El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abrió un flanco inesperado dentro del oficialismo al advertir que su partido no apoyará las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, al menos en las condiciones actuales. Sus declaraciones, entregadas a La Tercera, no solo tensionaron a la coalición de gobierno, sino que también generaron una ola de reacciones desde la oposición, justo cuando el Ejecutivo trabaja en el borrador de una reforma ligada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT.
Ramírez sostuvo que la UDI no puede respaldar esas reformas porque dañan la institucionalidad. Según explicó, incorporar a la Constitución excepciones a principios generales termina por debilitar la Carta Fundamental. En su argumento recordó que esa práctica se usó de forma reiterada y contribuyó a debilitar la Constitución de 1925, que finalmente fue incapaz de contener el debate político contingente. Añadió que por esa vía se fue fraguando también la reforma agraria.
El borrador dado a conocer plantea, entre otras medidas, que las personas sentenciadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado sufran la suspensión de sus prestaciones de salud. Esa propuesta es la que concentra los reparos del líder gremialista y encendió las alertas en distintos sectores políticos.
CONTEXTO DE LA REFORMA EN LA AGENDA ANTICRIMEN
La reforma constitucional forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo impulsada por el Ejecutivo. El texto, difundido por La Tercera, busca establecer reglas especiales para quienes resulten condenados por delitos de alta gravedad, con la suspensión de prestaciones de salud como una de las consecuencias más sensibles, al incidir directamente en derechos fundamentales.
Esa eventual modificación a la Constitución motivó la advertencia de Ramírez. En su lectura, cláusulas de ese tipo transforman la Carta Magna en un instrumento incapaz de operar como marco estable del debate público. El timonel gremialista comparó el escenario con lo ocurrido con la Constitución de 1925, que a su juicio perdió fuerza ante la política contingente.
REACCIONES DENTRO DEL OFICIALISMO
Las palabras de Ramírez no dejaron indiferente a su propio sector. La diputada gremialista Constanza Hube condenó la filtración del borrador y aseguró que la agenda de seguridad no debe anclarse a esa reforma constitucional. Precisó que no buscan refundar nada y que el gobierno todavía está trabajando el texto, por lo que apoyarán cambios acotados y quirúrgicos.
Hube también respondió a las críticas de la oposición. Sostuvo que resulta paradójico que quienes fueron guaripolas de un proceso constitucional que buscaba refundar el país hoy hablen de un tercer proceso constituyente. En su opinión, una reforma constitucional no equivale a un proceso constituyente.
El senador Iván Moreira intentó moderar la controversia. Planteó que no debería generarse una polémica sin conocer el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en materia de seguridad. Eso sí, reconoció que un gobierno que recibe un país donde el crimen organizado y la delincuencia sobrepasan al Estado debe hacer algo. Llamó a esperar el envío del proyecto definitivo y a revisar, dialogar y mejorar la iniciativa.
El diputado Mauro Gonzáles, de Renovación Nacional, también cuestionó los dichos de Ramírez, aunque sin nombrarlo. Dijo que las observaciones a la agenda de seguridad deben hacerse de manera interna y que no se puede abrir un flanco que dañe una agenda tan importante para el país. Recordó que existe un diálogo prelegislativo permanente para mejorar las iniciativas antes de su ingreso al Congreso.
Desde republicanos, el diputado Stephan Schubert defendió al Ejecutivo. Afirmó que el Gobierno no pretende vulnerar normas, sino entregar herramientas indispensables para que el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico retrocedan. Llamó al oficialismo y a la oposición a revisar con transparencia y profundidad los proyectos de ley de seguridad presentados.
El senador Matías Walker, en tanto, respaldó la lectura de Ramírez. Señaló que establecer excepciones a derechos constitucionales como la prohibición de discriminaciones arbitrarias y la protección de la esencia de los derechos, en la propia Constitución, genera un precedente nefasto. Sus palabras tuvieron especial relevancia porque protagonizó un cruce previo con el timonel republicano Arturo Squella.
CUESTIONAMIENTOS DESDE LA OPOSICIÓN
Desde la vereda opositora, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que, más allá del interés compartido por avanzar en seguridad, la reforma es una mala idea, incluso para el oficialismo. Dijo que la agenda de seguridad partió con tropiezos y que el instrumento elegido no sirve para el combate contra el delito. A su juicio, el gobierno debe corregir el rumbo para no volver a poner a prueba su credibilidad.
El senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, fue más categórico. Calificó el borrador como una locura y sostuvo que sectores del propio oficialismo se habían restado de la iniciativa. En su opinión, el rechazo a estas reformas constitucionales se ha transformado en un tercer nuevo proceso constituyente, esta vez completamente pasado la raya. Añadió que el gobierno debería retirar la propuesta y continuar por la vía institucional, con buen debate y sin reformas constitucionales alarmantes.
La controversia dejó en evidencia que la agenda de seguridad, pese a ser uno de los ejes centrales del gobierno, aún no logra consolidar consensos ni siquiera entre las fuerzas que integran la coalición oficialista. La advertencia de Ramírez marca un antecedente relevante para el trámite legislativo que se avecina.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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