La votación del Plan de Reconstrucción en el Senado quedó allanada este martes luego de que el Ministerio de Hacienda y dos senadores de las regiones afectadas por los temporales de julio firmaran un protocolo de acuerdo que garantiza recursos para las zonas damnificadas. El entendimiento, alcanzado entre el ministro Jorge Quiroz y los senadores Matías Walker y Sergio Gahona, destraba uno de los principales flancos que mantenía en suspenso la votación.
La Cámara Alta está a horas de votar el artículo final del proyecto, relativo al mecanismo de compensación para los municipios, y la falta de certezas sobre el financiamiento había puesto en riesgo el respaldo de ambos parlamentarios en los días previos. Con el documento suscrito, el Ejecutivo entrega garantías concretas sobre la obtención de recursos para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama.
Según explicó el propio ministro Quiroz tras la firma, se trata de un protocolo de acuerdo que da seguridades a la región sobre la disponibilidad de fondos. En sus palabras, el compromiso permite afirmar que «ya están los recursos para la reconstrucción», aunque el monto exacto no ha sido definido. El ministro celebró la disposición al diálogo con los senadores y se mostró conforme con el acuerdo.
EL PROTOCOLO DE ACUERDO
El documento firmado entre el Ejecutivo y los senadores establece la constitución de una comisión técnica destinada a cuantificar los daños provocados por los temporales y a determinar el monto total que demandará la reconstrucción. Esa instancia deberá elaborar un catastro que considere las afectaciones en infraestructura pública, viviendas y otros antecedentes técnicos, junto con las prioridades levantadas en los territorios afectados.
La comisión tendrá así una doble función: catastrar los perjuicios y definir las urgencias desde el punto de vista local. La información que produzca servirá de base técnica para calcular el presupuesto extraordinario que se comprometerá con las zonas damnificadas.
Una vez determinado ese monto, el Gobierno se obliga a incorporarlo en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, mediante las glosas presupuestarias necesarias para asegurar que los recursos se destinen de manera exclusiva a la reconstrucción de las áreas afectadas.
EL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
El protocolo contempla además la creación de un fondo especialmente diseñado para financiar las obras. Según lo pactado, ese fondo recibirá aportes provenientes de la venta o puesta en valor de activos fiscales, incluyendo la enajenación de inmuebles y terrenos prescindibles de organismos públicos, así como de participaciones minoritarias del Estado que no sean consideradas estratégicas.
La figura responde a una lógica de financiamiento extraordinario. El propósito es allegar recursos desde ya y no relegar la reconstrucción a futuras reasignaciones presupuestarias que compitan con otros fines del Estado.
El senador Matías Walker valoró particularmente ese diseño. Explicó que el acuerdo contempla la creación de un fondo de reconstrucción compuesto por recursos frescos y extraordinarios, y no por reasignaciones ni por fondos del Gobierno Regional. En esa línea, precisó que el fondo recibirá aportes tanto públicos como privados y que será financiado, entre otras fuentes, con la enajenación de activos prescindibles del Estado.
RECURSOS FRESCOS Y LEY N. 20.444
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la incorporación de la Ley N. 20.444, que creó el Fondo Nacional de la Reconstrucción. La aplicación de esta norma permitirá canalizar aportes del sector privado para financiar las obras, ampliando el universo de fuentes disponibles más allá del erario público.
Walker subrayó que el protocolo recoge las principales exigencias planteadas por los parlamentarios de la zona. A su juicio, el acuerdo permite garantizar los recursos para la reconstrucción de la región con un mecanismo que no depende de transferencias ordinarias.
Respecto del costo total de la reconstrucción, el senador indicó que será la comisión técnica la encargada de determinarlo, con participación de los gremios de la región, empresarios, pescadores, agricultores y el mundo del turismo. Es decir, el catastro incluirá tanto las variables técnicas como las necesidades levantadas por los propios actores locales.
RESPONSABILIDAD FISCAL
El protocolo firmado este martes no se limita a crear nuevas fuentes de financiamiento. También establece que la implementación de las medidas deberá compatibilizarse con la responsabilidad fiscal y con la recomposición gradual de los ahorros soberanos, especialmente del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES).
Consultado por el monto comprometido, el ministro Quiroz precisó que aún no existe una cifra definitiva. «El monto se va a determinar una vez que la comisión técnica defina qué monto es, atendiendo al total que se ha registrado», señaló. La definición queda entregada, así, al trabajo técnico.
Con la firma del protocolo, el Ejecutivo allana el camino para que el Senado complete la tramitación del Plan de Reconstrucción, una de las iniciativas más relevantes para las regiones de Coquimbo y Atacama. El acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los senadores Walker y Gahona despeja las dudas que pesaban sobre la votación final, referida al mecanismo de compensación municipal.
Desde una perspectiva jurídica, la solución combina un fondo especial financiado con la venta de activos estatales, la aplicación de la Ley N. 20.444 y la incorporación de glosas en el presupuesto de 2027. Esa arquitectura normativa permite que los recursos lleguen a las zonas afectadas sin desarticular el equilibrio fiscal y sin recurrir a reasignaciones ni a fondos del Gobierno Regional.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
