Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó en primera instancia la reclamación de una empresa contra una multa de la Inspección del Trabajo, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión y dejó sin efecto la sanción. El tribunal de alzada consideró que exigir copias autenticadas ante notario para tener por exhibida la documentación laboral en una audiencia de conciliación es un rigorismo formal no amparado por la ley.
La empresa reclamante había sido sancionada con una multa de 593.022 pesos por no exhibir, a juicio del fiscalizador, toda la documentación exigida durante un comparendo de conciliación. Específicamente, se le imputó haber presentado el contrato de trabajo de un trabajador en fotocopia simple sin autenticar ante notario, y no haber acompañado el registro de asistencia del mismo dependiente.
El caso se originó el 17 de mayo de 2024, cuando el trabajador promovió un reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo. La empresa fue notificada por correo electrónico el 4 de junio siguiente, citándosele a la audiencia respectiva. En esa misma comunicación se le solicitó la entrega de documentación física en original o copias autenticadas, incluyendo el contrato de trabajo y el registro de asistencia.
En la audiencia de conciliación celebrada el 17 de junio de 2024, el fiscalizador constató que la empresa acompañó copia simple del contrato, documento que no fue considerado. Tampoco se presentó el registro de asistencia. Con estos antecedentes, el servicio cursó la multa por infracción a los artículos 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, que facultan a los funcionarios para requerir documentación y sancionar su no exhibición.
En su reclamación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la empresa argumentó que incurrió en un error de hecho el servicio, ya que llevó todos los documentos requeridos. Sostuvo que el fiscalizador se negó a revisar el contrato en copia simple, pese a tenerlo en su poder. Agregó que el anexo de contrato, suscrito el 5 de mayo de 2023, establecía la exclusión de jornada del trabajador conforme al artículo 22 del Código del Trabajo, por lo que no existía obligación de llevar registro de asistencia.
El juez Mauricio Guajardo Espinoza, titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, rechazó la acción en primera instancia. En su sentencia, razonó que la obligación del artículo 31 del DFL N° 2 faculta al servicio para solicitar documentación original, y que la autenticación notarial es la única forma de dar certeza de que la copia corresponde al instrumento original. Consideró que la empresa no podía pretender dar cumplimiento de la forma que estimara pertinente.
LA CORTE REVOCA Y ACOGE LA RECLAMACIÓN
La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de reemplazo dictada el 9 de marzo de 2026, revocó la decisión y acogió la reclamación. El tribunal de alzada sostuvo que la exigencia de autenticación notarial no se encuentra establecida expresamente en la ley como elemento del tipo infraccional. Conforme a los principios de tipicidad y de no formalización de los procedimientos administrativos, la exhibición de documentos en copia simple satisface la obligación de puesta a disposición de la autoridad para efectos de una audiencia de conciliación.
Además, la Corte razonó que al tenerse por válido y exhibido el contrato en copia simple, la autoridad debió revisar su contenido. Si ese contrato establecía la exclusión de jornada del trabajador, no existía obligación legal para el empleador de llevar registro de asistencia. La multa por esa omisión devino improcedente por carecer de causa legal.
El fallo de alzada fue redactado por la ministro Elsa Barrientos Guerrero, integrante de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. En la decisión también participó el ministro Tomás Gray G. No firmó el abogado integrante Felipe Barrera Orellana, pese a haber concurrido a la vista de la causa.
La sentencia de reemplazo dejó sin efecto la Resolución de Multa N° 6100/24/225, ordenando a la reclamada abstenerse de su cobro o proceder a su devolución si hubiera sido pagada o consignada. No se condenó en costas a la parte reclamada, por estimarse que actuó en el ejercicio de funciones públicas con fundamento plausible.
RIT I-558-2024 y RUC 24-4-0594083-K, Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; N° Laboral-Cobranza-297-2025, Corte de Apelaciones de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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