El gobierno defendió este lunes la reforma constitucional en materia de seguridad ingresada al Senado y salió al paso de las críticas que parlamentarios de distintos sectores formularon durante la última semana. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que las objeciones sobre un eventual recorte de prestaciones de salud para personas condenadas obedecen a una mala interpretación del texto.
La iniciativa, que el Ejecutivo presentó formalmente ante el Congreso, busca ampliar las herramientas estatales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, antes de su tramitación ya generó reparos en la oposición y también en sectores oficialistas, lo que anticipa una discusión compleja en la Comisión de Constitución del Senado.
INGRESO Y CRÍTICAS
El proyecto fue ingresado esta jornada al Senado, y a pocas horas de ese trámite Alvarado salió a respaldar la propuesta. El secretario de Estado pidió a los legisladores conocer el texto completo antes de emitir juicios, luego de que el senador Matías Walker calificara la iniciativa como un eventual retroceso constitucional.
Walker, quien integra la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, fue uno de los primeros en manifestar reparos. Sus dichos fueron compartidos por otros personeros de la oposición, aunque las dudas también llegaron desde el oficialismo, lo que evidencia la complejidad política que enfrenta la reforma.
El biministro respondió directamente a esas críticas y planteó que el espacio natural para resolver las diferencias es la discusión legislativa. Según Alvarado, es en el debate donde se pueden intercambiar puntos de vista y buscar puntos de encuentro, en lugar de anticipar conclusiones sobre una iniciativa que recién comienza su recorrido.
ALCANCE DE LA REFORMA
La propuesta del Ejecutivo contempla ocho modificaciones a la Constitución. Entre ellas destaca la incorporación de la seguridad pública como mandato constitucional y deber del Estado, junto con la creación de un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, que estaría asociado a un régimen penitenciario especial.
Otro de los ejes centrales es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este mecanismo podría ser decretado por el Presidente de la República ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta se encuentre gravemente afectada.
El texto establece una duración máxima de 120 días, con posibilidad de prórroga por igual período. Para extensiones adicionales se requeriría el acuerdo del Congreso, lo que introduce un control político relevante sobre la decisión presidencial.
Las facultades contempladas incluyen restringir o suspender la libertad personal y de locomoción, así como el derecho de reunión. También se habilita la restricción del derecho de asociación, la interceptación, apertura o registro de documentos y comunicaciones, y la posibilidad de disponer requisiciones de bienes.
DEBATE POR RESTRICCIONES
Uno de los aspectos que más controversia despertó durante los últimos días fue la eventual aplicación de restricciones a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. El primer borrador de la iniciativa había sido criticado por una posible inhabilitación para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales, incluyendo salud, educación, trabajo y seguridad social.
Esa inhabilitación podría extenderse incluso después del cumplimiento de la condena, lo que generó un intenso debate público. El texto finalmente ingresado mantiene la posibilidad de establecer restricciones, pero entrega su regulación a una ley de quórum calificado, lo que acota el alcance que había sido cuestionado.
En ese contexto, Alvarado buscó despejar la preocupación más extendida: que los condenados pudieran quedar sin atención médica o sin otras prestaciones básicas. El ministro fue enfático en señalar que la iniciativa no contempla incumplimientos en la atención de salud ni en otras necesidades de los internos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El biministro sostuvo que la propuesta no apunta a eliminar las prestaciones esenciales para quienes se encuentran privados de libertad. Según explicó, la discusión se refiere únicamente a la posibilidad de restringir determinados beneficios sociales para aquellas personas que han cometido delitos graves contra la sociedad.
En esa línea, Alvarado diferenciar entre limitar ciertos beneficios y privar a los internos de atenciones de salud u otras necesidades. El planteamiento del Ejecutivo, añadió, se limita a abrir la posibilidad de que el legislador establezca restricciones específicas mediante una ley de quórum calificado.
El secretario de Estado insistió en que existe un objetivo que debería concitar respaldo transversal: fortalecer los instrumentos disponibles para combatir de mejor manera el crimen organizado. Ese énfasis busca instalar la discusión en un terreno común, más allá de las diferencias que genera el articulado.
La reforma recién comienza su tramitación y deberá enfrentar un debate que se anticipa extenso. Las posturas expresadas por los parlamentarios y la respuesta del gobierno marcan el primer pulso de una discusión que tocará materias sensibles del orden constitucional chileno.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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