Una investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones permitió desarticular una organización criminal integrada por funcionarios de Gendarmería que operaba en la cárcel de Illapel. La indagatoria derivó en la formalización de cinco gendarmes y un civil, quienes enfrentan distintos cargos según su participación: asociación criminal contra cuatro custodios y un civil; tráfico de drogas contra dos mujeres, un hombre y cuatro custodios; y cohecho contra cinco funcionarios. La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantía de Illapel.
Los hechos revelan una trama en la que los propios custodios ingresaban clandestinamente drogas y teléfonos celulares al recinto penitenciario a cambio de pagos que, en uno de los casos, habrían alcanzado los 600 mil pesos.
TRABAJO DE DESARTICULACIÓN
El operativo de la policía civil incluyó el allanamiento de 21 viviendas ubicadas en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé. Estas diligencias permitieron reunir los antecedentes necesarios para que el Ministerio Público formalizara a los imputados ante el tribunal de garantía.
Según detalló la Fiscalía, las imputaciones quedaron acreditadas de manera provisoria contra cinco sujetos: cuatro funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban como custodios y una persona civil. A ellos se suman otras dos mujeres y un hombre formalizados por tráfico de drogas, además de cinco funcionarios por cohecho.
MODUS OPERANDI DE LA RED
La organización funcionaba mediante una cadena de coordinación que operaba tanto fuera como dentro del recinto carcelario. En el exterior, los responsables conseguían las drogas y civiles coordinaban las entregas con los gendarmes. Una vez dentro, los funcionarios ingresaban de manera oculta las sustancias ilícitas y los teléfonos celulares, elementos que luego eran distribuidos por internos de confianza.
Los pagos que recibían los gendarmes por facilitar el ingreso de estos objetos eran el motor del esquema. De hecho, uno de los imputados habría cobrado hasta 600 mil pesos por la provisión de ciertas sustancias y un teléfono, según lo que se informó durante la audiencia.
FORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Illapel ordenó la prisión preventiva para cuatro de los cinco gendarmes formalizados. El quinto funcionario quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, sumado a la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados. El tribunal también fijó un plazo de 120 días para la investigación, período durante el cual la Fiscalía deberá reunir más pruebas para consolidar la acusación.
PRÓXIMOS PASOS PROCESALES
Con el plazo de 120 días otorgado por el tribunal, la Fiscalía Regional de Coquimbo continuará recopilando antecedentes para determinar la participación exacta de cada uno de los imputados. Las defensas de los formalizados, por su parte, podrán presentar sus descargos y solicitar diligencias durante esta etapa.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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