La Corte Suprema acogió la solicitud de exequatur presentada por el padre de un ciudadano chileno-argentino con discapacidad intelectual severa, al considerar que las sentencias dictadas por un tribunal de Buenos Aires que restringen su capacidad jurídica y designan apoyos no contravienen el orden público chileno ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El fallo, pronunciado el 14 de agosto de 2026 por la Cuarta Sala del máximo tribunal, permite que tengan efecto en Chile tres resoluciones del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la sentencia de 10 de octubre de 2007 que declaró la incapacidad de un hombre diagnosticado con retraso mental profundo y epilepsia, y las actualizaciones de 13 de junio de 2018 y octubre de 2024, que restringieron el ejercicio de su capacidad jurídica y designaron a su padre y a su hermano como sistemas de apoyo de representación, en forma indistinta.
EL CASO
La persona cuya capacidad se discute nació el 26 de julio de 1976 en São Paulo, Brasil, y se encuentra inscrita en la circunscripción de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación. De nacionalidad chilena y argentina, es hijo de un ciudadano argentino y hermano de otro hombre.
En 2007, el tribunal argentino, tras un examen médico legal, concluyó que padecía un retraso mental profundo por encefalopatía crónica y epilepsia, sin aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, y nombró como curador definitivo a su padre.
Once años después, en 2018, el mismo tribunal actualizó el régimen. Un informe interdisciplinario de 28 de noviembre de 2017 dio cuenta de que la persona es completamente dependiente de terceros para todas las actividades de la vida diaria, no adquirió lenguaje verbal o escrito, se encuentra desorientada globalmente y tiene certificado de discapacidad con diagnóstico de cuadriplejia espástica y parálisis cerebral infantil.
La sentencia restringió la capacidad para administrar o disponer de bienes, votar, contraer matrimonio, actuar en juicio, administrar dinero, cumplir indicaciones terapéuticas y consentir tratamientos médicos, entre otros actos.
En octubre de 2024, una nueva actualización ratificó esas restricciones y agregó la prohibición de ser autoridad de mesa. El tribunal se basó en una evaluación interdisciplinaria del cuerpo médico forense que concluyó que la persona presenta deterioro de sus funciones psíquicas de larga data, compatible con parálisis cerebral espástica tipo cuadriplejia, microcefalia y discapacidad intelectual, y que no se encuentra en condiciones de abastecerse por sí misma.
El entorno familiar estable y comprometido con su atención, tratamiento y rehabilitación fue destacado en un informe social del Registro de Incapaces de octubre de 2023.
MARCO NORMATIVO
La solicitud de exequatur se presentó al amparo del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia y Chile, suscrito el 5 de julio de 2002.
El artículo 20 del tratado exige, entre otros requisitos, que las sentencias vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para ser consideradas auténticas, que estén traducidas al idioma oficial del Estado requerido, que emanen de un órgano jurisdiccional competente según las normas del Estado requerido, que las partes hayan sido debidamente citadas y hayan podido ejercer su defensa, que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y que no contraríe manifiestamente el orden público del Estado donde se solicita el reconocimiento.
La Corte verificó que todos esos requisitos se cumplen. Las sentencias fueron acompañadas en copias autorizadas y apostilladas, con sus certificados de ejecutoria, y se encuentran firmes. El fiscal judicial de la Corte informó favorablemente la solicitud.
El máximo tribunal descartó que el asunto estuviera entregado al conocimiento exclusivo de los tribunales chilenos, pues los intervinientes residían en Argentina a la época del juicio.
LA DECISIÓN
La Cuarta Sala dio especial relevancia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008. En su artículo 13, el instrumento obliga a los Estados Partes a asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluidos los ajustes de procedimiento necesarios.
Para la Corte, las decisiones argentinas que restringen la capacidad en lo referente a actos de administración y disposición de bienes, tras pericias médicas y evaluaciones multidisciplinarias, resultan acordes con los principios de la Convención y no contravienen el orden público nacional.
Además, el fallo señaló que las diferencias entre la legislación chilena y la argentina sobre el tratamiento de la capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad, así como la clase de apoyos y salvaguardas, son aspectos propios de cada ordenamiento y escapan a los límites del procedimiento de reconocimiento de la decisión dictada por tribunales extranjeros.
Rol N° 20.087-2026, Cuarta Sala de la Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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