El Senado aprobó este martes el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción, correspondiente al mecanismo de compensación para los municipios por la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. La votación concluyó con 27 votos a favor y 22 en contra, en una jornada marcada por intensas gestiones del Ejecutivo para destrabar los apoyos que permanecían en duda. Con este despacho, la iniciativa queda en condiciones de enfrentar la etapa final antes de su promulgación, aunque el Gobierno ya anunció la presentación de vetos presidenciales.
El proyecto, que forma parte del denominado Plan de Reconstrucción, busca definir cómo se repondrán los recursos que las municipalidades dejarán de percibir como consecuencia de la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores. La discusión alcanzó un álgido debate debido a las diferencias entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los alcaldes respecto de la fórmula más adecuada para compensar esa pérdida de ingresos. Durante las últimas horas, el Gobierno intensificó sus gestiones para asegurar los respaldos necesarios, logrando revertir la incertidumbre que existía en torno a la votación.
EL ÚNICO VOTO DE OPOSICIÓN
Uno de los respaldos clave fue el del senador Pedro Araya, del PPD, quien se convirtió en el único parlamentario de oposición que votó a favor de la norma. Araya justificó su decisión con una declaración que refleja la tensión política del momento: pese a considerar que la fórmula del Ejecutivo es regresiva, sostuvo que hoy constituye la única alternativa capaz de garantizar que los municipios cuenten con los recursos para seguir funcionando.
Junto a Araya, terminaron respaldando la iniciativa los senadores Matías Walker, de Demócratas, y Sergio Gahona, de la UDI. Ambos alcanzaron durante la jornada un protocolo de acuerdo con el Gobierno para asegurar recursos destinados a la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama. Ese acuerdo se sumó a los apoyos con que el Ejecutivo alcanzó la mayoría necesaria para despachar la norma desde el Senado.
CAMINO A LA PROMULGACIÓN
Con la aprobación de este último artículo, el proyecto de reconstrucción queda técnicamente despachado. Sin embargo, antes de su promulgación definitiva, el Congreso deberá discutir los vetos presidenciales que el Ejecutivo ya anunció. Estos se refieren a materias como el anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes. La tramitación de esos vetos será el siguiente hito en la agenda legislativa.
IMPACTO EN LAS MUNICIPALIDADES
La norma aprobada responde a una preocupación concreta de los municipios: cómo financiar sus presupuestos una vez que se eliminan las contribuciones para los adultos mayores. Esa carga recae sobre las arcas comunales, que dependen en gran medida de este tributo para sostener servicios y programas locales. El mecanismo de compensación aprobado define las reglas bajo las cuales el Gobierno repondrá los recursos, luego de las diferencias entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los alcaldes respecto de la fórmula más adecuada.
El resultado de la votación representa un triunfo para el Gobierno, que logró reunir los votos necesarios en una materia especialmente sensible. La participación del senador Araya, en calidad de único opositor que visó el proyecto, evidencia la complejidad política de la decisión. Su respaldo, junto con el de Walker y Gahona, permitió que el Ejecutivo alcanzara la mayoría requerida en una votación que se anticipaba disputada.
La discusión en el Senado dejó en evidencia las diferencias de criterio entre los actores involucrados respecto de la mejor forma de compensar a los municipios. Si bien el proyecto ya superó esta etapa, los vetos presidenciales anunciados mantienen abierta la deliberación sobre materias que exceden el ámbito estrictamente municipal y que tocan aspectos estructurales del derecho financiero y comercial chileno.
El Ejecutivo deberá ahora remitir formalmente los vetos al Congreso para su tramitación. Será en esa instancia donde se resuelvan las últimas precisiones antes de que la ley quede promulgada. Mientras tanto, los municipios siguen a la espera de certezas respecto de los recursos comprometidos, y el mundo jurídico observa con atención el desenlace de una discusión que combina derecho tributario, protección social y equilibrios fiscales.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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