La formalización de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, por el caso Sartor AGF mantiene en vilo a los hinchas de la Universidad de Chile. La justicia avanza en las audiencias y ya se solicitó prisión preventiva para el exdirigente, mientras se conocen nuevos detalles sobre una presunta red de irregularidades financieras que afecta a la concesionaria que administra al club.
PROTESTA DE HINCHAS EN EL CENTRO DE JUSTICIA
Un grupo de fanáticos llegó hasta el Centro de Justicia durante la jornada del lunes para manifestarse contra Clark. Los seguidores lo insultaron y le lanzaron billetes en la cara, mientras uno de los presentes le gritó «La U no se vende». La indignación crece a medida que avanzan las audiencias y se suman antecedentes en su contra.
LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS SEGÚN LA FISCALÍA
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente lidera las audiencias y ha destapado una serie de operaciones cuestionadas en el control de Azul Azul. Según el ente persecutor, la millonaria compra de acciones de la concesionaria en 2021 se habría ejecutado con dinero defraudado a los aportantes de los fondos de inversión de Sartor AGF.
Se acreditó, mediante informes de la PDI, que los ejecutivos desviaron recursos de terceros para financiar la sociedad Tactical Sport, que adquirió el 63% de Azul Azul. Ese mecanismo configura el delito de lavado de activos.
Además, pese a que Clark declaró que usó 5,7 millones de dólares de su propio patrimonio para tomar el control del club, el pago nunca se habría concretado. En rigor, se trataría de una maniobra simulada para hacerse del poder de la institución.
EL CONTRATO FANTASMA Y OTROS DOCUMENTOS
Durante la formalización, el fiscal Juan Pablo Araya exhibió un acuerdo de confidencialidad entre Clark y Manuel Mayo, gerente deportivo de la U. El contrato, suscrito el 6 de mayo de 2022 entre FIP Tactical Sports y el gerente, obligaba a Mayo a mantener reserva sobre valores de mercado, traspasos de futbolistas, negociaciones con instituciones como Huachipato y decisiones estratégicas tomadas en el CDA.
También se presentó un contrato laboral considerado «fantasma». Según la fiscalía, el documento otorgaba un sueldo de 13 millones de pesos mensuales a Clark por figurar como director y presidente del club. Para recibir ese pago, el exmandamás aparecía como trabajador y sus empleadores eran Cecilia Pérez y José Ignacio Asenjo.
Otro antecedente relevante es un contrato de asesorías financieras firmado en enero de 2024 entre FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada. El fiscal Araya detalló que el contrato fue modificado en octubre de 2024 y extendió su vigencia hasta el 31 de marzo de 2025. Los honorarios, que ascendían a 13.914.450 pesos, fueron pagados por Bigsilver Sociedad Anónima, sociedad constituida por Patricio Kiblisky Fried. La operación, según el fiscal, no llegó al resultado pretendido.
LA DEFENSA DE CLARK
El exdirigente ha mantenido su postura desde el inicio del proceso. «Estoy tranquilo, sé lo que he hecho», declaró tras la primera audiencia. Mientras tanto, el caso sigue sumando capítulos que golpean a la U por su vínculo con Azul Azul y el pasado de Clark en el club.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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