El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark
Por Victor Cofré y Leonardo Cárdenas 26 JULIO 2026
En la imagen, Michael Clark y Pedro Pablo Larraín
A principios de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, controlador del grupo Sartor, entregó once documentos al Ministerio Público vinculados a la compra y venta de Azul Azul, la concesionaria de la Universidad de Chile que el grupo financiero adquirió en 2021 y que presuntamente fue traspasada a fines de 2024. Entre los papeles figura el hasta ahora desconocido contrato de compraventa de 2024, cuyo rastreo el fiscal Juan Pablo Araya había iniciado el año anterior. Además, Larraín prestó declaración el 15 de julio y aportó nuevos antecedentes sobre la operación. Esta semana también testificó Michael Clark Varela, aunque su testimonio permanece bajo reserva.
El club de fútbol es una de las facetas más visibles del caso Sartor, pero no la más relevante dentro de un fraude que el Ministerio Público calcula en entre US$ 100 millones y US$ 200 millones y que llevará a la formalización de once personas el jueves 30 de julio. Entre ellas figuran Pedro Pablo Larraín y Michael Clark. A continuación, los nuevos elementos revelados esta semana.
CAPÍTULO 1: QUIÉN PAGÓ EN 2021
Un documento de 19 páginas, fechado en abril de 2021 y elaborado por Redwood Capital, empresa de Michael Clark, ya reflejaba un acuerdo con Carlos Heller para comprar el 63,07% de Azul Azul en US$ 15,5 millones. Las gestiones comenzaron un año antes. Larraín declaró la semana pasada que Clark presentó el negocio y que hubo una primera negociación en julio de 2020, rechazada por Bethia en septiembre. En marzo de 2021 se concretó el acuerdo. Queríamos estabilizar el club, mejorar la gestión y los números, y luego vender en un horizonte de tres a cinco años, afirmó Larraín.
Alfredo Harz, ex ejecutivo del grupo, sostuvo que Larraín comunicó en una videoconferencia a sus socios que la matriz de Sartor compraría Azul Azul, pero que él no podía ser la cara visible porque es hincha de Universidad Católica. Harz manifestó sus reparos, al igual que el abogado Mauro Valdés, ex director ejecutivo de TVN y director externo de Sartor. Valdés dijo que advirtió en reiteradas ocasiones que la operación elevaría el perfil del grupo de forma imprevista y los metería en un terreno comunicacional desconocido. Harz agregó que, al final, la operación se realizó porque cuando Larraín impulsaba un negocio, no había contrapeso en Sartor.
El documento de Clark de abril de 2021 proponía US$ 10 millones en capital y US$ 5,5 millones en deuda, recursos que irían a un fondo de inversión privado. Se creó Tactical Sport: los socios de Sartor retuvieron el 90% de las cuotas y Michael Clark, mediante su sociedad Antumalal, el 10%.
El origen de los fondos no se divulgó hasta que el interventor Ricardo Budinich, designado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), descubrió que fondos administrados por Sartor AGF habían prestado dinero a Inversiones Cerro El Plomo, que a su vez lo transfirió a Tactical Sport. Fueron más de $ 6 mil millones de tres fondos. Larraín justificó la triangulación señalando que los reglamentos internos de los fondos permitían esas operaciones.
En 2021 se pagaron $ 11.152 millones a Heller. El saldo restante no se ha explicado completamente. En su última declaración, Larraín, propietario del 60% de Sartor, desglosó las cifras: la compra a Bethia fue por US$ 15,5 millones, valorando cada acción en $ 388. De ese total, unos US$ 8 millones provinieron de la matriz y US$ 7,5 millones de los fondos, con un dólar cercano a $ 700. La matriz se refiere a Asesorías e Inversiones Sartor, controlada por Larraín (60%), Harz (18%), Óscar Ebel (10%) y otros ejecutivos.
No obstante, Harz, quien rompió con Larraín y declaró en junio, cree que parte del dinero vino de Victoriano Cerda, ex dueño de Huachipato y abogado que entonces tenía negocios inmobiliarios con Sartor. Harz señaló que en 2024 supo que Larraín había obtenido el saldo mediante Marinvest SpA, sociedad que supuestamente está vinculada a Cerda, aunque no precisó si fue un préstamo u otro mecanismo. Cerda declaró este jueves ante el fiscal Araya, testimonio aún bajo reserva. En el Conservador de Bienes Raíces, Marinvest SpA aparece a nombre del empresario Eduardo Sánchez, CEO de Nexus, controladora de la Isapre Nueva Más Vida, quien manejó otros recursos e inversiones con Sartor. Sánchez no respondió consultas sobre este negocio.
Alguien cercano al caso considera que el financiamiento de 2021 pudo combinar recursos propios de la matriz de Sartor con dinero de inversionistas directos que, con o sin consentimiento, terminaron financiando la compra del club.
