ROL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA INAPLICABILIDAD QUE BUSCABA EQUIPARAR EL DERECHO A APELAR DEL IMPUTADO FRENTE A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS
El Tribunal Constitucional, por una votación de mayoría, desestimó un requerimiento que buscaba declarar inaplicables, por inconstitucionales, dos frases del artículo 277 del Código Procesal Penal que permiten apelar el auto de apertura del juicio oral solo cuando el recurso lo interpone el Ministerio Público. La decisión, adoptada con fecha 23 de junio de 2026, confirma que la normativa procesal penal no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley ni el debido proceso, al existir un diseño recursivo deliberadamente restringido.
El caso se originó en una gestión pendiente ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, en que el requirente, imputado por los delitos de abuso sexual y violación de mayor de edad, vio excluidas las pruebas ofrecidas por su defensa. En la audiencia de preparación de juicio oral, realizada el 24 de octubre de 2025, tanto el Ministerio Público como la parte querellante solicitaron la exclusión de la prueba de la defensa consistente en ebooks de cinco causas penales seguidas ante el mismo tribunal. El juez de garantía acogió la petición, estimando la prueba manifiestamente impertinente y considerando que afectaba el derecho a la igualdad que ampara a un grupo vulnerable.
Ante esta decisión, la defensa dedujo un recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible en virtud del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal. Dicha disposición establece que el auto de apertura del juicio oral solo es apelable cuando lo interpone el Ministerio Público y únicamente cuando la exclusión de pruebas se ha decretado por las causales del inciso tercero del artículo 276 del mismo código, es decir, por provenir de actuaciones declaradas nulas o por inobservancia de garantías fundamentales. La defensa interpuso entonces un recurso de hecho, el cual quedó pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL: ¿IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO?
La requirente sostuvo que la aplicación del artículo 277 en su contra vulneraba las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso. Argumentó que no existe un fundamento constitucional razonable para permitir que solo el Ministerio Público pueda recurrir la exclusión de pruebas, dejando al imputado en un claro desequilibrio y desarmado frente a la acusación. A su juicio, la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en caso de una sentencia condenatoria no resuelve el problema, pues se trata de un recurso excepcional y de derecho estricto.
El Ministerio Público, al evacuar el traslado, solicitó el rechazo del requerimiento. Señaló que en el caso concreto, la exclusión de la prueba de la defensa se decidió por dos motivos, siendo uno de ellos la manifiesta impertinencia. Por lo tanto, los intervinientes están absolutamente equiparados, ya que respecto de la exclusión por impertinencia ningún interviniente tiene derecho a apelar. Añadió que lo que realmente se persigue no es obtener un recurso ya establecido, sino la creación de una norma que consagre un recurso que la ley no contempla, lo que requiere una ley orgánica constitucional.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género también solicitó el rechazo, argumentando que los preceptos impugnados están en armonía con los principios del sistema procesal penal y que no existe una garantía del debido proceso afectada. Planteó que una interpretación aislada del texto constitucional podría implicar un retroceso en la protección de derechos fundamentales, debilitando la obligación estatal de investigar y sancionar con debida diligencia los actos de violencia de género.
FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional, en su sentencia, razonó que lleva razón el Ministerio Público al aseverar que el precepto legal cuestionado solo admite el recurso de apelación para el Ministerio Público cuando el motivo de exclusión sea el recogido en el inciso tercero del artículo 276, esto es, que la prueba provenga de actuaciones nulas u obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. En el caso concreto, la exclusión se decidió también por impertinencia, por lo que no puede prosperar el reclamo de quebrantamiento de la igualdad ante la ley.
El fallo recordó su jurisprudencia reiterada, señalando que el derecho al recurso es un componente del debido proceso, pero no equivale a la facultad de impugnar a través de la apelación todas y cada una de las resoluciones. El legislador es libre de establecer un sistema de recursos, y en el proceso penal chileno se privilegia el control horizontal por sobre el vertical. La apelación es un medio de carácter excepcional, y la regla general del artículo 370 del Código Procesal Penal solo la permite cuando la ley lo señale expresamente o cuando las resoluciones pongan término al procedimiento o hagan imposible su prosecución.
LA DISIDENCIA
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros señores Miguel Ángel Fernández González y Héctor Mery Romero. Los disidentes estuvieron por acoger el requerimiento, argumentando que el impedimento para deducir un recurso de apelación lleva a un resultado contrario al derecho a un procedimiento racional y justo. Sostuvieron que la resolución acerca de la determinación de las pruebas que se incluirán en el juicio oral es de trascendental importancia para el derecho a defensa y que someterla únicamente al criterio del juez de garantía, sin posibilidad de revisión, afecta el debido proceso. Para los disidentes, las argumentaciones de la mayoría no evalúan el precepto desde la Constitución, sino que reducen el examen a una interpretación de normas legales.
Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, alzó la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Rol N° 17.102-2025, Tribunal Constitucional de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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