La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por la Sociedad Contractual Minera Virginia en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), confirmando la legalidad de la resolución que denegó la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 103 litros por segundo en la comuna de Huara, Región de Tarapacá.
El fallo, dictado el quince de julio de dos mil veintiséis por la Novena Sala del tribunal de alzada, valida la decisión administrativa que impidió la extracción de agua desde el pozo Aroma 3, al considerar que la operación afectaría gravemente la recarga del acuífero Pampa del Tamarugal, sector declarado como área de restricción desde 2009.
La controversia se originó el 25 de febrero de 2014, cuando la minera presentó una solicitud para constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por 102 litros por segundo, equivalentes a 3.248.208 metros cúbicos anuales, dentro del acuífero Sector Negreiros-Tiliviche. La petición fue denegada inicialmente mediante Resolución DGA Región de Tarapacá N° 362 del 29 de noviembre de 2019, decisión que fue confirmada posteriormente por la Resolución DGA N° 4088 del 26 de diciembre de 2024 al rechazar el recurso de reconsideración.
LA TÉSIS DE LA RECLAMANTE
La Sociedad Contractual Minera Virginia, representada por el abogado Claudio Morales Borges, sostuvo que la resolución impugnada adolecía de ilegalidad y arbitrariedad por tres motivos principales. En primer lugar, acusó una vulneración del principio conclusivo y del debido procedimiento administrativo, argumentando que la DGA había incurrido en una contradicción: al rechazar las oposiciones de terceros sostuvo que el pozo se encontraba fuera del sector acuífero Pampa del Tamarugal, pero al denegar el derecho señaló que sí afectaba la recarga de dicho acuífero.
En segundo término, la reclamante alegó una infracción procedimental, pues la resolución invocó la falta de personería de sus representantes sin haber otorgado el plazo de cinco días para subsanar dicho defecto, conforme a los artículos 22 y 31 de la Ley N° 19.880.
Finalmente, la minera cuestionó la falta de sustento técnico de la denegación, señalando que la DGA extendió ilegalmente la declaración de área de restricción del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) Pampa del Tamarugal a un sector distinto, infringiendo el Decreto Supremo N° 203/2013 del Ministerio de Obras Públicas.
LA DEFENSA DE LA DGA
Al informar el reclamo, la Dirección General de Aguas, representada por el abogado Christian Gatica Escobar, solicitó el rechazo íntegro de la reclamación. El organismo argumentó que el recurso establecido en el artículo 137 del Código de Aguas es un mecanismo de revisión de legalidad y no una instancia para debatir el mérito técnico de las decisiones del organismo especializado.
La DGA sostuvo que la denegación se ajustaba a estricto derecho, en particular a los artículos 22, 140 y 141 del Código de Aguas, al no existir disponibilidad hídrica. Según los Informes Técnicos N° 20 de 2019 y DARH N° 786 de 2024, si bien el punto de captación del pozo Aroma 3 se replantea físicamente fuera de la delimitación poligonal del SHAC Pampa del Tamarugal, el mismo se encuentra inmerso dentro del área aportante de la Quebrada de Aroma, cuyo flujo subterráneo recarga directamente al acuífero.
El organismo recordó que el sector fue declarado área de restricción mediante Resolución DGA N° 245 de 2009, constatándose un déficit severo donde la demanda supera con creces la oferta hídrica, con una diferencia negativa de más de 103 millones de metros cúbicos anuales. En consecuencia, otorgar los 103 litros por segundo solicitados afectaría gravemente la recarga del sistema y los derechos de terceros ya constituidos.
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO
La Corte de Apelaciones precisó en su sentencia que el recurso del artículo 137 del Código de Aguas permite revisar la legalidad de los actos administrativos, pero no constituye una instancia de mérito o revisión técnica. El tribunal señaló que la judicatura carece de las facultades y conocimientos técnicos especializados para sustituir la evaluación hidrológica e hidrogeológica que el legislador encomendó privativamente a la DGA conforme al artículo 299 del referido estatuto.
Sobre la supuesta contradicción en el actuar administrativo, el fallo concluyó que no existe tal disonancia jurídica que vicie el acto. La Corte razonó que la delimitación poligonal de un acuífero para efectos registrales no impide que el análisis hidrogeológico determine que un punto de captación aledaño, emplazado en el área aportante de la Quebrada de Aroma, drene el flujo que recarga al sistema protegido.
En cuanto al reproche procedimental, el tribunal aplicó el principio de trascendencia o de conservación del acto administrativo, señalando que un eventual vicio de forma solo acarrea la nulidad si recae en un requisito esencial o genera verdadera indefensión. En este caso, el motivo principal del rechazo es de orden técnico-sustantivo: la comprobada sobreexplotación del acuífero y la falta de agua disponible. Anular el acto por una omisión puramente formal no alteraría el sentido de la decisión final, ya que el agua requerida, material y legalmente, no puede ser otorgada.
La Corte concluyó que la Resolución DGA N° 4088 fue emitida por autoridad competente, se encuentra debidamente motivada y no se vislumbra contravención alguna al ordenamiento jurídico, por lo que rechazó el recurso en todas sus partes.
N° Contencioso Administrativo-175-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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