La amenaza de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha vuelto a la primera línea de la agenda parlamentaria. La oposición advirtió que si el oficialismo continúa impidiendo la constitución de una comisión especial investigadora, comenzará a redactar el libelo acusatorio contra la exsecretaria de Estado. El margen de tiempo es acotado: el miércoles 19 de agosto vence el plazo de tres meses que establece el artículo 52 de la Constitución para acusar constitucionalmente a un exministro que ha dejado el cargo, tras lo cual quedaría eximida de la responsabilidad política que se le atribuye.
EL ORIGEN DEL REPROCHE
La controversia nació del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que declaró improcedente una solicitud de información realizada por Steinert a la PDI mientras ejercía como ministra de Seguridad. Ese requerimiento derivó en la remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña de la institución policial, un hecho que impulsó a un grupo de diputados a solicitar una comisión especial para revisar la gestión de la entonces secretaria de Estado.
Conocido el dictamen del órgano contralor, los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara evaluaron las herramientas disponibles para fiscalizar los actos de Steinert. Si bien no descartaron la acusación constitucional, finalmente se decantaron por impulsar una comisión especial investigadora como mecanismo prioritario.
LA PRESIÓN OPOSITORA
A un mes del pronunciamiento de Contraloría, el primer intento por conformar esa instancia fue rechazado. En la reunión de comités parlamentarios celebrada la semana pasada, los mismos diputados redoblaron la presión y lanzaron una advertencia directa: si la comisión no se instala, presentarán la acusación constitucional.
La molestia escaló por la sospecha de que las bancadas del oficialismo estaban dilatando la entrega de nombres para integrar la comisión, con el objetivo de blindar a Steinert. Esa dilación, sumada a la cercanía del plazo fatal, llevó a la oposición a considerar que la espera podría dejar sin efecto la posibilidad de investigar en profundidad los hechos.
DURAS CRÍTICAS AL OFICIALISMO
El diputado Jaime Araya (ind.-PPD) fue tajante al referirse a la actitud del oficialismo. Dijo que es «impresionante» cómo el sector se ha ingeniado para impedir la constitución de la comisión especial investigadora, como una supuesta maniobra para bloquear una eventual acusación constitucional, considerando el «gravísimo reproche» que Contraloría formuló contra el actuar de la exministra.
Araya agregó que, si continúa la obstrucción, sería «absolutamente razonable» avanzar derechamente en la redacción del libelo. También cuestionó la estrategia oficialista como una «jugarreta» que, a su juicio, busca que el cierre del plazo deje a la oposición sin posibilidad de investigar los hechos con profundidad.
PLAZOS Y ACUERDOS EN LA CÁMARA
El diputado Raúl Leiva (PS) entregó detalles sobre el estado de las negociaciones. Según explicó, en la reunión de comités del miércoles pasado el secretario general de la Cámara planteó un plazo prudente para que los jefes de bancada designen a sus representantes en la comisión. Ese límite, dijo, vence esta semana.
Leiva, jefe de bancada de los diputados socialistas, se mostró optimista respecto de que el acuerdo sea refrendado en sala en los próximos días. «Yo confío en la palabra del secretario general y de los comités», aseguró.
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), confirmó la existencia del acuerdo. Recordó que la conformación de una comisión investigadora requiere la venia de la sala y que, una vez aprobada, deben definirse su presidencia y los días de sesión.
EL FUTURO DE STEINERT
Mientras la arista parlamentaria avanza, el futuro político de Steinert permanece en suspenso. Tras su salida del gabinete, La Moneda evaluaba asignarle una agregaduría en el extranjero. El canciller Francisco Pérez Mackenna admitió el 12 de julio, en el programa Mesa Central, que esa posibilidad estaba siendo estudiada y que correspondería a un nombramiento de ese tipo, aunque aclaró que no había nada concreto.
La eventual constitución de la comisión investigadora frenó los planes de Palacio. La instancia, una vez integrada, contará con un plazo de 60 días para desarrollar su trabajo, y ese calendario pesa sobre las conversaciones oficiales.
En el Ejecutivo transmiten que no existe una decisión de descartar el nombramiento de Steinert, pero que lo prudente es esperar a que concluya el proceso de la comisión antes de avanzar con cualquier designación.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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