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Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena de 17 años por homicidio simple en Iquique
La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa de un hombre condenado a 17 años de presidio mayor en su grado máximo como autor del delito consumado de homicidio simple, perpetrado el 23 de abril de 2024 en la región de Tarapacá. El fallo confirmó además la condena por hurto simple, por lo que el sentenciado deberá cumplir ambas penas de manera efectiva.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique había dictado sentencia condenatoria el 29 de mayo de 2026, tras establecer que el acusado atacó con un cuchillo a la víctima, causándole múltiples puñaladas en cuello, manos, tórax y ambos brazos, lo que le provocó la muerte por shock hipovolémico agudo. Tras el homicidio, el condenado se retiró del lugar a bordo de una camioneta avaluada en unos 3 millones 500 mil pesos y con el teléfono celular de la víctima, avaluado en 350 mil pesos, el cual vendió a una tercera persona.
La defensa del sentenciado presentó el recurso de nulidad invocando dos causales. De manera principal, denunció la infracción de garantías constitucionales del debido proceso y de la libertad personal, argumentando que el acusado habría permanecido detenido por cerca de once horas desde el control de identidad, excediendo el plazo legal de ocho horas. Además, cuestionó la realización de diligencias investigativas autónomas por parte de funcionarios policiales sin instrucción del fiscal, solicitando la exclusión de la prueba obtenida bajo la teoría de los frutos del árbol envenenado.
LA CAUSAL PRINCIPAL FUE RECHAZADA POR FALTA DE PREPARACIÓN
El máximo tribunal determinó que el vicio denunciado no se encontraba debidamente preparado, tal como exige el artículo 377 del Código Procesal Penal. La defensa que asistió al acusado durante la audiencia de preparación del juicio oral no instó por la exclusión de las pruebas que ahora tachaba de ilícitas, quedando estas fijadas en el auto de apertura del juicio oral.
Los ministros precisaron que la carga procesal de reclamar oportunamente del vicio grava a la parte, es decir, al imputado, y no a un determinado letrado. La sucesión en el patrocinio no habilita para revivir una oportunidad procesal precluida por la vía de la nulidad.
En todo caso, el tribunal también descartó la existencia del defecto denunciado. Se consideró legítimo el control vehicular desplegado por la patrulla de la Sección OS7 de Carabineros de Chile, al amparo del artículo 4 de la Ley N° 18.290, y se configuró la hipótesis de flagrancia descrita en el artículo 130 letra d) del Código Procesal Penal ante la presencia de múltiples manchas de sangre visibles en el vehículo y en las vestimentas del acusado.
La Corte Suprema sostuvo que, una vez configurada la flagrancia, la actuación policial dejó de regirse únicamente por las normas del control de identidad y pasó a desarrollarse dentro del marco de facultades que el Código Procesal Penal reconoce para esa hipótesis. Las primeras diligencias investigativas se ejecutaron al amparo de los artículos 83 y 130 letra d) del Código Procesal Penal, que facultan a las policías a actuar sin previa orden del fiscal en zonas rurales o de difícil acceso.
SE DESCARTA LA ATENUANTE DE COLABORACIÓN SUSTANCIAL
En cuanto a la causal subsidiaria, fundada en la errónea aplicación del derecho por el no reconocimiento de la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, la Corte recordó que el reconocimiento de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal se encuentra entregado por la ley al tribunal de la instancia, que es el llamado a ponderar su procedencia según el mérito del proceso.
El fundamento decimoquinto de la sentencia impugnada había conceptualizado correctamente la exigencia de sustancialidad, entendida como el aporte positivo que contribuye a la decisión del tribunal. Los sentenciadores razonaron que el reconocimiento del acusado sobrevino solo después de entregar al menos cuatro versiones sucesivas, evasivas y contradictorias, y que la información sobre la ubicación del cuerpo no revistió carácter esencial, pues este se hallaba a la vista en la orilla de un camino de tránsito habitual de operarios agrícolas.
La declaración del imputado persiguió más bien una finalidad acomodaticia orientada a la recalificación del hecho, lo que llevó a descartar la atenuante. El máximo tribunal concluyó que el recurso traducía una mera discrepancia con la valoración fáctica de los jueces del grado, lo que resulta ajeno a la causal invocada.
Rol N° 34.986-2026, Corte Suprema.
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