evelyn Matthei y del propio José Antonio Kast, por lo que no la considera una propuesta partisana. A su juicio, tampoco es una agenda republicana. Puso como ejemplo la legítima defensa privilegiada para funcionarios de Carabineros y Gendarmería cuando están de franco, una demanda que el sector ha planteado durante años y que no califica como un exceso.
DECOMISO Y ENAJENACIÓN TEMPRANA
En materia de decomiso de bienes cuando no se pueda acreditar su origen lícito, el exsubsecretario recordó que el tema viene desde hace una década. Se incautan drogas, cigarrillos de contrabando, armas, vehículos, viviendas, obras de arte y activos financieros, entre otros. Existe una ley de enajenación temprana con algunos años de vigencia, pero resulta insuficiente porque no hay una institucionalidad que asuma la responsabilidad de hacer funcionar el sistema. Para cada tipo de bien incautado debería existir una solución institucional que permita enajenarlo de manera temprana.
OPOSICIÓN SIN MARGEN
El sociólogo compartió el diagnóstico del exministro de Seguridad Luis Cordero en cuanto a la necesidad de implementar las leyes aprobadas durante el gobierno anterior, pero planteó que aplicar la legislación vigente no es excluyente con impulsar una nueva batería de proyectos. La capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, dijo, es muy superior a la capacidad de adaptación del Estado, por lo que la respuesta debe ser dinámica. En su análisis, los parlamentarios de oposición que han levantado barreras en otros temas no tendrán espacio para negarse a discutir medidas de seguridad, porque el país demanda respuestas concretas y la ciudadanía observa con atención el comportamiento de sus representantes. El gobierno, concluyó, abordó un cambio profundo en materia de seguridad y, en paralelo, implementa los cambios normativos de la administración anterior, cuyos efectos no serán inmediatos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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