Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá conocer de una nueva causa de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresada bajo el Rol N° 17063-25-INA. Así lo determinó la presidenta de la magistratura constitucional, ministra Daniela Beatriz Marzi Muñoz, quien dictó la resolución que da cuenta del proceso y designa al relator que estudiará los antecedentes.
La decisión se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 8°, letras b) y d); 32, y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. El requerimiento de inaplicabilidad, mecanismo que permite impugnar la aplicación de un precepto legal cuyos efectos resulten contrarios a la Carta Fundamental en un caso concreto, fue radicado en la Segunda Sala del tribunal.
Para el estudio de la causa se designó como relator a don José Francisco Leyton Jiménez. El proveído fue autorizado por el señor Secretario (S) del Tribunal Constitucional y lleva incorporada una firma electrónica avanzada, cuya validez puede ser consultada en el sitio web institucional mediante el código de verificación que acompaña al documento.
LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD
El artículo 93 N° 6 de la Constitución establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Este mecanismo no declara la inconstitucionalidad del precepto en abstracto, sino que busca impedir su aplicación en el caso particular cuando de ella deriva un resultado incompatible con los derechos y garantías fundamentales.
La resolución dictada da cuenta formal del ingreso de la causa y ordena que pase a conocimiento de la Segunda Sala, instancia que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento. En esta etapa inicial se verificará el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, entre ellos la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal de fondo y la relevancia del precepto impugnado para la resolución del asunto.
El inciso undécimo del artículo 93 constitucional precisa el quórum necesario para que el Tribunal Constitucional ejerza sus atribuciones y resuelva los asuntos de su competencia, mientras que los artículos citados de la Ley Orgánica Constitucional regulan el procedimiento aplicable a las acciones de inaplicabilidad, incluida la designación de relator y las reglas de tramitación ante las salas.
LA TRAMITACIÓN ANTE LA SEGUNDA SALA
El artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional establece las normas de funcionamiento y distribución de las causas entre las salas de la magistratura. En tanto, los artículos 79 y siguientes del mismo cuerpo legal regulan específicamente el procedimiento que debe seguirse en los requerimientos de inaplicabilidad, desde su presentación hasta la vista de la causa.
La designación de relator constituye un paso procesal esencial en la tramitación. El relator, funcionario letrado del tribunal, tiene a su cargo el estudio de los antecedentes, la preparación del proyecto de resolución y la proposición de las medidas para mejor resolver que estime necesarias. Su labor resulta determinante para la adecuada instrucción del proceso y la posterior deliberación de los ministros.
La resolución de cuenta no se pronuncia sobre el fondo del asunto. Su finalidad es exclusivamente dar curso al procedimiento, radicar la causa en la sala que corresponda y nombrar al profesional que colaborará con el tribunal en el conocimiento del requerimiento. Los aspectos de fondo, relativos a la eventual contradicción entre el precepto legal impugnado y la Constitución, serán materia de análisis por la sala en la etapa procesal respectiva.
El Tribunal Constitucional, en su función de control concreto de constitucionalidad, ha desarrollado una constante jurisprudencia en materia de inaplicabilidad, precisando los alcances de los requisitos de admisibilidad y los estándares para acoger o rechazar este tipo de acciones. La causa ingresada se suma a la tramitación de otros requerimientos similares que la magistratura conoce en el ejercicio de sus competencias.
La resolución adoptada reafirma la vigencia del mecanismo constitucional de protección de derechos, que permite a los justiciables impugnar la aplicación de normas legales contrarias a la Carta Fundamental en sus casos concretos. El Tribunal Constitucional, con esta nueva cuenta, continúa dando curso a las acciones de inaplicabilidad presentadas ante su secretaría.
Rol N° 17063-25-INA, Tribunal Constitucional de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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