La derecha chilena cerró filas este lunes contra el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los hechos de violencia del estallido social de octubre de 2019. El documento, aprobado con votos de parlamentarios de la propia derecha, terminó convertido en un duro reproche contra el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, pese a que su nombre no aparece mencionado en las conclusiones.
Las directivas de RN, la UDI y Evópoli emitieron declaraciones públicas para desmarcarse del texto y defender la gestión del exmandatario durante la crisis. La polémica se produce justo cuando el informe se aprueba sin haber identificado a los instigadores de la violencia, una de las tareas centrales del mandato de la instancia.
RECHAZO DE RENOVACIÓN NACIONAL
Renovación Nacional, colectividad donde militó Piñera, afirmó que rechaza categóricamente lo señalado por la comisión, en particular la supuesta falta de voluntad del gobierno para enfrentar la violencia. A juicio del partido, se trata de una apreciación injusta y sin fundamentos que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el Estado en 2019.
La declaración pública de RN recordó que durante meses grupos violentistas incendiaron estaciones de metro, iglesias, edificios públicos y comercios, saquearon fuentes de trabajo y atacaron a carabineros. La colectividad sostuvo que el expresidente enfrentó esa crisis con una convicción clara: el orden debía ser restablecido dentro del estado de derecho.
En esa línea, Renovación Nacional agregó que presentar el apego a la legalidad de Piñera como una señal de fragilidad revela una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática. Según el partido, las decisiones del exmandatario siempre se adoptaron con coraje, pensando en el bien común y no en pequeñas y mezquinas luchas ideológicas.
DURA RESPUESTA DE LA UDI
La Unión Demócrata Independiente fue todavía más tajante. El partido rechazó de manera tajante las conclusiones de la comisión y acusó que la instancia optó por apuntar al expresidente Piñera sin identificar a ningún instigador de la violencia ni rastros de financiamiento.
Para la UDI es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces Presidente de Chile elegido democráticamente. La colectividad advirtió que no va a permitir que se utilice el dolor de las víctimas ni la institucionalidad del Congreso para enlodar la memoria del exmandatario.
Además, la UDI aseguró que el informe será rechazado en la Sala de la Cámara, anticipando la batalla política que viene en el hemiciclo.
EVÓPOLI TAMBIÉN SE DESMARCA
Evópoli se sumó al rechazo a través de redes sociales. El partido señaló que defiende el legado democrático del presidente Piñera y que no acepta una memoria selectiva. En su declaración, Evópoli sostuvo que rechaza categóricamente las conclusiones de la comisión y cualquier intento de cuestionar al exmandatario por las decisiones que tomó durante el 18-O.
La colectividad recordó que Chile vivió uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, marcado por una violencia inédita.
CÓMO SE APROBÓ EL INFORME
El texto, impulsado por el Partido Nacional Libertario, fue aprobado por ocho votos contra cuatro. Votaron a favor Enrique Bassaletti, independiente republicano; Sergio Bobadilla, de la UDI; Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario; Cristóbal Martínez, de la UDI; Javier Olivares, del PDG; Alejandro Riquelme y Javiera Rodríguez, republicanos; y el diputado de RN Francisco Orrego.
En contra votaron Jorge Díaz, de la DC; Daniel Manouchehri, del PS; Lorena Pizarro, del PC; y Consuelo Veloso, del Frente Amplio.
La aprobación con votos de la propia derecha le da al documento un carácter paradójico, ya que las mismas fuerzas que lo respaldaron en la comisión ahora lo descalifican públicamente.
CONCLUSIONES CONTRA EL GOBIERNO
El documento concluye que existieron falencias en la capacidad preventiva del Estado y que el sistema de inteligencia carecía de una articulación adecuada. Asimismo, el informe sostiene que resulta realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público.
La frase más dura apunta directamente a la administración de Piñera: el informe afirma que se evidencian excesivos incumplimientos del gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes. Esa conclusión es la que generó la reacción de Chile Vamos.
EL VACÍO DE LOS INSTIGADORES
La comisión cerró su trabajo sin identificar quiénes promovieron los hechos de violencia, pese a que reunir antecedentes sobre autores, cómplices e instigadores formaba parte de su mandato. El presidente de la instancia, Hans Marowski, atribuyó ese resultado a la falta de colaboración y de acceso a información.
Marowski señaló que la comisión tuvo once sesiones e invitó a 32 personas, de las cuales solo 17 decidieron concurrir. Entre los ausentes mencionó al exministro del Interior Andrés Chadwick, al exdirector del INDH Sergio Micco, a los exdirectores de la ANI Gustavo Jordán y Luis Masferrer, y al exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli.
El parlamentario agregó que de 65 oficios enviados solo 10 fueron respondidos y otros dos tuvieron carácter reservado. Para él, cuando se dice que la comisión no logró identificar a los instigadores, hay que decir también por qué: no tuvieron acceso a toda la información que necesitaban.
Marowski insistió en que quedan preguntas abiertas sobre quién planificó los hechos, quién los financió y quién los coordinó. A su juicio, la historia del 18 de octubre de 2019 aún no está cerrada y todavía está pendiente.
RECOMENDACIONES DEL DOCUMENTO
El informe también propone modificaciones legales. Entre sus recomendaciones, plantea revisar las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tenga un carácter consultivo y no posea la facultad de entablar querellas. Además, sugiere mejorar la coordinación del Sistema de Inteligencia del Estado y su intercambio de información con el Ministerio Público.
La controversia queda instalada en el Congreso mientras la derecha anticipa que intentará frenar el informe en la Sala. El debate sobre el 18-O y el rol del Estado en esa jornada sigue abierto.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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