El Tribunal Constitucional se prepara para un quiebre en su conducción: la ministra Daniela Marzi dejará la presidencia este viernes y será reemplazada por María Pía Silva, magistrada cercana a la Democracia Cristiana. El cambio de mando ocurre en medio de una intensa agenda legislativa, con proyectos impulsados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, como la megareforma de Reconstrucción y el Registro de Vándalos asomando en el horizonte de control de constitucionalidad. La nueva presidenta ocupará el cargo hasta julio de 2027 y su voto dirimente podría ser determinante en múltiples controversias.
La salida de Marzi, afín al Frente Amplio, y el arribo de Silva abren un escenario incierto. Ya en la tramitación del proyecto Escuelas Protegidas, el voto dirimente de Marzi inclinó la balanza en tres de cuatro materias que la oposición consideraba inconstitucionales. En ese fallo, Silva se pronunció a favor de la constitucionalidad de normas como la revisión de mochilas por la policía sin presencia de los padres, la posibilidad de que las policías actuaran sin autorización de un fiscal y un criterio de admisión aleatoria en colegios con cupos insuficientes que consideraba no haber sido sancionado con expulsión o cancelación de matrícula.
Para algunos sectores, esa votación fue un triunfo de la oposición, pero también advierten que no se debe asumir que el TC estará siempre de su lado. La nueva conformación del tribunal y la regla del voto dirimente generan expectativas encontradas.
COMPOSICIÓN Y REGLA DEL VOTO DIRIMENTE
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, declaró a La Segunda que es un error de la oposición creer que tienen un TC a favor de su estrategia política. Según Cordero, en el tribunal predominan abogados con alta valoración jurídica, por sobre la política partisana. Leer a los jueces en clave política sería no comprender cómo el TC ha construido su legitimidad en los últimos años.
Por su parte, Sebastián Zárate, abogado y profesor de derecho constitucional de la U. Autónoma, cuestionó la regla del voto dirimente. Sostiene que permite que la suerte de una ley quede librada a la decisión de una sola persona sin que medie mayoría real del pleno. Zárate propone que ante un empate se entienda rechazada la acción o el requerimiento, lo que equivaldría a una presunción de constitucionalidad de la norma impugnada. De esa forma, el voto de un ministro no valdría doble, algo que, según él, carece de sentido constitucional.
LAS SEÑALES DE ESCOLAS PROTEGIDAS
Expertos consultados por Emol piden cautela al interpretar el comportamiento de Silva en esa votación. Luis Palacios, académico y Director Nacional de la Escuela de Derecho de la USS, califica como apresurado calificarla simplemente como una presidenta menos proclive a la oposición. Precisa que en Escuelas Protegidas se observó una aproximación más deferente hacia el legislador en materias de seguridad, convivencia escolar y orden institucional, siempre que existan fines legítimos y regulación que supere un juicio de proporcionalidad.
Palacios recuerda que en otras materias, como la gratuidad universitaria, Silva concurrió a declarar inconstitucional una medida por afectar de manera desproporcionada el acceso a la educación. Por eso, más que un giro conservador, habla de una posición de centro jurídico-institucional: deferente con el legislador en ciertos ámbitos, pero no disponible para validar sanciones accesorias que afecten derechos fundamentales sin suficiente justificación constitucional.
Zárate agrega que, en un escenario institucional defectuoso por la regla del voto dirimente, la presidencia de Silva es la mejor carta posible para el sistema. Destaca su pensamiento constitucional de centro, con una cuota importante de humanismo cristiano, y su designación desde la Corte Suprema, lo que le otorga independencia de origen. No se le percibe alineada con el Gobierno y sus votos han ido en ambas direcciones según la materia, no según el bloque.
RECONSTRUCCIÓN Y REGISTRO DE VÁNDALOS
De cara a los debates que se avecinan, especialmente sobre los proyectos de Reconstrucción y Registro de Vándalos, Palacios plantea que la posición de Silva puede ser decisiva si se repiten empates como los de Escuelas Protegidas. Respecto a Reconstrucción, si la discusión se concentra en materias económicas, tributarias o de modernización administrativa, es probable que el TC actúe con mayor deferencia hacia el Congreso y el Ejecutivo. Solo si se advierten problemas claros de igualdad ante la ley, reserva legal, iniciativa exclusiva, afectación de derechos adquiridos o autonomía de otros órganos, podría haber objeciones.
En cambio, el Registro de Vándalos parece tener un riesgo constitucional más evidente. Si el proyecto contempla sanciones accesorias, pérdida de beneficios, restricciones amplias o efectos estigmatizantes derivados de la incorporación a un registro, el precedente de Escuelas Protegidas es relevante, advierte Palacios.
Parte de la oposición, incluyendo senadores del Socialismo Democrático y diputados socialistas, ya anunció que llevaría el proyecto de Reconstrucción al TC. El jueves se sumarían todas las tiendas.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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