La propuesta del gobierno de José Antonio Kast para crear un nuevo estado de excepción constitucional con el fin de enfrentar al crimen organizado en barrios críticos instaló un intenso debate político. La iniciativa busca que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en sectores donde las organizaciones criminales han alcanzado un control territorial complejo, pero la fórmula genera respaldos y reparos en el oficialismo, la oposición y entre los alcaldes.
La medida forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Mandatario en cadena nacional. Aunque el diseño todavía está en construcción, el propio Kast condicionó un eventual despliegue militar a la aprobación previa de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que actualmente se tramitan en comisión mixta del Congreso.
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
En sus declaraciones públicas, el Presidente señaló que la normativa sobre Reglas de Uso de la Fuerza está por salir del Parlamento y que eso entregará una señal clara. Añadió que el Ejecutivo reconoce las distintas funciones que cumplen policías y militares, y que el avance será paso a paso.
El diseño plantea que las Fuerzas Armadas actúen como apoyo y no como reemplazo de las policías. Esa distinción ha sido remarcada desde La Moneda frente a los cuestionamientos que surgieron por la incorporación de militares a tareas de seguridad interior.
LOS REPAROS DE CORDERO
Una de las críticas más directas provino del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien advirtió sobre las diferencias entre la formación policial y la militar. A su juicio, la labor policial requiere un entrenamiento diametralmente distinto al de las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente diferentes.
Cordero también alertó sobre un posible conflicto en las estructuras de mando. Sostuvo que subordinar una institución jerarquizada, con su propia doctrina y estructura de mando, a otra genera una distorsión institucional muy grande.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de esas aprensiones. Defendió que la propuesta busca ampliar las herramientas disponibles frente al crimen organizado, sin entregar a los militares las funciones que corresponden a las policías.
Pavez describió la iniciativa como una opción audaz que propone al país el estudio de un mecanismo permanente de ayuda a las policías, mediante un estado de excepción constitucional nuevo y acotado, donde se requiera el apoyo y no la sustitución de las tareas de las Fuerzas Armadas. Recordó que las instituciones castrenses ya cumplen funciones durante los estados de excepción y que el desafío es ir un paso más allá.
En el oficialismo, el senador Andrés Longton (RN) cuestionó las críticas del exministro. Las consideró superfluas y señaló que no apuntan al fondo de las medidas. A su juicio, muchas propuestas son novedosas, e incluso algunas fueron rechazadas en su momento por el expresidente Gabriel Boric.
LAS POSICIONES DE LOS ALCALDES
El debate también mostró lecturas diferentes entre los alcaldes, que no necesariamente siguen la división tradicional entre oficialismo y oposición. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), valoró la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las labores de seguridad, asegurando que es una propuesta que han planteado por años.
No obstante, la jefa comunal puso condiciones. Afirmó que la seguridad no se construye con eslóganes ni anuncios, sino con planificación, coordinación y trabajo conjunto. Agregó que una modificación de esa magnitud requiere diálogo, acuerdos amplios y capacidad de construir mayorías, no imponer una visión por la mínima diferencia.
En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri (RN) respaldó la evaluación de herramientas extraordinarias en sectores donde las organizaciones criminales han ganado terreno. Planteó que cuando la delincuencia desplaza al Estado y los vecinos sienten que perdieron sus barrios, no basta con hacer más de lo mismo. Eso sí, exigió reglas claras, plazos definidos, control institucional y liderazgo de Carabineros.
En la vereda contraria, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue (Partido Comunista), rechazó la respuesta militar al avance de la delincuencia. Aseguró que la evaluación de la medida refleja la nula capacidad del gobierno para fortalecer una estrategia de seguridad. Planteó que los vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero que la respuesta no puede ser militarizar los barrios. Para Jadue, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol excepcional y complementario en inteligencia, logística o apoyo tecnológico, mientras la seguridad pública siga siendo responsabilidad de Carabineros y la PDI.
LA BÚSQUEDA DE VOTOS EN EL CONGRESO
Además del debate sobre el papel militar, la propuesta enfrenta el desafío de conseguir los votos necesarios en el Congreso para materializar las reformas constitucionales contempladas por el Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), planteó que la necesidad de alcanzar un quórum más alto puede convertirse en una oportunidad para construir acuerdos con sectores fuera del oficialismo.
Alessandri señaló que el requerimiento de tres quintos para una reforma constitucional obliga a sentarse con el Socialismo Democrático en el Senado y con el PDG. A su juicio, de ahí puede salir un acuerdo que beneficie a todos los proyectos. El diputado anticipó una discusión más holgada que la enfrentada durante la tramitación de la megarreforma, porque se trata de una urgencia ciudadana y la seguridad facilita los acuerdos.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también ha dado señales de una tramitación acelerada. En el programa Desde La Redacción de La Tercera, manifestó su expectativa de que la oposición participe en la construcción de acuerdos. Planteó que existe una oportunidad para influir y participar, poniendo al país por delante en una agenda de seguridad prioritaria.
Consultada sobre si ve votos del Frente Amplio y el Partido Comunista, Núñez respondió que, si prima el ánimo de enfrentar al crimen organizado y se entiende que allí está el adversario, esos sectores deberían estar. Añadió que, si no están, no tiene dudas de que el Socialismo Democrático sí lo hará. La presidenta del Senado comprometió además citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda si es necesario.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
