CORTE SUPREMA CONFIRMA BAJA INMEDIATA DE EXSARGENTO DE CARABINEROS POR CONSUMO DE DROGAS: RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN Y VALIDA PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó el recurso de protección presentado por una exsargento segundo de Carabineros en contra de la Prefectura Rinconada, la que aplicó la medida de baja por conducta mala con efectos inmediatos tras dar positivo en un examen de detección de drogas. El máximo tribunal, en una sentencia unánime, desestimó los argumentos de la recurrente, quien sostenía que el procedimiento había sido ilegal y arbitrario.
El caso tiene su origen en un examen de drogas de carácter screening practicado el 25 de agosto de 2025 al personal de la institución. El resultado inicial arrojó presunta positividad a THC. Tras la notificación, la funcionaria manifestó su intención de realizar un análisis de contramuestra en un laboratorio externo, el cual fue procesado por el Laboratorio Livio Barnafi S.A., confirmando el resultado positivo a cannabinoides.
Con esos antecedentes, la Prefectura Rinconada dictó la Resolución Exenta N° 518, de 4 de septiembre de 2025, que dispuso la baja inmediata de la exsargento por conducta mala. La medida se sustentó en el artículo 25 N° 9 del Reglamento de Disciplina N° 11 de Carabineros, en relación con el artículo 127 N° 4 letra b) inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos N° 8, normativa que permite la desvinculación inmediata cuando la falta es de tal gravedad que hace inconveniente la permanencia del funcionario y su responsabilidad es evidente.
En su recurso, la exfuncionaria argumentó que el acto era ilegal porque no se observó el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que protege a los denunciantes de acoso laboral y sexual. Señaló que había denunciado formalmente el 19 de noviembre de 2024 al capitán Jonathan Mansilla Herrera por hostigamiento laboral y acoso sexual, lo que debía impedir su desvinculación según la Circular N° 1886, conocida como Ley Karin. Sin embargo, el tribunal desestimó esta alegación. En el considerando quinto de la sentencia de la Corte de Apelaciones, que la Suprema confirmó, se estableció que dicha norma es aplicable únicamente al personal contratado por resolución o a honorarios, no al personal de nombramiento institucional como era el caso de la recurrente, quien era exsargento segundo.
Otro punto central del recurso fue la impugnación del examen de drogas. La recurrente sostuvo que se trató de una prueba de tamizaje sin la debida confirmación. No obstante, el fallo señala que sí existió una contramuestra analizada en un laboratorio externo licitado por Carabineros de Chile, el cual confirmó el resultado positivo. Por lo tanto, el tribunal rechazó este capítulo de la impugnación, considerando que la afirmación no se ajustaba a los hechos acreditados en el expediente.
La recurrente también alegó que no se aplicó el D.S. N° 1215/2006 del Ministerio del Interior, que regula la prevención y control de consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, el cual establece la necesidad de una verificación médica de dependencia y la posibilidad de ofrecer tratamiento antes de la destitución. Frente a esto, el tribunal fue categórico. Recordó que Carabineros de Chile, conforme a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.961, se rige por su propia legislación y reglamentación interna. En particular, la Circular N° 1900 de 14 de julio de 2025 dispone que, ante un examen con resultado positivo, se aplica la medida expulsiva de inmediato, sin necesidad de un paso previo de rehabilitación. Las alegaciones del funcionario, añade el fallo, deben ser planteadas en el sumario administrativo que se instruye paralelamente.
La defensa de la Prefectura argumentó que la baja con efectos inmediatos es una medida excepcional y transitoria, no definitiva. Explicó que se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades, pero que su tramitación se encuentra suspendida porque los mismos hechos fueron denunciados ante la 1° Fiscalía Militar de Santiago, lo que activa la suspensión del procedimiento disciplinario hasta el término de la causa penal, según lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 18.961.
La Corte de Apelaciones de San Miguel, en su sentencia del 15 de enero de 2026, ya había rechazado el recurso. La Sala, compuesta por los ministros Sylvia Pizarro Barahona y María Soledad Espina Otero, y la ministra suplente María Alejandra Rojas Contreras, concluyó que la resolución que ordena la baja por conducta mala es una decisión adoptada por la autoridad competente, suficientemente fundada y que se enmarca dentro de la potestad disciplinaria de la institución. El fallo destaca que el artículo 127 del Reglamento N° 8 permite esta medida excepcional cuando la falta es de extrema gravedad, precisamente para resguardar el prestigio y la disciplina en una institución armada como Carabineros.
Al confirmar la sentencia, la Corte Suprema, integrada por los ministros Jean Pierre Matus A., Gonzalo Enrique Ruz L., la ministra suplente Eliana Victoria Quezada M. y los abogados integrantes José Miguel Valdivia O. y Álvaro Rodrigo Vidal O., puso fin a la controversia cautelar. El máximo tribunal validó que el procedimiento de Carabineros se ajusta a su propia normativa y que la acción de protección no es la vía idónea para discutir el fondo de una sanción disciplinaria que aún no es definitiva, ya que la funcionaria podrá ejercer su defensa en el sumario administrativo una vez que se reactive, tras la conclusión de la causa penal.
Rol N° 3.531-2026, Corte Suprema; Rol N° 3557-2025, Corte de Apelaciones de San Miguel.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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