La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 80 millones de pesos la indemnización por daño moral que el Estado de Chile deberá pagar a una mujer víctima de exilio, detención ilegal, privación de libertad, tortura y violencia sexual durante la dictadura militar, en un fallo que refuerza el criterio de que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser reparados con montos que no consideren la atrocidad de los hechos.
La Tercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia del 3° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda contra el Fisco, pero aumentó prudencialmente la cifra original de 40 millones de pesos fijada en primera instancia. La decisión, adoptada el 27 de julio de 2026, considera que el monto inicial resultaba insuficiente para resarcir el sufrimiento de la víctima, quien fue sometida a violencia sexual y tormentos por agentes del Estado, en el marco de una política represiva de la época. El fallo también tuvo en cuenta que la afectada fue víctima de un virtual secuestro en su propio domicilio, junto a sus hijos, todos menores de edad, por parte de los agentes del Estado. En concreto, se reemplazó en el considerando 19 de la sentencia de primera instancia el guarismo 40.000.000 por 80.000.000.
LAS EXCEPCIONES DEL FISCO
El tribunal desechó las excepciones y defensas planteadas por el demandado. En primer lugar, rechazó que las medidas generales dispuestas por el Estado de Chile para reparar a las víctimas fueran compatibles con la acción judicial deducida, señalando que aquellas no han tenido en cuenta las particularidades del caso. Tampoco acogió la alegación de prescripción de la acción por el mero transcurso del tiempo.
Al respecto, la Corte sostuvo que tal comprensión se asienta en la aplicación de los estatutos internos de vigencia de las acciones meramente patrimoniales, y no atiende al carácter atroz de los hechos que dan lugar a la demanda. La ocurrencia de estos hechos repele a las naciones y ordenamientos que se consideran civilizados, lo que sustenta la proscripción de la prescripción de las acciones destinadas a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas.
LA GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Uno de los ejes centrales del fallo es el análisis del daño moral causado por la violencia sexual. La Corte señaló que esta experiencia es sumamente traumática y puede tener severas consecuencias, dejando a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo. El tribunal citó la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul para subrayar que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Asimismo, la sentencia precisó que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual cometidas sin consentimiento, y que las mujeres que fueron objeto de este tipo de agresión por parte de agentes del Estado continúan padeciendo sufrimientos pese al cese de los actos. En consecuencia, el tribunal consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana y por la infracción de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
FACTORES PARA FIJAR EL QUANTUM
La Corte estableció que la determinación del monto indemnizatorio debe considerar no solo las secuelas acreditadas, sino también el tiempo transcurrido entre la lesión y la decisión resarcitoria, el carácter de los hechos, la investidura de los sujetos activos, la extensión del período de padecimiento, la edad de la víctima y el tipo de secuelas. En este caso, se tuvo en cuenta que la demandante fue víctima de exilio, detención ilegal, privación de libertad, violencia sexual y tortura, con graves consecuencias físicas y psíquicas que se han mantenido durante toda su vida.
Por ello, los jueces concluyeron que el monto fijado en primera instancia resultaba insuficiente y procedieron a aumentarlo a 80 millones de pesos. La decisión no fue unánime. La ministra Graciela Gómez Quitral, quien redactó el fallo, estuvo por elevar la indemnización a 100 millones de pesos, estimando que esa cifra resultaba más adecuada para los fines resarcitorios.
La sentencia confirma lo resuelto el 10 de marzo de 2025 por el 3° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y ordenó al Fisco pagar la indemnización con los reajustes e intereses señalados en el fallo de primera instancia. La causa corresponde a una demanda contra el Fisco de Chile por los daños ocasionados por agentes del Estado durante el régimen militar. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia con declaración, elevando el monto a 80 millones de pesos en reemplazo de los 40 millones originales.
Rol N° 5236-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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