En medio de un alza de las denuncias por maltrato a adultos en establecimientos educacionales y de la preocupación por el porte de armas en los colegios, el Gobierno publicó esta mañana en el Diario Oficial la Ley 21.827, conocida como Escuelas Protegidas. La normativa modifica las reglas de la convivencia escolar, permite revisar mochilas y amplía las atribuciones de los docentes.
Según antecedentes del Ejecutivo, las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación subieron 58% entre 2023 y 2025, al pasar de 441 a 695 casos. En tanto, Carabineros registró durante 2025 un promedio de 893 delitos por porte de armas en recintos educacionales.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que la ley es una respuesta al pedido de las comunidades educativas. Recordó que después del ataque ocurrido en un colegio de Calama, las dirigentas de padres y apoderados solicitaron medidas concretas para dejar a sus hijos en el colegio con tranquilidad. Agregó que el nuevo marco legal da certeza, respaldo y confianza a los establecimientos para implementar herramientas que antes no podían utilizar.
El Presidente José Antonio Kast defendió la revisión de mochilas durante una ceremonia en el Colegio Nueva Zelandia de Independencia. Comparó el procedimiento con el control aeroportuario, donde los pasajeros deben mostrar sus pertenencias antes de abordar, y sostuvo que «si el que nada hace, nada teme». Añadió que la escuela es como la casa y que los estudiantes pueden mostrar sus cosas a una persona de confianza.
REVISIÓN DE MOCHILAS: CONDICIONES
La ley establece que la comunidad educativa tiene derecho a desarrollar sus funciones en un entorno de respeto y seguridad. La violencia contra docentes, asistentes de la educación o estudiantes es calificada como una vulneración grave al derecho a la educación del conjunto de la comunidad escolar.
Los sostenedores podrán incorporar en los reglamentos internos la revisión de mochilas y bolsos para impedir el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros, atentar contra la infraestructura o que resulten potencialmente peligrosos. La revisión debe realizarse en un lugar privado, con al menos dos adultos capacitados, uno de ellos del equipo de convivencia escolar, y debe resguardar la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. Queda prohibida la revisión corporal y de vestimentas.
QUÉ PASA ANTE UNA NEGATIVA
La revisión no puede ser forzosa. Si el estudiante se niega, el establecimiento debe informar al apoderado para que concurra a revisar la mochila en presencia de personal autorizado. Durante ese tiempo, el alumno permanecerá bajo el resguardo de personal autorizado en un lugar distinto a la sala de clases.
Si el apoderado también se niega, las pertenencias deben ser retiradas del colegio. El sostenedor deberá dejar constancia de la situación e informar a la Oficina Local de la Niñez competente.
Cuando se encuentren elementos peligrosos, el personal autorizado deberá comunicar de inmediato el hecho a los padres o apoderados y a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones, para que adopten las medidas o procedimientos que correspondan conforme a la ley.
MÁS AUTORIDAD PARA DOCENTES
La normativa faculta a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata, con el objetivo de mantener el orden en la sala de clases. Esas medidas deben ajustarse a criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica, y deben promover la responsabilidad del estudiante, la salud mental de la comunidad educativa y el aprendizaje de conductas acordes a la vida escolar.
OTRAS DISPOSICIONES
Los reglamentos internos deberán prohibir el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, salvo que existan necesidades de salud, religiosas u otras debidamente justificadas. Además, las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas serán consideradas una afectación grave a la convivencia escolar.
La ley también refuerza la participación de las familias. Los docentes podrán requerir la asistencia de padres y apoderados a instancias formativas, y estos deberán concurrir obligatoriamente a las citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.
Los reglamentos internos podrán incluir la suspensión del derecho de ingreso al establecimiento para los padres, madres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente, incluso por medios digitales, a un funcionario o a un estudiante.
En el plano administrativo, se busca reducir la sobrecarga derivada de las denuncias ante la Superintendencia. La gestión colaborativa será priorizada, salvo que existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
Con esta publicación, el Gobierno espera entregar a los colegios un marco legal que les permita enfrentar la violencia escolar con mayores herramientas.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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