Un grupo de economistas vinculado a la Red de Centros Progresistas salió al paso del debate sobre el futuro de Codelco y rechazó enérgicamente cualquier fórmula que implique incorporar capital privado a la propiedad de la cuprífera estatal. En una declaración pública de diez puntos, los expertos aseguran que los problemas que enfrenta la empresa son retos de gestión y gobernanza, y no argumentos para avanzar hacia una privatización parcial o total, ni mucho menos para la venta de sus activos.
El pronunciamiento se produce en un escenario políticamente sensible. La semana pasada, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó la idea de privatizar Codelco o abrir parte de su propiedad a privados. En el contexto de la compleja situación financiera que atraviesa la estatal, el ministro Jorge Quiroz se abrió a la idea de incorporar capitales privados en la empresa, siempre que el Estado mantenga el control, y también a vender algunos activos.
LA RED DE CENTROS PROGRESISTAS
La Red de Centros Progresistas está compuesta por trece centros de estudio y fundaciones: Rumbo Colectivo, Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común.
EL PESO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
La declaración entrega cifras que buscan dimensionar el rol de las empresas del Estado en la economía chilena. Según el grupo, existen 33 empresas públicas creadas por ley y sociedades en las que el Estado posee el 50% o más del capital. Su patrimonio total en 2024 alcanzó los 21.778 mil millones de pesos, equivalentes a unos 23.080 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero citados en el documento.
En conjunto, estas empresas generan cerca de 46.800 empleos directos y operan en sectores como minería, defensa, transporte, industria y servicios, incluido el agua potable y el saneamiento.
El caso de Codelco resulta paradigmático. A lo largo de su existencia, la cuprífera ha aportado al Estado alrededor de 164.000 millones de dólares, lo que equivale a más de 3.000 millones de dólares anuales. Las proyecciones de la Dirección de Presupuestos indican que este año los aportes volverán a totalizar 3.000 millones de dólares.
EL ARGUMENTO TRIBUTARIO
El núcleo del razonamiento de los economistas es tributario. Las empresas públicas pagan entre el 40% y el 67% de sus utilidades en impuestos, además de los dividendos que entregan al Estado. Si esos activos se vendieran para pagar deuda pública, los ingresos fiscales quedarían reducidos al impuesto corporativo, que con la nueva ley será de apenas el 23% de las utilidades.
La conclusión del documento es contundente. Afirma que vender las empresas del Estado o sus activos es «pan para hoy y hambre para mañana», y agrega que resulta más razonable fortalecer la gestión de las empresas públicas que enajenarlas.
DÓNDE SÍ ADMITEN A LOS PRIVADOS
La postura de los economistas no implica, sin embargo, un rechazo absoluto a la participación privada. La declaración distingue con claridad entre la propiedad de Codelco y su operación. En ese sentido, señalan que la participación privada, la explotación conjunta de yacimientos y la diversificación productiva, hasta ahora orientada hacia el litio, son parte de la solución.
El mejor ejemplo de ese modelo de colaboración, según el texto, es la alianza firmada con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama, que dio origen a la sociedad NovaAndino Litio. Este tipo de asociaciones, sostienen, es el mismo que utilizan las grandes mineras del mundo con las que la estatal se ha vinculado históricamente.
A la vez, los economistas lanzan una advertencia sobre el futuro de Codelco. La empresa no puede quedar reducida a explotar los antiguos yacimientos que tienen más de 100 años de extracción industrial. Si se limita a eso, desaparecerá, porque los yacimientos se van extinguiendo y es necesario reponerlos con nuevas minas.
REINVERSIÓN Y RELACIÓN CON EL FISCO
El grupo también pone sobre la mesa la necesidad de discutir la política de extracción de excedentes que aplica el Estado. Desde los inicios de Codelco, plantean, casi la totalidad de los excedentes generados por la empresa ha sido destinada a financiar parte del gasto público. Corresponde evaluar si ese esquema es conveniente para la compañía, para el fisco y para el país en su conjunto.
Los economistas reconocen que la estatal enfrenta desafíos relevantes: retrasos en la ejecución de proyectos estructurales, aumentos de costos, elevado endeudamiento y la necesidad de mejorar los estándares de eficiencia, transparencia y control. La agenda que proponen incluye fortalecer los gobiernos corporativos, elevar la productividad, asegurar una política de reinversión y promover la innovación.
CIERRE DEL DOCUMENTO
El documento cierra situando la discusión en el escenario internacional. Los economistas sostienen que el Estado, como dueño de Codelco y de parte de los yacimientos de litio, tiene una posición estratégica que otorga al país autonomía y fortaleza en un contexto internacional convulsionado. Además, recuerdan que Chile posee otros minerales críticos que aportan seguridad frente a los conflictos geopolíticos en curso.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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