Corte de Apelaciones de Santiago ordena al Registro Civil rectificar inscripción de defunción y desestima exigencia de legitimación activa no contemplada en la ley
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una mujer en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, tras la negativa del organismo a complementar la inscripción de defunción de su ex suegro incorporando su cédula de identidad. El tribunal consideró que la exigencia de que la solicitud fuera formulada por el titular, sus descendientes o un mandatario carece de sustento legal y constituye un actuar ilegal y arbitrario.
La recurrente, quien fue casada con el hijo del fallecido, buscaba que se incorporara el RUN a la inscripción de defunción N°735 del Registro X del año 2015, correspondiente a una persona que murió el 8 de enero de 1991 en Venezuela. La gestión era indispensable para obtener el alzamiento del usufructo vitalicio que gravaba un inmueble de su propiedad ubicado en la comuna de La Cisterna, cuya nuda propiedad había adquirido en 1999.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La inscripción de defunción se practicó en Chile el 15 de mayo de 2015, transcribiendo literalmente el certificado de defunción venezolano, documento que no consignaba el número de cédula de identidad del fallecido. Según consta en autos, el Servicio de Registro Civil no pudo asociar dicha inscripción al RUN del difunto por no haberse ubicado su inscripción de nacimiento.
La situación generó un problema práctico: el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel rechazó el alzamiento del usufructo porque el certificado de defunción no contenía el número de cédula de identidad. Ante ello, la recurrente solicitó administrativamente la rectificación, invocando el artículo 17 inciso segundo de la Ley N°4.808, que faculta al Director del Registro Civil para ordenar la rectificación de inscripciones con errores u omisiones manifiestas.
LA NEGATIVA DEL SERVICIO
El organismo rechazó la solicitud mediante Carta RC N°45-2026, de 8 de enero de 2026, argumentando que las rectificaciones deben ser requeridas por el titular de la inscripción, por cualquiera de sus descendientes si aquél hubiera fallecido, o por un mandatario expresamente facultado. La recurrente no cumplía esos requisitos al carecer de parentesco con el causante y de mandato otorgado por sus herederos.
El Servicio sostuvo además que no podía actuar de oficio, pues las inscripciones constituyen instrumentos públicos sujetos al principio de inalterabilidad y solo pueden rectificarse administrativamente cuando el error u omisión se desprenda de la sola lectura de la inscripción o de los antecedentes que le dieron origen. A su juicio, la modificación pretendida requería sentencia judicial ejecutoriada.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
La Corte desestimó los argumentos del organismo. Los ministros razonaron que los antecedentes registrales, notariales y judiciales acompañados al proceso dan cuenta de una correspondencia inequívoca entre la persona fallecida y aquella a quien el propio Servicio tiene asignado el RUN. En particular, se ponderó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el ingreso Rol N°1338-2018-CIV, que ya había declarado extinguido el usufructo considerando coincidentes el certificado de defunción venezolano, el certificado de matrimonio, la edad, la identidad de la cónyuge y la individualización de los hijos.
El fallo concluyó que la omisión del RUN se desprende de los antecedentes que dieron origen a la inscripción, configurándose la hipótesis de error u omisión manifiesta que la ley autoriza rectificar por la vía administrativa. El tribunal precisó que el artículo 17 de la Ley N°4.808 no condiciona el ejercicio de la potestad rectificadora del Director General a la calidad del solicitante, e incluso contempla su ejercicio de oficio.
Además, la Corte sostuvo que la negativa vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, pues la persistencia de la omisión dispensa a la recurrente un tratamiento contrastante y diverso al que la ley prodiga a cualquier persona en su misma situación, obstando al alzamiento registral del usufructo y privándola del pleno ejercicio de su derecho de dominio. En su parte resolutiva, la sentencia acogió el recurso sin costas y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación proceder a la complementación de la inscripción de defunción incorporando el RUN respectivo.
Rol N°Protección-7304-2026, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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