La oposición parlamentaria evalúa sumar una nueva arremetida ante el Tribunal Constitucional, esta vez contra el mecanismo de compensación económica que el Senado aprobó ayer para los municipios ante la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. La iniciativa, impulsada en el marco de la reforma tributaria del gobierno, ha generado una profunda división entre alcaldes oficialistas y opositores, y ahora podría convertirse en el cuarto requerimiento que la izquierda presente ante la magistratura constitucional.
Mientras los jefes comunales del oficialismo defienden la fórmula aprobada, la oposición asegura que el sistema beneficia exclusivamente a las comunas de mayores ingresos y deja en desprotección a los territorios más pobres del país. En ese escenario, parlamentarios de la DC, el PS, el PC y el Frente Amplio analizan si corresponde activar una nueva acción constitucional contra la norma, que se sumaría a los tres escritos ya presentados por senadores y diputados en contra de otros aspectos de la reforma.
CONTROVERSIA ENTRE MUNICIPIOS
El punto central de la disputa es el reparto de los recursos destinados a cubrir el vacío que dejará la eliminación del tributo. Para la oposición, el mecanismo aprobado concentra los beneficios en las comunas más ricas, mientras que las zonas más vulnerables deberán financiar con sus propios impuestos el déficit de aquellas.
El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, fue categórico al manifestar su rechazo. Según dijo ayer, el proyecto vulnera la autonomía municipal y la equidad territorial. En sus palabras, vecinos de comunas muy pobres que no recibirán beneficio alguno terminarán pagando con sus impuestos el forado que dejan Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Las declaraciones reflejan una postura transversal dentro de la oposición, que acusa al Ejecutivo de haber impuesto una solución injusta sin dialogar con las autoridades locales. La molestia se concentra especialmente en que, según la oposición, el Ejecutivo no escucha ni conversa con los alcaldes y alcaldesas para llegar a acuerdos.
OPCIÓN DE NUEVO REQUERIMIENTO
Ante este escenario, la posibilidad de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional comenzó a tomar fuerza. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, señaló a Radio Universidad de Chile que ha escuchado las declaraciones de alcaldes y alcaldesas con pena e incertidumbre, y consideró que la opción de llevar el mecanismo al TC es válida y que aún se está a tiempo de hacerlo, dado que la votación ocurrió recién ayer.
El también diputado Nelson Venegas, del Partido Socialista, fue más explícito al plantear los fundamentos jurídicos de una eventual presentación. A su juicio, la norma vulnera un principio fundamental garantizado en la Constitución: la igualdad de las cargas públicas. Sostuvo que se produce una discriminación arbitraria, porque son los sectores y las comunas más pobres quienes terminan soportando el peso del financiamiento, en beneficio de los territorios más aventajados.
Venegas, quien además fue alcalde de Calle Larga, indicó que el análisis es profundo. Más allá del juicio ético, que por supuesto existe, dijo que la medida contradice principios establecidos en el artículo 19 de la Constitución, por lo que están estudiando las circunstancias para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y que la magistratura revise la situación.
Desde el Partido Comunista, la diputada y jefa de bancada Daniela Serrano también alzó la voz. Señaló que el gobierno, en su afán por aprobar la reforma tributaria para ayudar a los superricos, deja en indefensión a los vecinos de las comunas más pobres. Cuestionó que los recursos municipales queden vacíos y que la distribución sea injusta y desigual.
Serrano añadió que estas acciones legislativas se explican por la urgencia de resguardar a los municipios ante un Ejecutivo que, según ella, no escucha ni conversa con los alcaldes para llegar a acuerdos. Aseguró que la oposición utilizará todas las herramientas que la ley entrega para defender los derechos sociales ante los recortes que atribuye al gobierno.
ADMISIBILIDAD DE LOS TRES ESCRITOS
Mientras la oposición define los pasos a seguir, el pleno del Tribunal Constitucional tiene una agenda definida para este jueves. A las 9:30 horas, la magistratura analizará la admisibilidad de los tres requerimientos que ya fueron presentados por senadores y diputados de izquierda en contra de otras normas de la reforma tributaria, específicamente las relacionadas con la invariabilidad tributaria y materias medioambientales.
Dos de esos escritos debieron subsanar aspectos formales hace unos días.
El eventual cuarto requerimiento por las compensaciones municipales se sumaría así a un frente de batalla judicial que la oposición baraja activar de manera simultánea al debate legislativo.
De concretarse la presentación, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre un tema que toca directamente la autonomía municipal, la equidad territorial y el principio de igualdad ante las cargas públicas.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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