Corte Suprema confirma rechazo de protección y valida no renovación de contratas por investigaciones penales: el principio de probidad prevalece sobre la confianza legítima
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó el recurso de protección presentado por dos funcionarias del Ministerio de Bienes Nacionales, quienes llevaban cerca de veinte años trabajando a contrata y vieron sus vínculos laborales no renovados para 2026 tras ser formalizadas en una investigación penal por delitos funcionarios. La decisión, respaldada por el máximo tribunal el 17 de julio de 2026, establece un criterio relevante: la existencia de una investigación penal formalizada constituye un antecedente objetivo que permite a la Administración no renovar la contrata, incluso si no existe una condena firme o una sanción administrativa definitiva.
El conflicto se originó en las Resoluciones Exentas N°324/1366/2025 y N°324/1367/2025, ambas del 27 de noviembre de 2025, dictadas por el Ministerio de Bienes Nacionales. A través de estos actos, el servicio decidió no prorrogar las contratas de las recurrentes para el año 2026, pese a que ambas llevaban casi dos décadas de servicio ininterrumpido. La decisión se fundamentó en la existencia de una investigación penal formalizada en su contra ante el Juzgado de Garantía de Arica (RIT 5854-2022), que incluyó diligencias de entrada, registro e incautación de dispositivos en las dependencias del ministerio, y en la instrucción de un sumario administrativo por los mismos hechos, que derivó en la suspensión preventiva de las funcionarias.
Las afectadas recurrieron a la Corte de Apelaciones de Arica argumentando que la no renovación vulneraba el principio de confianza legítima, dado que sus vínculos se habían renovado año tras año por más de cinco años, y la presunción de inocencia, al considerarlo una sanción anticipada. Solicitaron dejar sin efecto las resoluciones y ordenar la renovación inmediata de sus contratas. El Ministerio de Bienes Nacionales, en su informe, defendió la legalidad del acto, señalando que la formalización penal por delitos de corrupción y la consecuente pérdida de confianza institucional primaban sobre cualquier expectativa de continuidad laboral.
La Corte de Apelaciones de Arica, mediante sentencia del 25 de febrero de 2026, rechazó el recurso de protección. En su análisis, el tribunal de alzada resolvió el conflicto entre la confianza legítima y la probidad administrativa. Señaló que los empleos a contrata son esencialmente transitorios, duran hasta el 31 de diciembre de cada año, y que la autoridad no está obligada a renovarlos. En este caso, la formalización penal por delitos que atentan contra la probidad pública constituyó un antecedente que la autoridad no podía desatender al decidir la prórroga. La Corte indicó que la probidad es un requisito sine qua non de permanencia para todo funcionario público y que su afectación, siquiera en grado de presunción fundada, habilita a la Administración a no renovar el vínculo.
El tribunal agregó que la no renovación no es una condena penal ni una sanción administrativa, sino una decisión de gestión que constata que las funcionarias han dejado de reunir las condiciones de confianza e idoneidad requeridas para el cargo. Exigir una sentencia condenatoria firme para actuar, afirmó, impondría al Estado la carga de tolerar riesgos inaceptables para la probidad administrativa.
Las recurrentes apelaron ante la Corte Suprema. El máximo tribunal, conociendo del recurso, eliminó los motivos cuarto y sexto de la sentencia de alzada y, en su reemplazo, reiteró la doctrina del principio de confianza legítima, precisando que este principio ampara a funcionarios a contrata con más de cinco años de renovaciones, pero que no opera cuando existen antecedentes disciplinarios, calificatorios o de otra actuación administrativa relevante que impida estimar una confianza real en la continuidad del empleo. En este caso, la existencia de una investigación penal por delitos funcionarios, la acusación formal, el sumario administrativo y la suspensión preventiva, todo ello involucrando acceso a información institucional y procesos sensibles, constituyeron antecedentes objetivos relevantes que afectaban la continuidad del vínculo. La Suprema concluyó que no se advertía ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión, confirmando el fallo de la Corte de Arica.
El fallo reafirma la preeminencia del principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8 de la Constitución y el artículo 52 de la Ley N° 18.575, sobre la protección de la confianza legítima de los funcionarios a contrata, especialmente cuando existen indicios graves de compromiso de la probidad en el ejercicio de la función pública.
Rol N° 11.936-2026, Corte Suprema; Rol N° 644-2025, Corte de Apelaciones de Arica.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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