La Comisión de Minería y Energía del Senado retomó este 12 de agosto la tramitación del proyecto que modifica el Código de Minería y las leyes 21.420 y 21.649 en materia de amparo minero, en una sesión transmitida por el canal TV SENADO CHILE. La instancia, centrada en el boletín 18.259-08, volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre los efectos de la normativa vigente y la urgencia de proteger a la pequeña minería.
TRAMITACIÓN Y EXPOSICIONES
La sesión comenzó con la cuenta de documentos y la excusa del ministro de Minería, quien no pudo asistir por compromisos previamente agendados. Luego intervino el vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, Juan Carlos Sáez, quien entregó antecedentes remitidos por la Sociedad Nacional de Minería, a través de su presidente Jorge Riesco. Según esos datos, la mediana y la pequeña minería privada concentran el 79,4% de las concesiones morosas y el 71,5% de la superficie expuesta a esa situación.
El ejecutivo de ENAMI también citó cifras de la asociación Agrumín, que dan cuenta de un aumento relevante de costos desde 2024 y de una alta tasa de rechazo de solicitudes de rebaja de patente, cercana al 49%. Se mencionó, asimismo, que la pequeña minería habría perdido alrededor de 24.000 hectáreas producto de remates por falta de pago.
PREOCUPACIÓN POR LA PEQUEÑA MINERÍA
El senador Daniel Núñez advirtió que la pequeña minería y el minero artesanal están desapareciendo, al menos en la formalidad. Planteó la necesidad de perfeccionar el régimen de patente especial contemplado en el artículo 142, que beneficia a pequeños mineros y mineros artesanales, y propuso ampliar de 100 a 150 hectáreas el beneficio para el segmento más pequeño. También relevó la situación de quienes trabajan pertenencias arrendadas, como ocurre con pequeños mineros de Salamanca que operan en terrenos de la minera Tres Valles, y preguntó cómo asegurar que el ahorro en la patente llegue efectivamente a quien trabaja la faena.
En tanto, el senador Renzo Trzoti solicitó datos concretos sobre cuántos pequeños y medianos mineros cayeron en mora o arriesgaron sus concesiones producto del alza de patentes, así como información sobre remates entre 2024 y 2026 y el impacto de la nueva patente fija de 0,4 UTM por hectárea en comparación con el régimen progresivo. Preguntó, además, si se contempla algún mecanismo transitorio de compensación para quienes ya perdieron concesiones.
La presidenta de la comisión, por su parte, cuestionó que la presentación de ENAMI no incluyera datos con fuentes y exigió respaldo empírico para afirmaciones como el aumento de remates o la concentración del mercado. Solicitó precisiones sobre los artículos 118 y 119 del Código de Minería, cuya reposición propone el proyecto, y sobre el efecto en el financiamiento de la PGU.
RESPUESTAS DEL EJECUTIVO
El subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó que la iniciativa busca simplificar el proceso de postulación y pago de patentes, eliminar la escala progresiva y ampliar las causales de acceso a la patente rebajada de 0,1 UTM. Entre las novedades, mencionó que el beneficio se extiende a arrendatarios y usufructuarios, y que bastará contar con un permiso de Sernageomin o una declaración jurada para acreditar actividad minera.
El subsecretario sostuvo que la escala progresiva aún no ha entrado en vigencia y que la liberación de propiedad se ha producido bajo la patente de 0,4 UTM. Afirmó que el régimen actual triplicó la recaudación, pero reconoció una leve caída reciente. Respecto de la recaudación municipal, señaló que la ley 21.420 fija un techo de 80 millones de dólares, por lo que la reforma no afectaría a los municipios.
También defendió que el proyecto no crea un beneficio para la gran minería, sino que unifica causales de rebaja y agrega dos nuevas, orientadas a la exploración y a la formalización. Sobre los arriendos, admitió que no existe un registro de contratos y que habrá que buscar mecanismos para incentivar la puesta en valor de la propiedad minera.
COMPROMISOS Y PRÓXIMOS PASOS
El senador Núñez insistió en que no está disponible para apoyar una rebaja de patentes a las grandes mineras que pagan royalty y propuso invitar a los exministros Juan Carlos Ylovet e Ignacio Brones para que expliquen el origen de la ley 21.420. También solicitó un estudio comparado de pago de patentes en países como Perú, Ecuador, Australia y Canadá, encargado a la Biblioteca del Congreso Nacional.
El subsecretario se comprometió a llevar los datos solicitados a la sesión de mañana en Illapel y a entregar el resto la semana siguiente. Antes de levantar la sesión, la presidenta valoró el artículo cuarto del proyecto, que encarga a Sernageomin publicar un informe anual desagregado por región, y remarcó la necesidad de asegurar que el ahorro por patente rebajada llegue al pequeño minero que trabaja la concesión y no solo al titular que la arrienda.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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