Proyecto busca restringir acusaciones constitucionales en Chile elevando quórum y exigiendo fiscalización previa
Un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 52 de la Carta Fundamental para endurecer los requisitos de procedencia y admisibilidad de las acusaciones constitucionales, con el objetivo de frenar su uso recurrente como herramienta de confrontación política y restituir su carácter excepcional. La iniciativa, ingresada bajo el Boletín N° 18.427-07, fue patrocinada por los senadores señor Cruz-Coke, señoras Balladares y Vodanovic, y señores De Urresti y Macaya.
El proyecto surge a partir de un diagnóstico crítico: entre 2018 y 2026 se concentró una proporción significativa de todas las acusaciones constitucionales presentadas desde el retorno a la democracia. Durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera se promovieron acciones contra los ministros Marcela Cubillos, Raúl Figueroa, Víctor Pérez y Andrés Chadwick, entre otros, mientras que en la administración del Presidente Gabriel Boric se registraron acusaciones contra las ministras Marcela Ríos y Carolina Tohá, y los ministros Marco Antonio Ávila, Giorgio Jackson, Nicolás Cataldo y Carlos Montes. La mayoría de estas iniciativas fue rechazada o no alcanzó los quórums necesarios para prosperar, lo que, según los autores, demuestra un uso desmedido del mecanismo.
Los fundamentos del proyecto citan la experiencia comparada como ejemplo de equilibrio institucional. Mencionan que en Estados Unidos el impeachment requiere una mayoría calificada de dos tercios del Senado; en Alemania la destitución del Presidente Federal solo procede ante el Tribunal Constitucional Federal por infracciones dolosas; y en España no existe un mecanismo equivalente para ministros individuales, canalizándose la responsabilidad política mediante la censura parlamentaria al Gobierno como órgano colegiado.
AUMENTO DEL MÍNIMO DE PATROCINANTES
La reforma propone un cambio central en el artículo 52 N° 2 de la Constitución. El texto vigente exige que la acusación sea formulada por no menos de diez ni más de veinte diputados. El proyecto reemplaza esta banda por un umbral único de no menos de veinte diputadas y diputados, eliminando el tope máximo. Los autores sostienen que esta medida opera como un primer filtro para evitar que grupos reducidos impulsen acusaciones sin respaldo parlamentario amplio.
REQUISITO DE FISCALIZACIÓN PREVIA PARA MINISTROS
Se incorpora una exigencia inédita: para acusar a los Ministros de Estado será requisito previo haber ejercido la facultad fiscalizadora de citación contemplada en el artículo 52 N° 1, letra b), de la Constitución. La iniciativa busca establecer una gradualidad en el control político, exigiendo que antes de recurrir al instrumento más severo se agote el mecanismo ordinario de fiscalización. La medida pretende desincentivar el uso de la acusación como primera reacción frente a controversias políticas.
UNIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE ADMISIBILIDAD
En el régimen vigente, para declarar que ha lugar la acusación se exige la mayoría de los diputados en ejercicio solo respecto del Presidente de la República y de los gobernadores regionales, mientras que para los demás casos basta la mayoría de los diputados presentes. La reforma unifica el estándar y exige, en todos los casos, el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio, elevando el respaldo necesario para acoger la acusación.
SUSPENSIÓN Y DEFENSA LETRADA
El proyecto también sistematiza los efectos de la declaración de admisibilidad. Se mantiene la regla de suspensión del afectado desde que la Cámara declara que ha lugar la acusación, con cese si el Senado la desestima o no se pronuncia en treinta días. Se establece expresamente que la suspensión no procederá respecto del Presidente de la República, resguardando la continuidad del cargo presidencial. Finalmente, se incorpora a rango constitucional el derecho de la persona afectada a designar un abogado para su representación en todas las etapas del procedimiento.
Los autores enfatizan que la iniciativa no altera la naturaleza, finalidad ni destinatarios de la acusación constitucional, sino que busca restablecer criterios de proporcionalidad, racionalidad institucional y estabilidad democrática.
Boletín N° 18.427-07, Senado de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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