CAPÍTULO 2: EL US$ 1 MILLÓN IMPAGO DE CLARK
Según un documento en el expediente, el 21 de abril de 2021 Michael Clark compró el 10% de las cuotas de Tactical Sport en US$ 1 millón ($ 700 millones). Sin embargo, Clark nunca pagó esa suma. Larraín explicó el 15 de julio que Clark fue financiado por Asesorías e Inversiones Sartor, generando una deuda de aproximadamente US$ 1.000.000 con la matriz. Esto se debió a que Clark se encargaría de administrar la inversión como director, por lo que era relevante que tuviera participación. Al preguntársele si verificaron su solvencia, Larraín respondió que Clark era una persona de toda confianza. Además, confirmó que esa deuda de Antumalal no está pagada. Lo más importante, reveló que la compraventa de 2024 tampoco ha sido pagada y podría ser anulada.
CAPÍTULO 3: EL CONTRATO DE 2024
En noviembre de 2024, la CMF prohibió a Sartor captar nuevos aportes tras detectar que el grupo empleaba recursos de los fondos públicos para negocios de sus propios socios. Sartor diseñó un plan para liquidar activos y atender los rescates, que aumentaban rápidamente. Entre esos activos estaba Azul Azul. Larraín declaró a la Fiscalía que el objetivo de vender las cuotas del fondo era obtener liquidez. Afirmó que ofrecieron el activo a terceros como Moneda Asset, la familia Solari Donaggio (dueña de Megeve y accionista de Azul Azul) y otros family office, pero no hubo interés. Clark se mostró dispuesto a comprar.
La venta se concretó el viernes 13 de diciembre, en una firma rápida a la que, según Harz, asistieron también Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. La transacción se hizo pública el 20 de diciembre, cuando la CMF intervino Sartor. Clark informó a la CMF que había adquirido el 90% de las cuotas en US$ 5.719.482. Los términos específicos eran confidenciales, pero el contrato fue entregado por Larraín a la Fiscalía.
El documento, de siete páginas, contempla dos precios. Antumalal compró 6.354.981 cuotas de Tactical Sport por un total de $ 5.609 millones, equivalentes a US$ 0,9 por cuota. Las acciones de Azul Azul se valoraron al mismo precio pagado a Heller en 2021: $ 388. Como Tactical Sport arrastraba deudas con los fondos públicos de Sartor, las partes fijaron un tope de pasivos y acordaron una operación paralela: la matriz vendedora se comprometió a inyectar hasta $ 3.152 millones en un aumento de capital para reducir el endeudamiento, con plazo hasta junio de 2025. Eso no ocurrió.
El contrato estipulaba que, en ese escenario, el precio para Clark se reducía a la mitad: $ 2.457 millones, alterándose el valor total y el valor referencial de cada cuota. Además, Clark podía buscar un tercero para un aumento de capital de hasta $ 3.500 millones, lo que tampoco sucedió. Larraín recordó que había dos escenarios: recibir $ 5,5 mil millones si se realizaba el aumento de capital, o aproximadamente $ 2.600 millones en el otro caso. Clark debía pagar el precio en tres cuotas anuales, la primera con vencimiento a fines de 2025, pero no se pagó. Larraín confirmó que ese plazo venció en 2025.
El contrato incluye cláusulas que podrían alterar el futuro de la propiedad de Azul Azul. Existe una condición resolutoria que permite anular la compraventa en cuatro supuestos: embargo de las cuotas de Tactical Sport, embargo de las acciones de Azul Azul, solicitud de declaración judicial de liquidación de Sartor, o declaración de liquidación del vendedor. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, el contrato se resuelve de pleno derecho, solo con una comunicación escrita del comprador al vendedor. Aunque al menos dos condiciones ya se han materializado (embargo de acciones y liquidación en curso de Sartor, con Eduardo Godoy Hales como liquidador designado), Clark no ha ejercido ese derecho.
Larraín se refirió a esa posibilidad hace diez días, al recordar que Antumalal debe los $ 2.500 millones pactados. Señaló que está ayudando al liquidador Godoy para que Antumalal realice el pago o rescinda la compraventa. Agregó que está en conversaciones con el liquidador, Clark y los abogados de AZ para hallar una solución.
Si el contrato se rescinde, el futuro de Azul Azul quedaría en manos del liquidador Eduardo Godoy, quien podría designar un nuevo administrador de Tactical Sport (rol que aún ejerce Larraín) y ordenar la venta de las acciones de Azul Azul, principal activo del vehículo.
Además, Larraín reveló que en marzo de 2026 Clark ofreció a Toesca, la AGF designada por la CMF para gestionar los fondos intervenidos, pagar los préstamos usados para comprar Azul Azul en 2021. Según Larraín, Clark propuso $ 7.900 millones, oferta que Toesca rechazó. No obstante, en el expediente figura un documento enviado por el propio Larraín el 6 de marzo, no por Clark. La carta, firmada por Larraín en representación de Sartor Fondos de Inversión Privado S.A., daba plazo hasta el 9 de marzo para aceptar la compra de la totalidad de los créditos por $ 7.900 millones. Larraín afirmaba contar con financiamiento. Toesca consideró la propuesta inaceptable, en particular porque exigía un finiquito total, completo e irrevocable sobre obligaciones y reclamos relacionados con Tactical Sport y personas vinculadas. Es decir, buscaba liberarse de toda responsabilidad. Esa responsabilidad es la que los socios de Sartor, incluido Larraín, deberán afrontar el jueves en su formalización.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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