Una amenaza difundida por redes sociales en contra del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda fue abordada en una audiencia de formalización realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El imputado, Johnny Luciano Lagos Cano, fue formalizado como autor de dos delitos consumados de amenazas y atentados contra la autoridad, previstos en el artículo 264 del Código Penal. La sesión fue transmitida por el canal Poder Judicial Chile.
HECHOS SEGÚN LA FISCALÍA
Según el relato del Ministerio Público, el 13 de agosto el imputado publicó un video en sus cuentas de Instagram y Facebook. En el registro aparece limpiando con un paño un objeto metálico con apariencia de arma de fuego corta. Durante la grabación, manifestó su acuerdo con una supuesta decisión de la Comisión de Agricultura que habría aprobado legalizar la caza de perros, y luego dirigió expresiones ofensivas y amenazantes contra el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, a quienes calificó despectivamente como perros de La Moneda. Finalmente, apuntó el objeto hacia la cámara e imitó el gesto de disparar.
La publicación llamó la atención del grupo escolta presidencial de Carabineros, que realiza búsqueda de potenciales amenazas contra la máxima autoridad del país. La denuncia fue formalizada por un suboficial mayor de esa unidad y dio origen al parte N°294 del Departamento de Investigaciones de Organizaciones Criminales OS9.
Las diligencias incluyeron solicitudes de preservación de datos ante Meta Platforms respecto de ambas cuentas, la captura y resguardo técnico del video, y el análisis del registro y de las publicaciones asociadas. En una de ellas, el propio imputado exhibía sus datos personales, lo que facilitó su identificación plena. También se estableció que residía en San Pedro de la Paz y que el Presidente tenía una visita programada a la Región del Bío Bío, circunstancia que, para la fiscalía, aumentaba la necesidad de una respuesta inmediata.
Cabe señalar que el imputado acompañó el video con un texto en el que indicaba que se trataba de una broma, aunque advertía que quienes tuvieran mascotas debían cuidarlas si la supuesta iniciativa prosperaba. En la publicación de Facebook aclaró que el objeto manipulado era un encendedor.
SOLICITUD DE ARRESTO DOMICILIARIO
El ente persecutor pidió que se decretara el arresto domiciliario total del imputado, de conformidad con el artículo 155, letra a, del Código Procesal Penal. Para ello invocó la gravedad de los hechos, el carácter de las víctimas, la difusión abierta de la amenaza y la existencia de una investigación vigente en la Fiscalía Local de Talcahuano, desformalizada, por un delito de amenazas simples ocurrido en septiembre de 2025. El Ministerio Público estimaba que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de las víctimas, sobre todo por el inminente viaje presidencial a la zona donde residía.
LA DEFENSA Y LA COMPETENCIA
La defensora pública cuestionó los presupuestos materiales de la formalización. A su juicio, la amenaza no reunía los elementos de seriedad, verosimilitud e idoneidad, pues se trataba de una publicación en redes sociales, en un contexto que calificó de poco serio y con un objeto que resultó ser un encendedor. Planteó, además, una cuestión de competencia: al haberse difundido el video, dijo, el hecho habría ocurrido en el domicilio del imputado, en San Pedro de la Paz, por lo que debía conocer el juzgado de garantía de esa comuna. También se opuso al arresto domiciliario y solicitó que, en subsidio, se impusieran solo prohibiciones de acercamiento.
La fiscalía replicó que la naturaleza de la amenaza era seria y verosímil, y que el hecho de que el objeto fuera un encendedor no desvirtuaba la conducta. Sobre la competencia, argumentó que el delito fue cometido por un medio ubicuo, como las redes sociales, y que las víctimas se encontraban en ejercicio de sus funciones en el Palacio de La Moneda, criterio que vinculó con el artículo 266 del Código Penal. Por ello, sostuvo que la competencia radicaba en Santiago.
RESOLUCION DEL TRIBUNAL
El tribunal dio por acreditados los presupuestos de las letras a y b del artículo 140 del Código Procesal Penal, relativos a la existencia del hecho y a la participación. Sin embargo, desestimó la necesidad de privar de libertad al imputado. Tuvo en consideración que no registraba condenas anteriores y que la pena asignada al delito del artículo 264 del Código Penal parte desde los 61 días en su extremo mínimo, de modo que el arresto domiciliario total resultaba desproporcionado.
En su lugar, decretó la prohibición de acercarse al Presidente y al Ministro de Hacienda por un radio de 200 metros, la prohibición de cualquier tipo de comunicación con ellos, la firma mensual ante la sexta comisaría de San Pedro de la Paz y el arraigo nacional. También declaró que el tribunal competente era el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y fijó un plazo de investigación de 100 días.
El imputado, por su parte, autorizó voluntariamente la revisión de su teléfono celular y entregó la clave de acceso a los funcionarios.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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